Y las ONG Dudan de López Obrador

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Gloria Leticia Díaz

Una investigación exhaustiva, máxima transparencia y garantías de no repetición son algunas exigencias de las organizaciones civiles para el Estado mexicano tras las revelaciones hechas por la iniciativa internacional Pegasus Project, sobre el espionaje masivo ejecutado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
En entrevistas por separado, representantes de Amnistía Internacional, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) explican los pasos a seguir en México en los terrenos legal y legislativo, y hablan de las respuestas esperadas por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien fue en su momento blanco de la vigilancia ilegal.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, una de las organizaciones que coordinó el proyecto de investigación en la que participó Proceso, Edith Olivares Ferreto considera que, tras “el escándalo internacional” de que 50 mil teléfonos habrían sido blanco de espionaje, 15 mil de ellos en nuestro país, los ciudadanos deben exigir a la Presidencia de la República transparencia total sobre los contratos entre el Gobierno y NSO Group, empresa israelí distribuidora del programa espía Pegasus.
Al Congreso de la Unión, continúa, se le debe pedir que legisle para evitar que estos hechos se repitan.
Ante las declaraciones del presidente López Obrador, sobre que su Gobierno no espía, Olivares Ferreto expone la manera de demostrarlo: “Haciendo público el contrato, ver el cierre del contrato, qué decía ese contrato, por qué la empresa NSO ha dicho que sólo vendía el programa para gobiernos y para vigilancia de terrorismo”.
Olivares Ferreto anunció que Amnistía Internacional solicitará reuniones con legisladores; dice que la iniciativa internacional Pegasus Project evidenció que “requerimos un marco legislativo que nos asegure que esto no se repita, que no se utilicen estas herramientas de cibervigilancia para objetivos políticos, sino para los objetivos para los que fueron creados, para el combate al terrorismo y crimen organizado, en un contexto de legalidad”.
Con ocho periodistas representados ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el entramado de Pegasus, desde 2017, Artículo 19 confía en que esa denuncia se fortalezca tras las nuevas revelaciones.
“La idea de que la propia experiencia mexicana, que lleva cuatro años de investigación, pueda servir a nivel internacional y viceversa, puede ser un juego de doble vía; si se van a sumar fiscalías de otros países, es muy importante ese intercambio de información”, considera Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica.
“Esto llama mucho la atención si le sumas la protección que Israel ha dado a Tomás Zerón”, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, responsable de la adquisición del software espía, acusado de tortura en el caso Ayotzinapa y de construir la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Destaca que en el plano internacional RSF ha pedido “una moratoria contra este programa mientras se realiza una investigación sobre su uso”, y recuerda que desde 2017, tras las revelaciones en México, su organización colocó a NSO Group en la lista de los “depredadores digitales”.
Para la corresponsal de RSF aún quedan dudas por aclarar en torno a Pegasus; afirma que el gobierno de López Obrador está obligado a responder por qué ese tipo de programas de vigilancia “no son operados por la Presidencia, sino que han sido usados y adquiridos por distintas instancias, desde la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina”, no sólo el desaparecido Cisen, sustituido ahora por el Centro Nacional de Inteligencia.
“Si ya no se está espiando a nadie, ¿dónde están esos contratos? ¿Dónde están esas redes? ¿Dónde están esos equipos? ¿Quién los resguarda? ¿Quién nos asegura que no se están usando? El personal que trabajaba en el Cisen… ¿desapareció o simplemente pasó a formar parte de otra dependencia?
“Falta transparencia, certeza sobre esto; la primera interrogante es si realmente se va a ir a fondo en las investigaciones; ese es el papel fundamental de la FGR. ¿Hasta dónde el gobierno está dispuesto a transparentar todos estos programas espías?”, cuestiona Flores. Apro