* A Pesar de Protestas de Sectores Productivos y Sociedad.
Tapachula, Chiapas; 2 de Septiembre.- Este fin de semana, el Centro Federal de Reinserción Social No.15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, cumplió dos años de haber entrado en funciones, a pesar de infinidad de protestas por parte de la sociedad al considerar que ese lugar pone en riesgo la estabilidad social del Estado.
Aunque suene irónico, el Soconusco, considerado dentro de las regiones más pobres y marginadas en el país, tiene como única obra federal de relevancia a esa cárcel, que había sido destinada para Yucatán, pero como sus pobladores se opusieron, la rediseñaron para Chiapa de Corzo, y al final de cuentas para Villa Comaltitlán.
Los habitantes de la Costa del Estado han sido reiterativos en torno a que la tranquilidad de la zona se ha alterado, e incluso señalan que, coincidentemente, los índices delictivos se dispararon desde que entró en operaciones ese lugar.
Hoy se teme que el crimen organizado haya extendido su centro de operación hacia la frontera sur y que ésta zona ya esté en garras de la delincuencia.
Ese penal fue construido en el sexenio del exgobernador Juan Sabines Guerrero, de quien se cree intervino para que no se edificara en Chiapa de Corzo y afectara al turismo del centro del Estado.
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Cabe recordar también que a pesar de varios años de protestas de parte de los sectores productivos de Chiapas, el Gobierno Federal firmó un acuerdo para que a partir del sábado 30 de Marzo del 2014, el Cefereso No.15 fuera incorporado al Sistema Penitenciario Federal.
Con ello, ya podía entra en operaciones en cuanto lo determinara la Comisión Nacional de Seguridad y la de Prevención y Readaptación Social Federal, lo cual se cumplió en la primera semana de Septiembre del 2015.
Eso ha sido tema de protesta de Cámaras empresariales, Colegios, iglesias, instituciones educativas, legisladores, entre muchos otros que advirtieron que ese penal traería problemas de inestabilidad social y de inseguridad a la región.
Casualmente, en estos dos años, personas de otras regiones del país se han dedicado a comprar ranchos, viviendas, lotes, y hasta comercios enclavados cerca de ese penal, cuyas propiedades no estaban en venta ni nadie las quería, porque realmente nada producen.
Los compradores han pagado en efectivo y presionado a quienes se resisten a vender, según los han expresado en eventos con autoridades.
En Chiapas, el Estado más pobre del país, los impuestos recaudados a los mexicanos sirven para pagar anualmente mil 70 millones de Pesos, es decir, casi tres millones de Pesos diarios, a una empresa privada por la manutención de los reos de ese penal.
De acuerdo al contrato OADPRS/DGA/S083/2010, la empresa beneficiada como proveedor es Makobil S de RL de CV.
En tanto que las empresas claves son Promotora de Infraestructura Carcelaria, así como Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, además de la constructora Arendal.
El contrato de prestación de servicios -conformado por once convenios- para ese penal fue firmado el 27 de Diciembre del 2010.
Según esos documentos, signados por el entonces comisionado de Prevención y Readaptación Social Federal del Gobierno Federal, José Luis Muzzi, la prestación de los servicios inició el 1 de Diciembre del 2013 y concluirán a finales del 2033.
Eso quiere decir que mientras que las autoridades del Gobierno Federal y del Estado de ese entonces pactaban los acuerdos con una empresa privada para la operación de esa cárcel, les decían a los representantes de los sectores productivos en Chiapas que sus reclamos para impedir la apertura del Cefereso serían atendidos, aunque todo era falso.
Se cree que desde hace cuatro años, sin que hubiera un solo reo en ese lugar, ya se estaba pagando los 3 millones de Pesos diarios a la empresa privada que tiene concesionadas las instalaciones.
El penal, con 105 mil metros cuadrados de construcción en 140 hectáreas, completamente concluido, tuvo un costo de 4 mil 426 millones de Pesos.
Con esos recursos hubiera resuelto gran parte de sus problemas en desnutrición, analfabetismo, miseria y marginación, cuyos índices mantiene a la Entidad en los primeros lugares a nivel nacional.
Un Penal que Nadie Quiso.
Cuando los soconusquenses se enteraron que en realidad la obra era un Cefereso, empezaron las manifestaciones de protesta ante las autoridades, aunque sus reclamos no fueron escuchados y la construcción continuó.
De nada sirvieron los reclamos sociales que advirtieron que en las regiones en donde se han abierto ese tipo de cárceles federales, de manera paralela se han incrementado alarmantemente los índices de criminalidad y de inseguridad.
De ejemplo han señalado al penal federal de Veracruz -similar al de Chiapas- que se inauguró muy cerca de la zona arqueológica de Papantla.
A pesar de que en ese Estado también se opusieron los sectores productivos y hasta legisladores federales, la cárcel fue abierta y, de ser un lugar muy tranquilo y lleno de tradiciones, ahora no hay un ambiente de garantía y los índices de criminalidad han aumentado gravemente.
Hasta hoy en día se desconoce quién o quiénes se beneficiaron con la venta de los terrenos de la cárcel federal en Chiapas, y cómo se lograron obtener los permisos de construcción, si esa zona fue devastada por el huracán ‘Stan’ en octubre del 2005 y por lo mismo fue declarada como zona de alto riesgo.
Hace dos años también fue remitida una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la que los chiapanecos rechazaron las operaciones del penal, con la rúbrica de casi diez mil firmas de representantes de colonias, comunidades rurales, asociaciones civiles, Cámaras, Colegios, funcionarios, legisladores, Alcaldes, entre muchos otros.
Las cifras oficiales señalan que, en Tapachula y en los municipios de ésta región, se han incrementado el número de robos, asaltos a mano armada, homicidios, violaciones sexuales, extorsiones y otros delitos.
A ello, habría que agregarle la ineptitud de las autoridades locales de la región, que no han querido asumir su responsabilidad de garantizar la seguridad a los ciudadanos y, en lugar de ello, culpan a las estatales de todo. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello
