(Experto en Fiscalización y Presidente del OSNA)
Las candidatas a la Presidencia de la República han dado a conocer sus propuestas para combatir la corrupción e impunidad. Por cuestión de espacio me ocuparé primeramente en las que presentó Claudia Sheinbaum, contenidas en el documento «Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción». En mi próxima columna haré lo propio con las de Xóchitl Gálvez. Me centraré en las que considero más importantes.
La candidata Claudia Sheinbaum propone un acuerdo social y colectivo para que los distintos órdenes y poderes de gobierno asuman compromisos para resolver la corrupción y combatir la impunidad, en un entorno de coordinación. Debo señalar que esta propuesta concuerda exactamente con el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), establecido en su Ley General.
Propone la creación de una Agencia Federal Anticorrupción, bajo la dependencia del Ejecutivo, que nacería de asumir algunas de las funciones actuales de la SFP, utilizando parte de su estructura -la que está a cargo de las responsabilidades administrativas- y su presupuesto, por lo que, su creación no tendría impacto presupuestal.
No observo en el documento alguna facultad adicional para la Agencia, que no esté contemplada en el reglamento interior de la SFP, pero se precisa que sería una dependencia «altamente especializada», dotada de las mayores herramientas de investigación y capacidades, ya que se cuidará la selección y profesionalización de perfiles especializados.
En este contexto, la Agencia sancionaría a servidores públicos que cometan faltas administrativas no graves; asimismo, sancionaría a licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes de adquisiciones y obras. También realizaría las actividades de investigación y substanciación de faltas administrativas graves, para ser presentadas y en su caso, sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; las denuncias se presentarán ante la Fiscalía General de la República (FGR); como se viene haciendo.
De acuerdo con la propuesta, la SFP continuaría ejerciendo las facultades de definir las políticas de prevención de la corrupción; la profesionalización de recursos humanos; la Gobernanza del Control Interno; la Evaluación de la Gestión Gubernamental y la política de contrataciones públicas, entre otras.
Se propone crear una Ley General que regule las contrataciones para todas las instituciones públicas, buscando realizar mejores compras, asegurar la probidad e idoneidad de los proveedores y contratistas e incrementar el porcentaje de licitaciones públicas, evitando el abuso de los casos de excepción a éstas.
También se propone crear otra Ley General para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción, que contemple fiscalías y tribunales especializados en anticorrupción; un catálogo único de delitos y penas para tipificar adecuadamente conductas que actualmente quedan impunes; además de reconocer como delito la simulación de contrataciones públicas.
El documento no hace referencia al SNA, que contempla nuestra Carta Magna, por lo que puede inferirse que podría desaparecer; sin embargo, observo que todo lo que se propone puede implementarse en el marco jurídico del mismo, incluyendo a la nueva Agencia. En mi opinión, el SNA no debe desaparecer, pero si requiere una profunda revisión y adecuarlo para contemplar las propuestas que se comentan.
Debo reconocer lo ambicioso, detallado y completo de esta propuesta que viene a confirmar el fracaso de décadas para contener la corrupción y acabar con la impunidad. Nada de lo anteriormente señalado servirá si no existe una verdadera voluntad de atacar estos flagelos. Sun
