Inder Bugarin
Bruselas.- Las sanciones impuestas por las potencias occidentales a Rusia por la invasión a Ucrania podrían hacer aún más lucrativo el robo de combustible en México, alerta en una investigación el International Crisis Group (ICG).
La organización especializada en la prevención y solución de «conflictos graves» asegura que si bien el gobierno mexicano logró reducir el volumen de combustible robado con sus acciones al arranque del sexenio, los anuncios de una rápida victoria parecen apresurados. La cantidad de robos disminuyó de 14 mil 910 casos en 2018 a 10 mil 571 en 2020, pero en 2021 volvió a repuntar llegando a 11 mil 37, el tercer registro más alto después de los picos de 2018 y 2019.
«El aumento en los precios del combustible como resultado de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania disparará la rentabilidad del robo de gasolina y, por lo tanto, la presión sobre las fuerzas del orden», advierte el texto.
El informe Cómo enfrentar un problema de combustible: huachicoleo y violencia en México, sostiene que el combate a este fenómeno por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por una serie de fallas estratégicas.
La protección militar resultó en un recurso provisional más que una solución a largo plazo, dado que el Ejército no tiene la capacidad de proteger con eficacia 54 mil kilómetros de oleoductos, de los cuales 13 mil están clasificados como «problemáticos» y 6 mil como «críticos». «Lo que nos ha pasado una y otra vez es que, cuando logramos controlar un área determinada y el crimen ha disminuido, tenemos que dejarlo todo para ir tras el próximo incendio como los bomberos… lo que permite que el anterior vuelva a encenderse», dijo un comandante al ICG.
Igualmente el gobierno se ha equivocado en aplicar los métodos tradicionales de la guerra contra las drogas en el robo de combustible. Los grupos criminales involucrados en este rubro delictivo se han diversificado y aumentado considerablemente en los municipios con oleoductos desde 2017, «cuando la eliminación de los subsidios disparó el precio de los combustibles». Ese año, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amplió sus operaciones de huachicoleo y consolidó su control sobre ciertas zonas de oleoductos, en particular en Puebla y Veracruz. El Cártel Santa Rosa de Lima, dedicado sobre todo al robo de combustible, recrudeció su conflicto con CJNG en Guanajuato ese mismo año.
Actualmente las organizaciones originales de los Zetas y el Cártel del Golfo se han desintegrado, pero facciones que incluyen a Sangre Nueva Zeta y Grupo Sombra siguen activas en el huachicoleo en Veracruz.
También participan en el «negocio» bandas de huachicoleros más pequeñas, «que a veces se alinean con las principales organizaciones criminales y otras se vuelven lo suficientemente poderosas como para entrar en conflicto con otros grupos, creando nuevos ejes de conflicto violento».
El método aplicado por la autoridad, igualmente ha sido ineficiente para revertir las altas tasas de homicidios en los municipios con presencia de oleoductos. «La evidencia sugiere que el robo de combustible sigue siendo importante fuente de ingresos ilícitos y un motor de la violencia en estados como Guanajuato y Puebla».
El documento del ICG, grupo con sede en Bruselas y cuyos informes son considerados por instancias como Naciones Unidas para el desarrollo de políticas, sostiene que el huachicoleo es una importante fuente de ingresos para varias bandas criminales y una actividad atractiva debido a que «hay menos riesgo» en comparación con el narcotráfico. Tiene lugar a través de tres métodos principales: la ordeña de ductos, a menudo en colaboración con empleados de Pemex; el asalto a refinerías para el secuestro de tanques y la introducción de sistemas para desviar el combustible a redes secundarias clandestinas.
«Aunque la política de seguridad de López Obrador ha tenido cierto éxito en combatir el robo de combustible, vigilando segmentos clave de oleoductos y valiéndose de otros tipos de transporte, las medidas tomadas pueden ser difíciles de mantener a largo plazo». Sostiene que se requiere abordar la corrupción, reducir la impunidad y poner en marcha planes de desarrollo social focalizados. Una iniciativa que podría funcionar es inyectar recursos para que las autoridades investiguen y procesen casos relacionados con el robo de combustible y la corrupción al interior de Pemex. Sun
