Mathieu Tourliere
Las sanciones que el bloque de países occidentales impuso a altos funcionarios y oligarcas cercanos al presidente ruso Vladimir Putin en respuesta a la invasión militar contra Ucrania enfrentan un reto mayor: desde hace años, la élite política y económica de ese país esconde sus cuentas bancarias, departamentos y yates detrás de compañías de papel instaladas en jurisdicciones offshore y paraísos fiscales.
Al menos 4 mil 400 ciudadanos rusos, incluyendo a 42 multimillonarios cuyas fortunas representan el 15% del PIB de ese país, han contratado a uno de los 14 proveedores de servicios offshore cuyos archivos internos fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y dieron pie a la investigación global Pandora Papers, en la que participó Proceso.
Por lo menos 11 de los multimillonarios rusos que aparecen en los 11.9 millones de documentos de Pandora Papers fueron sancionados recientemente, en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, según reportajes inéditos que el ICIJ publica hoy.
Muchos de los magnates rusos construyeron sus fortunas con el colapso de la Unión Soviética -que desembocó en la privatización de las empresas públicas y el auge descontrolado de la economía de mercado- y las hicieron crecer durante la era de Putin en el poder, desde el año 2000. Los oligarcas han usado el sistema offshore -y sus intermediarios occidentales- para comprar yates, jets privados y mansiones en el globo, y para proteger sus fortunas.
El Magnate del Oro.
Ese fue el caso del oligarca Suleiman Kerimov, un magnate del oro quien se hizo de inversiones en los sectores de la energía y las finanzas en los años 90 y ganó un enorme poder político a la sombra del presidente Putin. El ICIJ reveló que, a través de un operador financiero suizo y sociedades offshore en las Islas Vírgenes y las islas Caimán, el magnate movió cerca de 700 millones de Dólares, burlando los sistemas de alertas del banco estadunidense BNY Mellon.
La organización periodística documentó cómo la firma de consultoría PriceWaterhouseCoopers (PWC), una de las “Big Four” de su sector, ayudó al magnate del hierro Alexei Mordashov, presidente de la empresa Severstal, a armar una estructura offshore de más de 65 entidades de papel en las Islas Vírgenes Británicas y otras jurisdicciones secretas, para el beneficio de su multimillonario cliente.
A través de su red offshore, y con la complicidad de PWC, Mordashov -también sujeto a sanciones desde el pasado 24 de febrero- invirtió en empresas europeas y movió recursos hacia algunos de los personajes más cercanos a Putin, incluyendo a su compadre Sergey Roldugin.
Además de PWC, el ICIJ reportó el papel central que juegan los banqueros, contadores y abogados europeos en los esquemas offshore de los oligarcas rusos, que permitieron a Arkady Rotenberg -compañero de Judo de Putin- comprar su jet privado, que Gennady Timochenko adquiriera su yate de 18 millones de Dólares, o que Alexander Ponomarenko se hiciera de un jet de 44.5 millones de Dólares.
Vida de Lujo en Londres y Chipre.
En sus reportajes publicados hoy, el ICIJ reveló cómo ocho ejecutivos de cinco de las principales instituciones financieras rusas, Sberbank, Alfa Bank, VTB, Gazprombank y VEB, abrieron compañías offshore para esconder al menos 2 mil millones de dólares y comprar propiedades de lujo en Londres o Chipre.
Londres no es casualidad: según la organización Transparency International, más de 700 ricos ciudadanos rusos han conseguido la nacionalidad británica entre 2008 y 2015, en un programa gubernamental que permitía la obtención de la nacionalidad a cambio de inversiones en el sector inmobiliario.
Lo mismo sucedió en Chipre, cuyo gobierno puso en marcha un programa conocido como “visa dorada”, a través del cual inversionistas extranjeros adquirieron la ciudadanía de ese país miembro de la Unión Europea, abriéndose las puertas de todos los Estados de la zona. La firma PWC realizó los trámites para 217 personas, según ICIJ.
Las sanciones que los países occidentales han impuesto desde el pasado 24 de febrero representan en realidad la tercera ola de acciones dirigidas contra la élite política y económica de Rusia: la primera ocurrió en 2014, con la anexión de Crimea, la segunda en 2016, tras una serie de ataques cibernéticos en medio de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las cuales triunfó Donald Trump, un admirador de Putin. Apro
