viernes, octubre 7, 2022
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INDICADOR POLÍTICO

Usan a los Militares, Pero les
Siguen Negando Marco Jurídico

Por Carlos Ramírez

A pesar de que las Fuerzas Armadas son utilizadas en labores de seguridad pública por severas crisis de seguridad interior desde los años ochenta, por segunda ocasión el poder legislativo bloquea la creación y formalización de un marco jurídico indispensable para regular esa participación.
En diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial la Ley de Seguridad Interior para regular la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por su derivación en la seguridad interior reconocida en la Constitución; sin embargo, presiones políticas y civiles condujeron a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la ley y se publicará su anulación en mayo de 2019.
En el 2018 y en el escenario de la creación de la Guardia Nacional, se incluyó el artículo Quinto transitorio que establecía una participación regulada de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública solo por cinco años, a la espera de la consolidación del nuevo cuerpo federal de seguridad, aunque con afirmaciones entonces de que una Guardia Nacional no podía estar al 100% de efectividad en cinco años y que se requerían como mínimo 15 años.
De manera formal, desde 2006 los militares comenzaron a insistir en su petición de crear un marco jurídico para su participación en seguridad pública-seguridad interior, pero en los hechos fueron lanzados como última línea de defensa del Estado contra el crimen organizado y el narcotráfico que estaban ocupando espacios territoriales e institucionales de la soberanía del Estado. La Ley de Seguridad Interior de 2017 formalizaba y regulaba esa participación con mucha precisión, sobre todo porque establecía la exigencia de que no se podía tomar la decisión cupular de desplazar fuerzas militares, sino que se requería un proceso legal y por escrito para fijar reglas y temporalidad.
La invalidación de la Ley de Seguridad Interior no afectó la responsabilidad militar en el apoyo a labores de seguridad pública, sobre todo porque es la hora en que los políticos y legisladores y grupos civiles se han negado a aceptar la doctrina militar-civil de la seguridad interior cuando los delitos dejan de afectar solo el patrimonio personal de los ciudadanos y generan condiciones sociales y territoriales que dificultan el funcionamiento económico, político, social y legal de la República.
Las Fuerzas Armadas no ingresaron a la seguridad pública como policías, sino como garantes de la seguridad interior ante la ocupación y captura territorial e institucional de partes del Estado por un crimen organizado que se ha fortalecido en los últimos años por la incapacidad de gobernantes, fuerzas policiacas y sectores de la sociedad civil para combatir a la delincuencia, con el reconocimiento por parte del Gobierno federal de que las fuerzas delictivas organizadas constituyen hoy un peligroso poder criminal cuasimilitar.
La votación del miércoles en el Senado mostró una aberración social y política: mientras la ciudadanía en general define un 80% de reconocimiento y apoyo a las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública, los representantes senatoriales de esos ciudadanos le negaron a las Fuerzas Armadas el marco jurídico necesario no para perpetuarse en las labores policíacas, sino para colaborar por cuatro años adicionales a los cinco originales y permitir que la Guardia Nacional se consolide y profesionalice como cuerpo autónomo de seguridad.
La decisión del Senado de no apoyar la minuta de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados para extender solo cuatro años el apoyo militar en seguridad pública-interior logrará que en el 2018 la Guardia Nacional aún en formación y profesionalización tenga que enfrentar a cárteles y bandas criminales que de manera paradójica se han fortalecido por el descuido o el apoyo de sectores civiles en toda la República. La alianza Fuerzas Armadas-Guardia Nacional logró someter a control a buena parte de los cárteles.
Los debates sobre el militarismo en el Senado olvidaron el marco de la seguridad del Estado y sobre todo ignoraron la existencia del modelo de seguridad interior que no es más que la caracterización de la violación de la soberanía y la independencia nacionales por grupos delictivos al interior de la República, y menos aún reconocieron que los cárteles del crimen organizado son un poder cuasimilitar que quiere desplazar al Estado como la autoridad única en la República.
