Max Aub
La agonía de los deportados de suelo estadounidense muchas veces incluye un calvario, y aunque no son la mayoría, basta que uno sólo lo sufra para que ya sea demasiado. Algunos fueron enviados a un país que jamás habían pisado, donde nadie los esperaba, donde ni siquiera los reconocen como extranjeros. Aterrizaron sin pasaporte, sin idioma, sin recursos, sin historia en ese territorio. Nadie supo qué hacer con ellos, salvo encerrarlos. Otros llegaron a lugares que, aunque se identifican con el idioma, tampoco son lugares que identifiquen como propios.
Son los expulsados de un sistema que ya no se limita a devolver a cada uno a su lugar de origen, sino que elige al azar el sitio donde habrá de deshacerse de ellos.
«Lo que estamos viendo es que Estados Unidos muchas veces no deporta, destierra a la persona. No importa el país al que pertenecen, importa el país que acepte recibirlos», dice Cecilia Castañeda, socióloga, a EL UNIVERSAL.
“Decenas de migrantes han sido entregados como mercancía humana a gobiernos lejanos, sin juicio, sin defensa, sin retorno. Es la historia de quienes fueron arrancados de un país que los rechazó y lanzados a otro que ni siquiera sabía que llegarían. Una historia donde el exilio ya no tiene bandera y la deportación es una sentencia para desaparecer en una tierra ajena», describe.
Desde enero, miles de personas han sido enviadas por el gobierno estadounidense a naciones con las que no comparten ciudadanía, residencia, y algunas veces, ni siquiera el idioma. El fenómeno, defendido por la Casa Blanca como una medida de seguridad nacional, ha abierto una geografía del abandono donde el derecho internacional es irrelevante; «el país receptor es apenas un punto de descarga y el individuo deportado es despojado de todo: identidad, protección, futuro», subraya Castañeda.
Bajo el amparo de una reinterpretación de la AlienEnemiesAct del año de 1798, del siglo 18, utilizada originalmente por John Adams para expulsar a franceses en tiempos de tensión bélica, la administración Trump logró justificar, por ejemplo, la deportación de 238 venezolanos a El Salvador el 15 de marzo. Ni eran ciudadanos salvadoreños ni tenían vínculos familiares o culturales con ese país. Fueron transportados directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megaprisión concebida para pandilleros de altísima peligrosidad, donde permanecieron meses en aislamiento. La secretaria de Seguridad Nacional, KristiNoem, afirmó en conferencia de prensa que «son personas con lazos criminales muy serios; deberían quedarse ahí por el resto de sus vidas».
VolkerTürk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó públicamente que “estas personas no están siendo deportadas, están siendo desaparecidas”. Y sus familias no reciben información certera de dónde están hasta que es demasiado tarde; abogados no tienen manera de contactarlos como clientes, «viven una indefensión que ni el propio Trump alcanza a entender», comenta Castañeda.
Para Elizabeth Ferris, investigadora en migración forzada de la Georgetown University, «esto es una transferencia extraterritorial de responsabilidad legal. Estados Unidos paga para dejar en otro continente a personas que no quiere procesar ni liberar».
El caso de Panamá es distinto, pero igual de grave. En febrero, el país centroamericano recibió a 119 personas procedentes de países como Irán, Afganistán, India y Eritrea. No llegaron por voluntad propia, fueron enviados desde la Unión Americana en vuelos contratados por el Departamento de Estado, bajo un acuerdo no revelado públicamente. Aterrizaron sin papeles, sin dinero, sin hablar el idioma y sin idea de en qué parte del mundo estaban. El presidente panameño José Raúl Mulino admitió ante la prensa que su país había aceptado la operación «por razones humanitarias y de cooperación regional».
AaronReichlin-Melnick, analista del American Immigration Council, describe: «Lo que estamos viendo es la creación de una clase de personas sin lugar en el mundo. Deportados por un país que no los quiere, expulsados a otro que no los reconoce y perseguidos por uno al que no pueden volver».
El gobierno de Estados Unidos ha defendido estas acciones como parte de su estrategia de seguridad nacional. Sun
