Cynthia López
(Senadora de la Ciudad de México)
Hablar de combate a la desigualdad hoy en México ya no es solo un compromiso retórico y político. Los datos más recientes nos indican que entre 2018 y 2024, el número de personas en situación de pobreza multidimensional pasó de 51.9 a 38.5 millones; es decir, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos dejaron atrás esa condición en seis años.
Paralelamente, el coeficiente de Gini, que mide qué tan concentrado está el ingreso, bajó de 0.426 a 0.391, colocando hoy a México entre los países menos desiguales de América. No es un cambio menor.
Estos avances se enmarcan en la ruta que ha trazado la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha colocado el combate a la pobreza y a la desigualdad como eje central del proyecto de nación. Este gobierno ha insistido en que la prioridad del presupuesto debe ser siempre quienes menos tienen y que ningún derecho social puede retroceder.
Esta mejoría tiene una explicación clara, el rediseño de la política social como un piso de ingreso y de derechos, no como una suma de apoyos dispersos. Hoy, los Programas para el Bienestar representan alrededor de 2.3 % del PIB y llegan a más de 32 millones de personas en todo el país.
En estos días, en el Senado de la República, escuchamos a la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, detallar el alcance de esta política. El primer bloque de programas se orienta a garantizar ingresos a las personas adultas mayores y a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un ingreso a quienes tienen 65 años o más, hablamos de personas que, aun habiendo trabajado toda su vida, nunca cotizaron en un esquema formal de retiro. A su lado, el programa Mujeres Bienestar reconoce por primera vez, a gran escala, a mexicanas de entre 60 y 64 años que han dedicado su vida al trabajo de cuidados sin salario ni seguridad social.
La Presidenta ha sido clara en que este programa debe consolidarse como una herramienta contundente de justicia para las mujeres que sostienen a sus familias y comunidades.
En este mismo bloque se ubica la Pensión para Personas con Discapacidad, que, de forma creciente, se coordina con los gobiernos estatales para ampliar su cobertura y reconoce que la discapacidad deja de tratarse solo como un asunto individual, implica gastos adicionales que las familias no pueden asumir solas y que el Estado debe ayudar a cubrir.
El segundo bloque de programas se concentra en niñas, niños y jóvenes, con la lógica de que la desigualdad no solo se mide por el ingreso de hoy, sino por las oportunidades de mañana. Las becas educativas, desde educación básica hasta universidad, representan un apoyo regular para los hogares. Para una familia de bajos ingresos, ese recurso marca la diferencia entre mantener a una hija en la preparatoria o sacarla a trabajar.
Un tercer eje, menos visible pero clave frente a la desigualdad, son los programas productivos y territoriales. Sembrando Vida otorga un ingreso a cientos de miles de sembradoras y sembradores en zonas rurales, a cambio de establecer sistemas agroforestales y reforestar parcelas en el sur–sureste del país.
Visto en conjunto, este entramado de pensiones, becas y programas productivos, acompañado de una política de salario mínimo claramente al alza, explica por qué las cifras de pobreza y desigualdad se han movido, cuando los hogares más pobres reciben transferencias regulares y mejores salarios, el piso de ingreso se eleva, la brecha con la parte alta de la distribución se acorta y eso se refleja en los 13.4 millones de personas que dejaron de estar en pobreza. Sun