Política para dummies: La política, decía Machiavelli, es el Estado.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
[email protected]
http://elindependiente.com.mx
@carlosramirezh
Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh

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A pesar de que las Fuerzas Armadas son utilizadas en labores de seguridad pública por severas crisis de seguridad interior desde los años ochenta, por segunda ocasión el poder legislativo bloquea la creación y formalización de un marco jurídico indispensable para regular esa participación.
En diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial la Ley de Seguridad Interior para regular la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por su derivación en la seguridad interior reconocida en la Constitución; sin embargo, presiones políticas y civiles condujeron a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la ley y se publicará su anulación en mayo de 2019.
En el 2018 y en el escenario de la creación de la Guardia Nacional, se incluyó el artículo Quinto transitorio que establecía una participación regulada de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública solo por cinco años, a la espera de la consolidación del nuevo cuerpo federal de seguridad, aunque con afirmaciones entonces de que una Guardia Nacional no podía estar al 100% de efectividad en cinco años y que se requerían como mínimo 15 años.
De manera formal, desde 2006 los militares comenzaron a insistir en su petición de crear un marco jurídico para su participación en seguridad pública-seguridad interior, pero en los hechos fueron lanzados como última línea de defensa del Estado contra el crimen organizado y el narcotráfico que estaban ocupando espacios territoriales e institucionales de la soberanía del Estado. La Ley de Seguridad Interior de 2017 formalizaba y regulaba esa participación con mucha precisión, sobre todo porque establecía la exigencia de que no se podía tomar la decisión cupular de desplazar fuerzas militares, sino que se requería un proceso legal y por escrito para fijar reglas y temporalidad.
La invalidación de la Ley de Seguridad Interior no afectó la responsabilidad militar en el apoyo a labores de seguridad pública, sobre todo porque es la hora en que los políticos y legisladores y grupos civiles se han negado a aceptar la doctrina militar-civil de la seguridad interior cuando los delitos dejan de afectar solo el patrimonio personal de los ciudadanos y generan condiciones sociales y territoriales que dificultan el funcionamiento económico, político, social y legal de la República.
Las Fuerzas Armadas no ingresaron a la seguridad pública como policías, sino como garantes de la seguridad interior ante la ocupación y captura territorial e institucional de partes del Estado por un crimen organizado que se ha fortalecido en los últimos años por la incapacidad de gobernantes, fuerzas policiacas y sectores de la sociedad civil para combatir a la delincuencia, con el reconocimiento por parte del Gobierno federal de que las fuerzas delictivas organizadas constituyen hoy un peligroso poder criminal cuasimilitar.
La votación del miércoles en el Senado mostró una aberración social y política: mientras la ciudadanía en general define un 80% de reconocimiento y apoyo a las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública, los representantes senatoriales de esos ciudadanos le negaron a las Fuerzas Armadas el marco jurídico necesario no para perpetuarse en las labores policíacas, sino para colaborar por cuatro años adicionales a los cinco originales y permitir que la Guardia Nacional se consolide y profesionalice como cuerpo autónomo de seguridad.
La decisión del Senado de no apoyar la minuta de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados para extender solo cuatro años el apoyo militar en seguridad pública-interior logrará que en el 2018 la Guardia Nacional aún en formación y profesionalización tenga que enfrentar a cárteles y bandas criminales que de manera paradójica se han fortalecido por el descuido o el apoyo de sectores civiles en toda la República. La alianza Fuerzas Armadas-Guardia Nacional logró someter a control a buena parte de los cárteles.
Los debates sobre el militarismo en el Senado olvidaron el marco de la seguridad del Estado y sobre todo ignoraron la existencia del modelo de seguridad interior que no es más que la caracterización de la violación de la soberanía y la independencia nacionales por grupos delictivos al interior de la República, y menos aún reconocieron que los cárteles del crimen organizado son un poder cuasimilitar que quiere desplazar al Estado como la autoridad única en la República.
