INDICADOR POLÍTICO

Por Carlos Ramírez

Como señalan los mecanismos de funcionamiento público y subterráneo del sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional, las decisiones de la mayoría legislativa de desaparecer trece fideicomisos del Poder Judicial escaló una grave crisis política al interior del Estado y llevó a un paro de labores en la estructura judicial que desquició la impartición de Justicia durante dos y media semanas.
La irresponsabilidad reactiva de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, sobrerreaccionando a una decisión que había revelado desde el principio una controversia constitucional favorable al Poder Judicial, metió como mecanismo de presión el paro de los 54 mil trabajadores judiciales sindicalizados. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que regula las relaciones de trabajo con la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, nunca entendió la jugada de la ministra Piña.
En la noche del martes 24, luego de que el Senado aprobara la desaparición los fideicomisos, el líder sindical Jesús Gilberto González Pimentel –abogado, por cierto– extendió hasta el domingo 29 de octubre el paro nacional que había decretado del 19 al 24, aunque, con temor y desconcierto, reveló que era un paro o sin paro: “lo anterior –la segunda fase del paro–, sin perjuicio de que los trabajadores que tengan el deseo de continuar con sus actividades lo hagan con respecto a su voluntad”. Y en el último párrafo del comunicado oficial, el líder sindical no garantizó el pago de salarios y prestaciones durante el paro: “esta representación gestionará el pago regular de salario y prestaciones, lo que queda sujeto aquí así lo autoricen la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal”.
La ministra presidenta Piña Hernández fue rebasada por los acontecimientos alrededor de los fideicomisos, pero buena parte de la crisis en relaciones de poder fue producto de su desconocimiento de las reglas del juego político del régimen
Y la manipulación de los trabajadores provocó un paro loco que carecía de viabilidad en resultados, porque el asunto de los fideicomisos no tenía que ver con salarios y prestaciones de ley, sino con decisiones presupuestales administrativas de las últimas presidencias de la Corte y de la Judicatura.
Lo malo para la ministra Piña Hernández estuvo, de manera paradójica, en el desconocimiento de los procedimientos jurídicos en el máximo tribunal judicial, pues la decisión de desaparecer los fideicomisos caía en el territorio de la controversia constitucional por la invasión de decisiones del legislativo sobre el funcionamiento presupuestal interno del judicial; es decir, escaló de manera innecesaria un camino que tenía procedimiento legislativo concretos. La ministra Piña demostró ser una burócrata del derecho, no una abogada de procedimientos.
El principal error estratégico de la ministra Piña fue haber utilizado, vía la manipulación institucional, al sindicato del Poder Judicial y lanzarlo un paro loco de actividades jurisdiccionales de tribunales durante una semana como factor de presión para obligar al Poder Legislativo a dar marcha atrás a la decisión de desaparecer los fideicomisos; sin embargo, el paro careció de eficacia, no se consideró un factor que obligara a revertir la decisión y causó estragos a la credibilidad del Poder Judicial por interrumpir labores durante una semana en aras de mantener los fideicomisos.
La intervención del sindicato judicial fue la mano del gato de la ministra Piña Hernández con la que quiso sacar las castañas de los fideicomisos del fuego legislativo, pero sin que los lideres sindicales supieran con exactitud cómo maniobrar. En el ciclo neoliberal salinista, los sindicatos perdieron combatividad proletaria y han sido reducidos a meros hilos de poder al servicio de los patrones institucionales.
Lo que simboliza el colapso de la autoridad moral del Poder Judicial fue el comportamiento oportunista de la ministra jubilada de la Corte Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila al participar como senadora de Morena, no avalar la decisión partidista sobre los fideicomisos y exigir respeto a los poderes, pero fue muy claro que su única intención fue defender su condición de jubilada que sigue recibiendo beneficios de la Corte, algunos de ellos sin duda derivados de los fideicomisos.
Aunque la Suprema Corte gane la controversia y mantenga los fideicomisos, la ministra presidenta Piña Hernández habrá perdido autoridad moral y política para seguir conduciendo los destinos de la Corte y del Poder Judicial.
Política para dummies: La política es convicción o circo.
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