José Meléndez, Corresponsal
En junio de 2020 y con 18 meses en el poder, el entonces presidente ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro, completó su plan de colocar en puestos federales clave a herederos de la dictadura militar que gobernó en Brasil de 1964 a 1985, y que exaltó las políticas racistas de Adolfo Hitler en un país que, en la década de 1930, tuvo al partido nazi con el mayor número de afiliados fuera de Alemania.
Con un proceso que iniciaron al asumir en enero de 2019, Bolsonaro, capitán en retiro, y su vicepresidente, Hamilton Mourão, general en retiro, nueve de los 22 ministerios de Brasil quedaron a cargo de militares y unos 100 miembros de las Fuerzas Armadas asumieron el mando de instituciones estatales.
A sabiendas de la herencia militar de Bolsonaro, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se sentó el 1 de enero anterior, y por tercera vez, en la presidencia de Brasil. En la campaña electoral de 2022, Lula da Silva anunció que una de las primeras medidas de su tercer mandato (los dos previos fueron de 2003 a 2010) sería jubilar a unos 8 mil militares y la semana anterior, ya en funciones, avanzó en esa meta.
Pero el proceso de jubilarlos no era inmediato… y a Lula no le dio tiempo: la crisis estalló el domingo pasado con el ataque de hordas bolsonaristas en Brasilia contra las sedes de los poderes federales: Congreso Nacional (Legislativo), Supremo Tribunal Federal (Judicial) y Palacio de Planalto (Ejecutivo o Presidencia). «Lula tiene un desafío con el sector militar y de seguridad pública», afirmó el abogado brasileño Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y director ejecutivo de Washington Brazil Office (WBO), centro de estudios con sede en Estados Unidos.
«Bolsonaro infiltró personal [militar] y también su doctrina extremista dentro de estas instituciones en los últimos cuatro años. Lo del ataque [del domingo] fue claramente una omisión y prevaricación [incumplimiento de tareas] de sectores de seguridad», dijo Abrao a EL UNIVERSAL. Las agencias brasileñas de inteligencia «fueron incapaces» de impedir o prevenir «una crisis ampliamente anunciada», refirió.
Al subrayar que un «paso inicial» en los primeros días de Lula en Planalto fue destituir o jubilar a unos 8 mil militares que Bolsonaro colocó «en diferentes puestos civiles», describió que el presidente intentó «recuperar el control de diversas instituciones del Estado y devolverlas a su línea técnica y sus finalidades estrictamente legales». La crisis urge a pensar «reformas» en seguridad pública, anticipó Abrao.
Lula decretó el domingo la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, donde está Brasilia, y nombró a un interventor civil hasta el 31 de enero próximo.
El mandatario quitó del escenario a los bolsonaristas Ibaneis Rocha, gobernador del Distrito Federal, y Anderson Torres, ministro de Justicia de Brasil con Bolsonaro, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, jerarca de la Policía Federal en Brasilia y subalterno de Rocha.
«Esto es bueno», adujo el politólogo Thiago Rodrigues, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Fluminense en el Instituto de Estudios Estratégicos. Un dispositivo constitucional -«Garantizar ley y orden»- implica el despliegue de militares «y ahora no sería nada bueno dada la presencia de bolsonaristas en las Fuerzas Armadas, incluso en el Ministerio de Defensa», narró Rodrigues a este diario.
En su operación de limpieza, Lula deberá «identificar a la gente que patrocina [a los golpistas] y el ligamen de Bolsonaro y sus hijos y la gente vinculada directamente a Bolsonaro en el apoyo concreto e ideológico a los movimientos [golpistas]», advirtió.
¿Exceso de Confianza?
El Supremo Tribunal Federal separó ayer de su puesto a Rocha por 90 días, mientras se aclaran los acontecimientos del domingo. A criterio de Abrao, en el equipo de Lula «se sabía y se confiaba que sus gestos democráticos serían suficientes para desmovilizar» a los bolsonaristas.
Lula creyó «que sus nuevos nombramientos en los puestos superiores en las Fuerzas Armadas podrían servir como atenuadores de la disposición golpista de los extremistas de derecha. No hubo tiempo de generar los efectos deseables o la estrategia no funcionó, es cierto», dijo Abrao.
Washington, por su parte, señaló que no ha recibido ninguna petición formal del gobierno de Lula sobre Bolsonaro por el asalto a las instituciones cometido por bolsonaristas el domingo. Sun