Política para dummies: La política, decía Machiavelli, es el Estado.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
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A pesar de que las Fuerzas Armadas son utilizadas en labores de seguridad pública por severas crisis de seguridad interior desde los años ochenta, por segunda ocasión el poder legislativo bloquea la creación y formalización de un marco jurídico indispensable para regular esa participación.
En diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial la Ley de Seguridad Interior para regular la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por su derivación en la seguridad interior reconocida en la Constitución; sin embargo, presiones políticas y civiles condujeron a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la ley y se publicará su anulación en mayo de 2019.
En el 2018 y en el escenario de la creación de la Guardia Nacional, se incluyó el artículo Quinto transitorio que establecía una participación regulada de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública solo por cinco años, a la espera de la consolidación del nuevo cuerpo federal de seguridad, aunque con afirmaciones entonces de que una Guardia Nacional no podía estar al 100% de efectividad en cinco años y que se requerían como mínimo 15 años.
De manera formal, desde 2006 los militares comenzaron a insistir en su petición de crear un marco jurídico para su participación en seguridad pública-seguridad interior, pero en los hechos fueron lanzados como última línea de defensa del Estado contra el crimen organizado y el narcotráfico que estaban ocupando espacios territoriales e institucionales de la soberanía del Estado. La Ley de Seguridad Interior de 2017 formalizaba y regulaba esa participación con mucha precisión, sobre todo porque establecía la exigencia de que no se podía tomar la decisión cupular de desplazar fuerzas militares, sino que se requería un proceso legal y por escrito para fijar reglas y temporalidad.
La invalidación de la Ley de Seguridad Interior no afectó la responsabilidad militar en el apoyo a labores de seguridad pública, sobre todo porque es la hora en que los políticos y legisladores y grupos civiles se han negado a aceptar la doctrina militar-civil de la seguridad interior cuando los delitos dejan de afectar solo el patrimonio personal de los ciudadanos y generan condiciones sociales y territoriales que dificultan el funcionamiento económico, político, social y legal de la República.
Las Fuerzas Armadas no ingresaron a la seguridad pública como policías, sino como garantes de la seguridad interior ante la ocupación y captura territorial e institucional de partes del Estado por un crimen organizado que se ha fortalecido en los últimos años por la incapacidad de gobernantes, fuerzas policiacas y sectores de la sociedad civil para combatir a la delincuencia, con el reconocimiento por parte del Gobierno federal de que las fuerzas delictivas organizadas constituyen hoy un peligroso poder criminal cuasimilitar.
La votación del miércoles en el Senado mostró una aberración social y política: mientras la ciudadanía en general define un 80% de reconocimiento y apoyo a las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública, los representantes senatoriales de esos ciudadanos le negaron a las Fuerzas Armadas el marco jurídico necesario no para perpetuarse en las labores policíacas, sino para colaborar por cuatro años adicionales a los cinco originales y permitir que la Guardia Nacional se consolide y profesionalice como cuerpo autónomo de seguridad.
La decisión del Senado de no apoyar la minuta de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados para extender solo cuatro años el apoyo militar en seguridad pública-interior logrará que en el 2018 la Guardia Nacional aún en formación y profesionalización tenga que enfrentar a cárteles y bandas criminales que de manera paradójica se han fortalecido por el descuido o el apoyo de sectores civiles en toda la República. La alianza Fuerzas Armadas-Guardia Nacional logró someter a control a buena parte de los cárteles.
Los debates sobre el militarismo en el Senado olvidaron el marco de la seguridad del Estado y sobre todo ignoraron la existencia del modelo de seguridad interior que no es más que la caracterización de la violación de la soberanía y la independencia nacionales por grupos delictivos al interior de la República, y menos aún reconocieron que los cárteles del crimen organizado son un poder cuasimilitar que quiere desplazar al Estado como la autoridad única en la República.
Política para dummies: La política, decía Machiavelli, es el Estado.
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