Por Oscar D. Ballinas Lezama
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, AMLO
Años Tormentosos
La circo encuesta nacional que llevará a cabo el INE con la finalidad de preguntarle al pueblo bueno y sabio de México, si está conforme en que se investigue a ex funcionarios del gobierno y algunos de los expresidentes de la República Mexicana le costará muchos millones de pesos a los generadores de impuestos y legalmente nadie cree que con ello, les vaya a tocar un pelo a los ex inquilinos de los Pinos.
Para nadie es secreto que, a poco más de dos años de la administración de la Cuarta Transformación, el Palacio Nacional ha sido convertido en una especie de foro para distraer la atención de la ciudadanía, ante los problemas torales que se están sufriendo, principalmente el sanitario que provoca la pandemia del Coronavirus, la hambruna que nace por la falta de empleos que genera circulante económico, así como la inseguridad que también está generando miles de muertes todos los días.
Preguntarle a la ciudadanía si se aplica o no la ley en contra de quienes supuestamente la infringieron, según afirmación de algunos abogados postulantes, es una acción que se sale del contexto legal, poniendo en entredicho la aplicación de la justicia, que desde esa óptica, demuestra que es selectiva y demuestra que no todos los coludos resultan rabones; es incongruente que la ley dependa ahora de la opinión ciudadana, afirman los expertos en leyes.
Si el gobierno federal tiene pruebas suficientes para juzgar y castigar a los exfuncionarios y ex presidentes de la república, por algún delito cometido en agravio de la sociedad mexicana, deberían iniciarse los juicios jurídicos necesarios sin preguntarle a la gente si aplican o no la ley.
Realizar la consulta ciudadana para este circo mediático está generando a los mexicanos, muchos millones de pesos en propaganda y estructura electoral, dinero que bien podría servir para comprar los medicamentos que le urgen a los niños con cáncer, esto, como botón de muestra sobre el dinero que se está derrochando en un evento distractor.
Esta nueva ocurrencia del inquilino del Palacio Nacional, trata de ser otra de las cortinas que buscan tapar las más de 26 muertes y daños por millones de pesos provocados por el colapso de la ruta 12 del metro en la Ciudad de México; lo mismo sucede con el ‘enjuiciamiento’ a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien fue detenido en el extranjero y enviado al suelo azteca con la promesa que recibiría el castigo ejemplar de la mano dura de la ley mexicana.
Lo mismo sucedió con el general Cienfuegos, quien al ser rescatado por el gobierno federal de México desapareció y se ignora hasta ahora su paradero y su suerte jurídica al ser exonerado de todos sus presuntos delitos.
Voceros del gobierno de los Estados Unidos afirmaron que habían detenido al militar por diversos cargos graves, sin embargo, tardaron más en aprehenderlo que el general en salir de la cárcel, que fue traído por el gobierno mexicano bajo la promesa que se haría justicia.
En otras de las pistas del circo mediático, cuya carpa principal está en el corazón de la urbe de hierro, se busca montar la obra ‘caminito de la escuela’ en donde el gobierno federal quiere seguir jalándole la cola al tigre, autorizando las clases presenciales en el próximo mes de agosto, cuando la pandemia está en todo su apogeo y los hospitales ya se están saturando nuevamente, ahora con las variantes del Covid-19, que es más contagioso y mortal.
En otros temas, padres de familia de la federal número uno denuncian que a pesar de la pandemia y la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de ya no cobrar las inscripciones, en esos centros educativos les siguen cobrando altas tarifas para permitir que sus hijos sigan estudiando.
“Son tiempos donde es casi una misión imposible sostener en las escuelas a nuestros hijos, no hay trabajo y tenemos encima una endemoniada, lo que convierte en un acto deshumanizado que se nos cobren altas sumas de dinero por inscripciones, sobre todo porque ahora las clases son a distancia”, afirmaron los inconformes.
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, punteando la lista de infectados y muertos por Covid-19, el pueblo en su mayoría desatiende las medidas sanitarias preventivas, argumentando que nadie está obligado a vacunarse, según lo dijo públicamente el Presidente de la República.
