La Lucha Contra la Extorsión
Eunice Rendón
El Gobierno de México presentó una estrategia nacional contra la extorsión. Se trata de una propuesta urgente, pues este delito se ha incrementado más de un 70%, pasando de 6 mil casos denunciados en 2015 a más de 10 mil en 2024. Peor aún, el 96.7% de los casos no son denunciados; de acuerdo con la ENVIPE del INEGI en 2023, hubo 4.9 millones de delitos de extorsión.
La estrategia se centra en 8 Estados que concentran el 66% de los casos de extorsión en el país: CDMX, EdoMex, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Veracruz. Se proponen 5 líneas de acción: labores de inteligencia, Unidades Antiextorsión, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a los operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, y desplegar una campaña nacional de prevención.
Además, se prevé el bloqueo de líneas telefónicas, la incautación de celulares en cárceles y la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el congelamiento de cuentas bancarias, esto último fundamental, ya que actualmente los extorsionadores brindan números de cuentas y nombres para que se les deposite el dinero sin temor a ser perseguidos.
Uno de los principales obstáculos para combatir la extorsión es la desconfianza y falta de capacidad de las autoridades. Mientras no haya un mínimo de certeza de que denunciar tendrá consecuencias reales y que las personas estarán protegidas por el Estado, difícilmente alguien se atreverá a señalar a un criminal que identifica, frente a una autoridad ausente o, peor aún, coludida.
En muchas regiones apartadas, el crimen se ha consolidado como el verdadero poder local: es quien manda, cobra y castiga. Ahí, la relación con los grupos delictivos forma parte de la cotidianeidad, y denunciarlos no solo parece inútil, sino suicida.
No sólo grandes empresarios y comerciantes sufren este delito; lo padecen pequeños productores, vendedores, aguacateros, agaveros, pescadores, o incluso migrantes y profesionistas. Ya sea pagando derecho de piso, de paso o vendiendo sus productos por debajo del precio justo, la extorsión afecta sus ingresos y su sustento.
La presidenta Sheinbaum propuso una reforma constitucional para expedir una ley general contra la extorsión, homologando el tipo penal en todo el país y permitiendo su persecución de oficio, sin depender de la denuncia de las víctimas. Es un primer paso importante, sin embargo, su efectividad dependerá del fortalecimiento del sistema de justicia y de la confianza de la ciudadanía.
La extorsión es un delito contra el patrimonio de las personas, pero tiene el potencial de materializarse en desplazamientos o crímenes más graves como el homicidio o la desaparición. Existen dos formas principales de extorsión: una anónima y a distancia, a través de llamadas, mensajes o correos; otra habitualmente ejercida por el crimen organizado, como el cobro de piso, que obliga a pagos regulares bajo una amenaza constante. Es un delito muy rentable y con poco riesgo para quien lo comete. No suele requerir armas ni demasiada logística; se sostiene en la presión psicológica y el miedo.
El crecimiento y diversidad en la que este delito se da en nuestro país no es casual: ocurre en un contexto donde la amenaza se percibe como real, y las represalias son creíbles para la víctima. El crimen ha construido, a lo largo de los años, un capital de miedo que ha sabido usar para controlar territorios, minando la economía local, distorsionando la competencia y definiendo quién puede operar y bajo qué condiciones.
El inicio de esta estrategia es positivo, pues era inaplazable responder a la demanda de diversas comunidades y sectores empresariales. Sin embargo, deberá implementarse en todos los estados, llegando a los territorios rurales y zonas alejadas, realizando trajes a la medida, fomentando la participación activa de la sociedad civil y luchando contra la corrupción. Sun
