Tapachula, Chiapas; 23 de Febrero.- A poco más de tres años de haberse implementado en Chiapas y en la república mexicana el Nuevo Procedimiento Penal Acusatorio Adversarial y la famosa Justicia Alternativa, han fracasado.
Lejos de ser la herramienta que permitiría la aplicación justa de la ley, esas modificaciones se han convertido, al menos en la Entidad, la principal defensora de los delincuentes, porque ahora su función es evitar que las cárceles se sigan llenando de quienes violan la ley a cambio de que lleguen a una conciliación con la parte acusatoria, es decir, después de cometer un delito, no ha pasado nada.
Irónicamente, ahora los acusados son intocables. Las víctimas deben comprobar la veracidad del delito al que fueron sometidos y presentar documentos, auditorías, peritajes, y todo tipo de pruebas, hasta buscar a los delincuentes para llevarles los requerimientos judiciales, que se retardan a falta de personal.
Gracias a ese Nuevo Sistema, ahora se considera que robar menos de 150 mil pesos es un delito menor y por ello quien delinque, está tranquilo sabiendo que el Poder Judicial trabaja a favor de ellos.
Es más, amenazan a los medios de comunicación de no publicar plenamente las fotos de los detenidos y, con ello, los asesinos, violadores, traficantes y miembros de la delincuencia organizada, no pueden ser identificados por otras víctimas ni por el resto de la sociedad.
Los Jueces, una y otra vez citan a los denunciantes a que entreguen más y más pruebas, hasta el hartazgo. Mientras, los acusados se dan el lujo de no llegar a las comparecencias y para ello envían cualquier papel, diez minutos antes de la cita.
Por poner un solo ejemplo, en Tapachula una pareja fue acusada de robo en una empresa, y para acompañar la denuncia se presentó todas las pruebas y peritajes realizados por profesionales en la materia e incluso por las propias autoridades.
La denuncia penal fue presentada en mayo del año pasado, es decir, hace ya casi diez meses.
Durante todo ese tiempo, la parte acusadora ha tenido que dar infinidad de vueltas en las oficinas de los Ministerios Públicos, de Jueces, y hasta ir a recopilar los testimoniales y las pruebas, pero de nada ha servido.
El denunciado y la denunciada no sólo se han burlado de sus acusadores sino también de la autoridad, y prueba de ello es que no se presentaron a ninguno de los tres citatorios que firmaron de recibido y que le emitió el Ministerio Público, quien a su vez se declaró incompetente y mandó el caso a Juicios Orales, donde entonces, el asunto se puso peor.
Ahí, el Juez llamó a las partes para conciliar, sin embargo la acusada envió un certificado médico -de una doctora del Hospital Regional de Tapachula-, donde supuestamente estaba enferma y no se podía presentar a comparecer.
Al ver esto, las autoridades judiciales solicitaron a los directivos de ese hospital presentaran los expedientes que se debieron de haber abierto para expedir el certificado médico.
Nuevamente, el expediente penal se aplazó y al ser llamada otra vez a comparecer, la acusada presentó otro certificado médico; en tanto al solicitar la comparecencia del médico para que explicara los motivos de la expedición del certificado a la denunciada, este dijo que tiene mucho trabajo para poder ir a declarar.
Para verificar la autenticidad de ese documento expedido por un galeno, las autoridades se percataron que dicho médico mintió sobre su dirección.
Es más, en un documento dirigido a las autoridades, ese médico señala que no se va a presentar a comparecer porque tiene mucho trabajo. Es decir, en Chiapas cualquiera está por encima de la ley.
Las inconsistencias y el fracaso en el Nuevo Sistema Penal conllevan a que, si el Gobierno insiste en mantener vigente ese embrollo burocrático, será urgente y necesario reformarlo, casi en su totalidad.
Una de las modificaciones sería precisamente incluir que los médicos, profesionistas o cualquier persona que intervenga con documentos -como los certificados de salud- para interferir en la aplicación de la justicia, sea considerado un cómplice y se le juzgue como tal.
