Máximo Jaramillo
El pasado miércoles, el INEGI dio a conocer los resultados de su medición de pobreza en México, reportando una disminución muy significativa. Este resultado era previsible a la luz de los datos sobre ingresos de los hogares que el propio instituto publicó hace dos semanas en la ENIGH 2024.
La reducción que señala es especialmente relevante y motivo de celebración: la pobreza moderada multidimensional bajó 11 puntos porcentuales, al pasar de 35% a 24% de la población, mientras que la pobreza extrema se redujo en casi 2 puntos, de 7% a 5.3%.
Los resultados desataron de inmediato un intenso ruido en medios de comunicación y columnas de opinión: Desde quienes afirman que «ahora las dádivas mantienen a más gente que no trabaja», hasta quienes dicen que «triunfó la estrategia económica» o que «se cumplió el ‘primero los pobres'».
Lo interesante de las mediciones de pobreza es que no sólo representan un desafío (interesantísimo en lo) técnico, sino también un debate profundamente político y sociológico. Esto se refleja en la definición de sus umbrales (¿bastan 150 pesos diarios por persona para no vivir en pobreza?), y sus criterios de identificación (la metodología actual exige, además de ingresos por debajo de la línea de pobreza, al menos otra carencia social).
Sin embargo, muchas de las aristas y matices necesarios para interpretar una medición de pobreza (y aún más, para compararla a lo largo del tiempo) suelen perderse cuando se privilegia un titular simplista o se refuerzan nuestras percepciones, sesgadas o no, sobre la coyuntura política del país.
Por ello, más allá de celebrar que la pobreza disminuya en México, presento a continuación algunos matices y debates que, al parecer, han quedado fuera de la discusión pública de la medición de pobreza.
Primero, es importante desmontar el mito de que «la reducción de la pobreza se debe a los programas sociales» (o las mal llamadas «dádivas»), así como la falsa idea de que «ahora hay más mantenidos con mis impuestos».
Más allá de que es estigmatizante, y que los programas sociales son un derecho (pueden leer más de eso en mi libro «Pobres porque quieren»), la realidad es que el principal motor detrás de la disminución de la pobreza es el aumento de los ingresos laborales, causado por el aumento del salario mínimo y distintas reformas laborales, como la sindical.
Mientras que los ingresos laborales están detrás de 55% del aumento de los ingresos en los hogares, los programas sociales aportaron sólo 14%. De hecho, del total de ingresos de los hogares más pobres (decil I), sólo 19% viene de los programas sociales, y 51% vienen como pago a su propio trabajo.
Más aún, en realidad los programas sociales del sexenio anterior fueron menos efectivos para disminuir la pobreza, a pesar de lo que crean quienes emiten comentarios clasistas contra los «dependientes del gobierno».
Aunque los recursos distribuidos se triplicaron entre 2018 y 2024, la población que salió de situación de pobreza extrema debido a los programas sociales apenas pasó de 3 millones a 3.7 millones.
El hecho de que haya sido el aumento de los ingresos laborales el principal factor detrás de la disminución de la pobreza es un hecho deseable, por al menos dos razones.
Por un lado, porque desmonta el mito (que parecía dogma en la tecnocracia neoliberal) de que «aumentar el salario mínimo desataría una ola inflacionaria que haría que el balance fuese negativo para los trabajadores». Falso.
Y de paso, confirmó otro de los argumentos que he sostenido por años: que «el problema de la pobreza en México es un problema de desigualdad», de explotación laboral.
Y con mayor redistribución hacia la clase trabajadora se logró abatir la pobreza de forma importante. Sun
