La entrega de contratos directos a diversas instituciones de salud para la atención a la emergencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, generó posibles daños al erario por 2 mil 728 millones 575 mil 500 Pesos duran el año 2020.
Así lo reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, del que se deprenden 20 auditorías al Sector Salud, con irregularidades en la compra de equipo y material hospitalario para la pandemia, por parte de instituciones como el IMSS, ISSSTE, INSABI, Sedena Y Semar, principalmente.
Al revisar los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar ejercidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que permitió contratar a personal médico y paramédico, así como la compra de insumos (ventiladores, batas, pruebas, etc.), la ASF se observó que 650 ventiladores, con un costo de 920.4 millones de Pesos, no fueron entregados, los cuales debían haberse suministrado antes del 30 de Abril de 2020, motivo por el cual el INSABI contrató a un despacho para iniciar acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor.
Asimismo, el ente no acreditó la entrega de un millón 50 mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de Pesos, y está pendiente la aclaración respecto de los pagos efectuados por 1,600.3 millones más para la compra de 2 mil 250 ventiladores, debido a que no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de su adquisición, recepción y distribución a las unidades médicas.
En la Delegación del ISSSTE el Estado de México, se comprobaron irregularidades por 86.6 millones de Pesos en la adquisición de ventiladores «adulto pediátrico-neonatales», al corroborar pagos indebidos, y omitió aplicar penas convencionales por el atraso en la entrega de otros 47 equipos; el Centro Médico Nacional «20 de Noviembre» devolvió al almacén central 15 ventiladores debido a que presentaron fallas, sin que se haya solicitado al proveedor la sustitución; mientras que también se comprobó que ISSSTE pagó por 10 ventiladores que ya habían sido pagados previamente.
En otra de las auditorías, se revisaron los recursos ejercidos por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) correspondientes a los pagos anticipados para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Al respecto, se determinaron deficiencias en el control y supervisión de la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de vacunas, entre las cuales se observó que «no se contó con la totalidad de la información respecto de la recepción en territorio nacional de las dosis de la vacuna marca AstraZeneca».
En lo relativo al almacenamiento de las vacunas, se observaron diferencias en el registro del número de dosis de las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología, responsable de resguardar las dosis de la vacuna marca Pfizer. Respecto de las vacunas marca AstraZeneca, se determinaron diferencias en la cantidad de dosis y el número de lotes, como resultado de la comparación de la información proporcionada por el CENSIA contra la de otras entidades participantes. Adicionalmente, se determinó que el ente no dio el seguimiento esperado a las acciones de transporte y destino de las vacunas marca AstraZeneca.
De las 20 auditorías al Sector Salud, se emitieron 215 sanciones, de las cuales 60 fueron Recomendaciones (R), 83 Recomendaciones de Desempeño (RD), seis fueron Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), 3 Solicitudes de Aclaración (SA), 50 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), así como 13 Pliegos de Observaciones (PO). Sun