Mientras eso ocurre, el Nuevo Sistema Penal asemeja a un simple mercado de pueblo pobre, donde cada situación pasa por cada una de las canasteras y el producto, al final, se vende al mejor postor.
Para comprobar si en realidad hay corrupción entre las personas que aplican la ley en Chiapas, bastaría solamente en investigar sus propiedades y cotejarlas con los sueldos que tienen reportados ante Hacienda.
Pero en lugar de solucionar los problemas judiciales del pueblo y atender sus denuncias, pareciera que a los perfumados en los cargos públicos, les importa más las elecciones del próximo año.
Asesinos Puestos en Libertad.
No se trata solamente de las opiniones de las víctimas o de sus familiares. El presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, Edgar Elías Azar, reconoció ante los medios de comunicación que la aplicación del Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio ha revelado deficiencias en la impartición de justicia, el cual -dijo- ha generado desaciertos que se deberán corregir lo más pronto posible.
Y es que recordó que dos imputados de homicidio fueron puestos en libertad por falta de elementos o una valoración diferente de las pruebas.
«Tiene fallas en todo el país que se tienen que corregir; o sea, este cambio fue tan paradigmático y tan brusco, tan polarizado, tan pendular, de un lado a otro. Claro que vamos a tener problemas, asómense al Estado México, al de Morelos y al que quieran”, agregó.
Incluso, con el valor de la autocrítica que muy pocos tienen, afirmó “los Jueces estamos tardando demasiado en resolver un asunto o una orden de aprehensión”.
Los casos de esos dos homicidas se refieren a la liberación de un chofer del trasporte público que atropelló a una ciclista; y el segundo, un hombre que era señalado por el asesinato de una persona de la comunidad lésbico-gay, pero liberado por una diferencia de criterios a pesar de haber presentado el arma homicida.
Por si fuera poco, ésta misma semana la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que la normativa interna, procesos, organización, capital humano, información y tecnologías integradas para la consecución de objetivos de manera institucional con la que cuenta la dependencia, “no es la idónea” para soportar los procesos que exige el Sistema de Justicia Penal Adversarial.
De acuerdo con un documento entregado al Senado que lleva por nombre “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de trabajo”, la estructura de la dependencia tampoco permite evitar que “las prácticas deficientes que se desarrollaban en el sistema inquisitivo mixto se hereden”.
Según el informe, se identificó la saturación en áreas sustantivas como el aumento de las carpetas de investigación, ya que en diciembre se recibieron 6 mil 549, lo que representa un incremento del 10.39 por ciento con relación al mes de noviembre.
Asimismo, se advierte de la información analizada, toda vez que del 24 de noviembre del 2014 al 31 de diciembre del 2016, se iniciaron 63 mil 59 carpetas de investigación.
Mientras que para la Mesa de Seguridad y Justicia México SOS en la Frontera Sur, el nuevo Sistema Acusatorio tiene grandes deficiencias y lagunas jurídicas, a tal grado que la víctima queda indefensa si no tiene dinero para pagar un buen abogado que sepa de juicios orales.
Maras y los Saqueadores de la Frontera sur…También Libres.
En los últimos días, las autoridades policíacas han hecho alarde de la detención en Tapachula y en municipios aledaños de más de un centenar de jóvenes que, según ellos, pertenecen a las bandas delictivas de las maras.
Sin embargo, los mismos policías relatan decepcionados que más tardan ellos en detenerlos que los inculpados en salir. Es más, gran mayoría de ellos ni siquiera estuvieron detenidos las 72 horas.
La idea era mostrar un panorama de acción ante los interminables señalamientos ciudadanos por los altos índices de inseguridad y el descaro en el que operan los delincuentes. Pero nada más.
De no ser así, valdría la pena que las autoridades judiciales informaran a la sociedad sobre cuántos de esos supuestos pandilleros fueron ingresados al penal para ser procesados. La respuesta quizá sea que ninguno.
