sábado, octubre 1, 2022
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GN: no es la Constitución Sino
el 2024; y los Narcos…, Felices
Carlos Ramírez

El debate sobre la decisión presidencial de incorporar a la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional se dio, de manera paradójica, en el escenario de uno más de los incidentes de confrontación del crimen organizado contra la autoridad del Estado. Y si bien los narcos fueron reactivos, su capacidad logística demostró estar por encima de cualquier corporación con reglas policiacas y que solo podrán ser encarados a través estructuras de seguridad militar.
Los opositores a la decisión presidencial olvidan que la Guardia Nacional funciona dentro de las reglas de capacitación y control militar para evitar la capacidad corruptora del crimen organizado que se conoce a la perfección en las estructuras de seguridad gubernamentales. Y en estos años, la GN ha sido cumplidora de manera escrupulosa de las reglas civiles de operación, creando el escenario también paradójico de que la sociedad está exigiendo que ese cuerpo de seguridad pase acciones más directas en el ejercicio de su capacidad de fuego para contener el avance criminal.
Lo ocurrido en el Bajío exhibe con claridad la crisis de seguridad que afecta al país por el incremento de las reglas y condiciones civiles para la operación policiaca, al grado de que cárteles del crimen organizado no solo tienen el control de espacios territoriales de la soberanía del Estado, sino que cuentan con la complicidad de sectores sociales dependientes de los recursos corruptores delictivos, ante la incapacidad del Estado y los agentes productivos de generar actividad económica con derrama de beneficios sociales y los millones de Dólares regados por las bandas criminales para comprar lealtad social.
El debate sobre el realineamiento de la GN debiera debe aceptar con claridad el escenario de la captura criminal de sectores territoriales del Estado, de instituciones públicas, de funcionarios de las diferentes áreas de funcionamiento local, de las estructuras policiacas estatales que no han podido ser modernizadas y, de manera sobresaliente, de la victoria conceptual del crimen organizado en el discurso social y de acotamiento de las actividades públicas.
La argumentación opositora al reacomodo de la Guardia está desgastándose en acusaciones que rayan en el absurdo: un golpe de Estado, la permanencia presidencial en el poder, la dictadura, un fascismo autoritario sin poder económico y el regreso al estatismo absoluto que en el pasado aprovechó la falta de controles sociales para beneficiarse del poder.
La capacidad organizativa y logística del crimen organizado, como lo alertó ayer el especialista Juan Manuel Aguilar Antonio en El Independiente, es el punto central del debate sobre la reorganización de las estructuras de seguridad del Estado. Mientras se le quieren amarrar las manos al Gobierno y arrinconan a sus funcionarios con acusaciones de endurecimiento autoritario inexistentes, el crimen organizado aprovecha los espacios y el tiempo para modernizarse, expandirse y tomar el control de áreas delictivas atomizadas como las extorsiones, la venta de protección y los secuestros.
La Guardia Nacional ha gastado más tiempo en eludir las acusaciones sobre presuntas posibilidades de desviación de sus funciones y ha ido perdiendo la batalla de la narrativa frente a una sociedad aliada al crimen organizado, como se ha visto en zonas del interior de la República donde las fuerzas de seguridad son atacadas, agredidas y desactivadas, a fin de que las reglas criminales sean las que funcionen en la vida cotidiana.
El gran debate de seguridad radica en la construcción de programas que le exijan -ahí sí- mayor actividad operativa la Guardia Nacional contra las bandas criminales y en la reforma pendiente de toda la estructura de seguridad y justicia que fue prometida en Agosto de 2008 con plazos perentorios de modernización y tirada a la basura un año después por la incapacidad del Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa para cumplir los objetivos, por -ahora se sabe- la penetración del crimen organizado en las estructuras policiacas y de seguridad pública.
La sociedad se va a desgastar y a perder la oportunidad de replantear y relanzar a la Guardia Nacional, agotando el debate en si se queda en el seno de una Secretaría de Seguridad y protección ciudadana que se va a refundar o pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional por razones de seguridad interior. La gran victoria opositora será bloquear está reorganización, pero no reactivar el objetivo de la Guardia de combatir la inseguridad.
Política Para Dummies: la política muchas veces deriva en antipolítica.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
[email protected]

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Los opositores a la decisión presidencial olvidan que la Guardia Nacional funciona dentro de las reglas de capacitación y control militar para evitar la capacidad corruptora del crimen organizado que se conoce a la perfección en las estructuras de seguridad gubernamentales. Y en estos años, la GN ha sido cumplidora de manera escrupulosa de las reglas civiles de operación, creando el escenario también paradójico de que la sociedad está exigiendo que ese cuerpo de seguridad pase acciones más directas en el ejercicio de su capacidad de fuego para contener el avance criminal.
Lo ocurrido en el Bajío exhibe con claridad la crisis de seguridad que afecta al país por el incremento de las reglas y condiciones civiles para la operación policiaca, al grado de que cárteles del crimen organizado no solo tienen el control de espacios territoriales de la soberanía del Estado, sino que cuentan con la complicidad de sectores sociales dependientes de los recursos corruptores delictivos, ante la incapacidad del Estado y los agentes productivos de generar actividad económica con derrama de beneficios sociales y los millones de Dólares regados por las bandas criminales para comprar lealtad social.
El debate sobre el realineamiento de la GN debiera debe aceptar con claridad el escenario de la captura criminal de sectores territoriales del Estado, de instituciones públicas, de funcionarios de las diferentes áreas de funcionamiento local, de las estructuras policiacas estatales que no han podido ser modernizadas y, de manera sobresaliente, de la victoria conceptual del crimen organizado en el discurso social y de acotamiento de las actividades públicas.
La argumentación opositora al reacomodo de la Guardia está desgastándose en acusaciones que rayan en el absurdo: un golpe de Estado, la permanencia presidencial en el poder, la dictadura, un fascismo autoritario sin poder económico y el regreso al estatismo absoluto que en el pasado aprovechó la falta de controles sociales para beneficiarse del poder.
La capacidad organizativa y logística del crimen organizado, como lo alertó ayer el especialista Juan Manuel Aguilar Antonio en El Independiente, es el punto central del debate sobre la reorganización de las estructuras de seguridad del Estado. Mientras se le quieren amarrar las manos al Gobierno y arrinconan a sus funcionarios con acusaciones de endurecimiento autoritario inexistentes, el crimen organizado aprovecha los espacios y el tiempo para modernizarse, expandirse y tomar el control de áreas delictivas atomizadas como las extorsiones, la venta de protección y los secuestros.
La Guardia Nacional ha gastado más tiempo en eludir las acusaciones sobre presuntas posibilidades de desviación de sus funciones y ha ido perdiendo la batalla de la narrativa frente a una sociedad aliada al crimen organizado, como se ha visto en zonas del interior de la República donde las fuerzas de seguridad son atacadas, agredidas y desactivadas, a fin de que las reglas criminales sean las que funcionen en la vida cotidiana.
El gran debate de seguridad radica en la construcción de programas que le exijan -ahí sí- mayor actividad operativa la Guardia Nacional contra las bandas criminales y en la reforma pendiente de toda la estructura de seguridad y justicia que fue prometida en Agosto de 2008 con plazos perentorios de modernización y tirada a la basura un año después por la incapacidad del Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa para cumplir los objetivos, por -ahora se sabe- la penetración del crimen organizado en las estructuras policiacas y de seguridad pública.
La sociedad se va a desgastar y a perder la oportunidad de replantear y relanzar a la Guardia Nacional, agotando el debate en si se queda en el seno de una Secretaría de Seguridad y protección ciudadana que se va a refundar o pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional por razones de seguridad interior. La gran victoria opositora será bloquear está reorganización, pero no reactivar el objetivo de la Guardia de combatir la inseguridad.
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Los opositores a la decisión presidencial olvidan que la Guardia Nacional funciona dentro de las reglas de capacitación y control militar para evitar la capacidad corruptora del crimen organizado que se conoce a la perfección en las estructuras de seguridad gubernamentales. Y en estos años, la GN ha sido cumplidora de manera escrupulosa de las reglas civiles de operación, creando el escenario también paradójico de que la sociedad está exigiendo que ese cuerpo de seguridad pase acciones más directas en el ejercicio de su capacidad de fuego para contener el avance criminal.
Lo ocurrido en el Bajío exhibe con claridad la crisis de seguridad que afecta al país por el incremento de las reglas y condiciones civiles para la operación policiaca, al grado de que cárteles del crimen organizado no solo tienen el control de espacios territoriales de la soberanía del Estado, sino que cuentan con la complicidad de sectores sociales dependientes de los recursos corruptores delictivos, ante la incapacidad del Estado y los agentes productivos de generar actividad económica con derrama de beneficios sociales y los millones de Dólares regados por las bandas criminales para comprar lealtad social.
El debate sobre el realineamiento de la GN debiera debe aceptar con claridad el escenario de la captura criminal de sectores territoriales del Estado, de instituciones públicas, de funcionarios de las diferentes áreas de funcionamiento local, de las estructuras policiacas estatales que no han podido ser modernizadas y, de manera sobresaliente, de la victoria conceptual del crimen organizado en el discurso social y de acotamiento de las actividades públicas.
La argumentación opositora al reacomodo de la Guardia está desgastándose en acusaciones que rayan en el absurdo: un golpe de Estado, la permanencia presidencial en el poder, la dictadura, un fascismo autoritario sin poder económico y el regreso al estatismo absoluto que en el pasado aprovechó la falta de controles sociales para beneficiarse del poder.
La capacidad organizativa y logística del crimen organizado, como lo alertó ayer el especialista Juan Manuel Aguilar Antonio en El Independiente, es el punto central del debate sobre la reorganización de las estructuras de seguridad del Estado. Mientras se le quieren amarrar las manos al Gobierno y arrinconan a sus funcionarios con acusaciones de endurecimiento autoritario inexistentes, el crimen organizado aprovecha los espacios y el tiempo para modernizarse, expandirse y tomar el control de áreas delictivas atomizadas como las extorsiones, la venta de protección y los secuestros.
La Guardia Nacional ha gastado más tiempo en eludir las acusaciones sobre presuntas posibilidades de desviación de sus funciones y ha ido perdiendo la batalla de la narrativa frente a una sociedad aliada al crimen organizado, como se ha visto en zonas del interior de la República donde las fuerzas de seguridad son atacadas, agredidas y desactivadas, a fin de que las reglas criminales sean las que funcionen en la vida cotidiana.
El gran debate de seguridad radica en la construcción de programas que le exijan -ahí sí- mayor actividad operativa la Guardia Nacional contra las bandas criminales y en la reforma pendiente de toda la estructura de seguridad y justicia que fue prometida en Agosto de 2008 con plazos perentorios de modernización y tirada a la basura un año después por la incapacidad del Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa para cumplir los objetivos, por -ahora se sabe- la penetración del crimen organizado en las estructuras policiacas y de seguridad pública.
La sociedad se va a desgastar y a perder la oportunidad de replantear y relanzar a la Guardia Nacional, agotando el debate en si se queda en el seno de una Secretaría de Seguridad y protección ciudadana que se va a refundar o pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional por razones de seguridad interior. La gran victoria opositora será bloquear está reorganización, pero no reactivar el objetivo de la Guardia de combatir la inseguridad.
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