Claudia Ruiz Massieu
La noche del martes, el presidente Donald Trump se presentó ante el Congreso de EU para hacer un balance de sus primeros 43 días al frente de gobierno y delinear sus prioridades hacia los próximos cuatro años. En una sesión conjunta, el mandatario ofreció un discurso lleno de paralelismos con la retórica, la narrativa y las prácticas del oficialismo en México.
Trump, como las mayorías nacionales, culpa al pasado inmediato prácticamente de todos los males del país. La responsabilidad de sus antecesores es absoluta. Todos los desafíos se simplifican hasta convertirse en exageraciones maniqueas: una retórica engañosa lamentablemente familiar para las y los mexicanos, acostumbrados a escuchar que los problemas, deficiencias e insuficiencias son una herencia de las administraciones pasadas, consecuencias de su supuesta incompetencia.
El presidente estadounidense presumió sus propios datos: «por primera vez en la historia, más estadounidenses creen que nuestro país va en la dirección correcta». La popularidad como único criterio de legitimidad e indicador del desempeño gubernamental también encuentra eco en nuestro país, donde los supuestos porcentajes de aprobación se utilizan como escudo frente a cualquier crítica sustantiva. El mensaje es el mismo: el respaldo popular está por encima de todo.
La oposición no es –para ninguno de los dos gobiernos– un adversario político legítimo, es un enemigo empeñado en obstaculizar sus proyectos de transformación. Este discurso resuena con las expresiones que, en nuestro país, califican a quienes pensamos distinto como «conservadores» o «traidores a la patria». La pluralidad política no tiene legitimidad ni representación auténtica. Desde el poder se minimiza sistemáticamente su importancia, creando un ambiente en el que no hay posibilidad de diálogo constructivo. De igual forma, se ataca y hostiga a los juzgadores que, al aplicar la ley, son vistos como enemigos del proyecto nacional que propone quien detenta el poder.
Trump celebró haber suspendido todas las contrataciones y regulaciones federales, así como los programas de asistencia hacia el exterior, presentando estas medidas como logros de eficiencia. En México, la «austeridad republicana» es el pretexto que justifica el desmantelamiento de las capacidades institucionales en prácticamente todas las áreas. Desde los órganos autónomos que ejercían contrapeso al Ejecutivo hasta las instituciones de salud.
En su mensaje, Trump enlistó ejemplos para ilustrar el supuesto despilfarro de recursos de las administraciones demócratas. Una enumeración arbitraria, descontextualizada y exagerada que evoca las críticas esgrimidas por el oficialismo mexicano contra órganos reguladores, fideicomisos para la ciencia o la cultura, incluso contra programas sociales focalizados. Se ridiculizan las asignaciones presupuestales para desestimar sus verdaderos objetivos.
Trump confirmó nuevamente la amenaza arancelaria. Más allá de los matices, exenciones o periodos de transición, el daño está hecho. La incertidumbre y los efectos de los nuevos impuestos serán realidades que nuestro país deberá enfrentar y gestionar. El panorama es cada vez más complejo.
Es inevitable reconocer la ironía: México enfrenta a un gobierno que actúa como lo hace el oficialismo nacional. Los desafíos que enfrenta nuestro país exigen un cambio de rumbo. La confrontación social, la imposición mayoritaria y el debilitamiento institucional no pueden seguir siendo los ejes de la política nacional. Es urgente transitar hacia una deliberación democrática auténtica: que se reconozca la legitimidad de la pluralidad y se restablezcan las condiciones para el diálogo constructivo.
Desde Washington, Trump ha puesto ante nosotros un espejo incómodo: así se ve un liderazgo que erosiona las instituciones, rechaza a sus adversarios y desprecia la ley. En este lado de la frontera, el gobierno y sus mayorías harían bien en reconocerse para rectificar, antes de que las consecuencias sean irreversibles. SUN