También es humillante, por lo menos para los empresarios que resultaron afectados por los peores actos de vandalismo y saqueo que se tengan registrado en la historia de Tapachula, ocurrido el mes pasado.
Los detenidos por esos destrozos y robo en aquel “Viernes Rojo”, lograron su libertad casi de inmediato, algunos con haber pagado su multa de 500 pesos.
De nada sirvió las pruebas fotográficas y de videos que recorrieron el mundo entero por los medios de comunicación y en las redes electrónicas.
Tampoco sirvió de nada la indignación de los ciudadanos que vieron como un puñado de jóvenes pisoteó su dignidad, pasó por encima de la ley, provocó el pánico colectivo e hizo lo que quiso con la segunda ciudad más grande del Estado.
Ahora los policías que han participado en esas detenciones, en la de las maras, los traficantes de drogas y de los miembros de la delincuencia organizada, temen por sus vidas y la de sus familiares, porque los asegurados ya están nuevamente en las calles.
¿Y la Rotación de los Jueces?
En Chiapas, los funcionarios públicos en turno de las dependencias judiciales y policiacas, pueden presumir en sus boletines la gran cantidad de personas detenidas y de asuntos atendidos en los juicios orales, pero no pueden hablar de transparencia, menos del combate a la corrupción.
Debe ser una vergüenza para Chiapas que alguno Estados de la República ya están haciendo pública su rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción con la rotación de sus Jueces, como el caso de Baja California, que cambió de adscripción a 12 de ellos, según confirmó el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia en esa entidad, Jorge Armando Vázquez.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Morelos hizo lo propio y rotó a 14 Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, así como otros 11 en materia Civil, Mercantil, Penal y Mixtos.
Mientras que Nuevo León hubo 20 cambios de adscripción, entre ellos cuatro que ejercerán como Jueces de Control, que quedaron en manos de Eduardo Hoyuela Orozco, Francisco Manuel Sáenz Moreno, Juliana Cruz Guillén y Jorge Antonio Hernández Torres.
También está el caso del vecino Estado de Oaxaca, que en tan solo un año hizo 119 cambios de adscripción de Jueces en sistemas tradicional y acusatorio, según informó el titular del Poder Judicial en ese Estado, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera.
Mientras que en Puebla se informó que para eliminar los cotos de poder en el Poder Judicial del Estado, el Tribunal Superior de Justicia ordenó la rotación de Jueces y Secretarios de Acuerdos en los Distritos Judiciales.
A través de un comunicado de prensa, el Tribunal Superior de Justicia informó la rotación de 30 Jueces Civiles, Penales y Mercantiles, entre los que destacan el cambio de adscripción de Sandra Lucía Perea Iturriaga y Helmo Mayoral Bello, esposa y yerno del líder de la mafia que controlaba, hasta 2011, el Poder Judicial, el exmagistrado Alfredo Mendoza García.
De igual forma, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán indicó que para el buen funcionamiento de áreas jurisdiccionales y administrativas, acordó -en sesión ordinaria- llevar a cabo la rotación de Jueces penales de sus Distritos; y así sucesivamente en cada Estado.
En Chiapas, por alguna circunstancia que hace pensar que pudiera estar relacionada con campañas políticas o hasta corrupción, los Jueces son inamovibles e intocables, sobre todo los que están en la región.
Con ello se viene abajo aquello de que en éste sexenio no habría impunidad, que todo sería transparente, que la aplicación de la justicia sería garante y sin privilegios, y que, en conclusión, habría un cambio radical en tono a los Gobiernos antecesores. Pero no lo hubo.
¿Qué hay detrás de todo, con tanto poder, que permite a los Jueces estar por años en ese mismo lugar, en la comunidad donde nacieron, viven sus familiares, amigos, compadres, conocidos y en donde también tienen fincando sus intereses?
Quizá por eso Chiapas sigue siendo, a pesar de todo, uno de los Estados en donde sus ciudadanos prefieren no denunciar los delitos, porque desconfían de sus propias autoridades. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello
