El Doble Rasero de la Política Migratoria

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Mathieu Tourliere

En las últimas dos semanas la política de protección internacional de México exhibió su doble rasero: mientras el Gobierno Federal ofrecía la bienvenida a los 391 nacionales de Afganistán que llegaron al país con visas humanitarias, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y soldados de la Guardia Nacional (GN) reprimían con insultos y violencia a cientos de personas centroamericanas, haitianas, venezolanas y de otras nacionalidades que salieron en distintas caravanas en Chiapas.
Así, a la par de que medios internacionales y nacionales celebraban la llegada de los refugiados afganos sanos y salvos a este país, organizaciones de la sociedad civil y agencias de la ONU condenaban las agresiones contra los migrantes, algunos con bebés en brazos, y exigían el cese a la violación de los derechos humanos y del derecho a la protección internacional de las personas migrantes en el sureste.
El Canciller, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó el control de la política migratoria en Septiembre de 2019, planteó su intención de “dejar en claro la diferencia entre los migrantes económicos y las personas que buscan refugio y asilo”, sugiriendo que los afganos huyen por sus vidas mientras que las personas de Honduras abandonan su país por razones económicas.
Según Felipe Vargas, director del Servicio Jesuita a Refugiados en México, no existe esta dicotomía, ni en la realidad ni en el marco legal de México: “La diferencia que existe entre una persona refugiada de Afganistán con una persona de Honduras, de facto es ninguna”, sostiene el hombre en entrevista.
Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras, abunda en ese sentido: “Pensar que toda la migración que viene del sur viene sólo por razones económicas es verlo de una manera muy simplista; a lo mejor si le pregunta uno a alguien, dice que es para buscar una vida mejor, pero preguntando un poco más te va a decir que secuestraron a su hermano, que una pandilla quería llevar a su hija o que el gobierno lo está persiguiendo”.
En entrevista con Proceso insiste: “Es muy importante no caer en estas prácticas de discriminación institucional por parte del INM o de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Y recuerda que el titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, afirmó un día que deportaría a las personas “hasta la India, hasta Camerún o hasta África”, y abundó: “Así sean de Marte”.
“Cuidados Discursivos”.
Además de la labor de contención, en las últimas semanas resurgió el tema del programa Quédate en México, también conocido como Protocolos de Protección a Migrantes, una medida que el equipo de Ebrard y el de Trump negociaron en secreto en Washington durante el periodo de transición, que fue aplicado apenas tres semanas después de la toma de posesión de López Obrador.
Expulsiones Masivas.
Aparte de Quédate en México hay otro candado en la frontera norte, que la hace todavía más hermética para quienes aspiran a pedir protección: el 20 de Marzo de 2020, después de declarar la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, la administración de Trump implementó una nueva modalidad de devolución sistemática de personas a México, invocando el llamado Título 42, sin siquiera iniciar trámites para analizar las solicitudes de refugio de quienes llegan a su frontera.
Ante la situación catastrófica en el norte del país, los Gobiernos de Biden y López Obrador implementaron una nueva modalidad, denunciada de nuevo por organizaciones de la sociedad civil y las agencias de la ONU en el país: las autoridades trasladan ahora a solicitantes de asilo hacia municipios del sur de México -Tapachula o Villahermosa-; ahí, narra Vargas, agentes del INM y soldados de la GN los custodian hasta el municipio de Guatemala más cercano y los abandonan a su suerte, en la tarde o noche. Apro