Judicializar el Espionaje Ilegal del Estado

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Ricardo Raphael

La resignación sería la peor de las respuestas frente al espionaje. Quienes ejercemos el periodismo, la defensa de los derechos humanos o el oficio político, en principio no participamos dentro de las redes dedicadas al terrorismo, el secuestro o la pedofilia.
Y, sin embargo, funcionarios públicos concretos, con responsabilidades presumiblemente acotadas y mandatos derivados de un supuesto orden legal, se tomaron la libertad de confundir actividades diametralmente disímbolas.
Este es el principal hallazgo de una investigación publicada por Proceso y Aristegui Noticias.
Nos volvieron objetivos de un ataque cibernético contra la intimidad, vida privada y libertad a partir de argumentos tergiversados. Nos hicieron pasar por amenaza contra la sociedad para justificar su abuso. Esta es la principal arbitrariedad cometida por quienes ordenaron infectar con el software Pegasus a una lista larga de personas, en todo el mundo.
Conceder con resignación significaría coincidir con sus argumentos. Peor aún, volvería cómplice a aquella persona que aceptara el espionaje de Estado como una consecuencia que viene con el cargo, un riesgo natural de la profesión, como los accidentes automovilísticos para los pilotos de carreras o las fracturas de pierna para las bailarinas de ballet.
Dejar pasar el escándalo que significa que el Gobierno mexicano haya infectado dispositivos celulares de 15 mil civiles, personas presuntamente dedicadas a actividades lícitas, también implicaría mantener la puerta abierta para que la intromisión continúe ocurriendo.
En mi caso tuve sospechas del espionaje prácticamente desde la misma fecha en que comenzó a ocurrir, a mediados del año 2017. Sin embargo, no logré confirmación plena hasta hace un par de meses cuando una reportera de Forbidden Stories llamó para entrevistarme sobre el tema.
Respondí inicialmente que no contaba con evidencia contundente que permitiera corroborar mis suposiciones. En revancha ella respondió que sí tenía pruebas relativas al ataque cibernético de que fui objeto.
De acuerdo con la investigación realizada por su organización, era posible identificar las fechas en que mi dispositivo celular había sido infiltrado y también la frecuencia y la intensidad de los ataques.
A partir de esa precisa pieza de información ambos recorrimos diversos trabajos periodísticos de mi autoría, publicados en fechas anteriores próximas a la ocurrencia de los actos de espionaje.
Este ejercicio de correlación simple, aunque imperfecto, permitió establecer una serie de hipótesis relativas a los temas que detonaron el apetito estatal por espiarme y también sobre las autoridades que habrían podido ordenar tales ataques.
De acuerdo con las fechas enumeradas por la periodista de Forbidden Stories, tres fueron los asuntos que pudieron haber colocado mi intimidad en situación vulnerable: 1) crítica al gobierno por proponer la desaparición de la representación proporcional, 2) investigaciones relativas al impuesto contra bebidas edulcorantes, y 3) varios reportajes sobre el caso Ayotzinapa y la desaparición de los 43 normalistas.
El primer tema lo incluimos, no sólo porque tal crítica sucedió en fechas coincidentes con el aumento de los ataques, sino también porque en esa misma época -por presiones del Gobierno de Enrique Peña Nieto- fui despedido de Enfoque Noticias, emisión radiofónica matutina para la que trabajé durante 20 años.
El espionaje sobre las personas que estuvimos involucradas en la investigación sobre el caso Ayotzinapa está mejor documentado. Los dispositivos de Mario Patrón o Santiago Aguirre, directivos del Centro ProDH, así como de algunos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, fueron entre los primeros intervenidos por el virus espía.
No basta, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, con un cambio de mentalidad: se requiere una investigación a fondo que encuentre las verdaderas razones y a los responsables últimos. Más que todo, es imperativo cerrarle la puerta al daño que pudieran sufrir las futuras víctimas del espionaje gubernamental. Apro