*Durante el 4º. Informe de Actividades.
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, máximo representante del Poder Judicial de la Federación (PJF), no desaprovechó su cuarto y último informe de labores.
A un lado tenía al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y al presidente del Senado, Martí Batres, los impugnadores públicos y formales de los jueces federales que se niegan a reducir sus sueldos.
Para ser dignos, lo primero que tenemos que hacer los jueces es defender “nuestra independencia real y absoluta”, expresó Aguilar Morales en su informe, que por el protocolo es una de las ceremonias de Estado en la que se reúnen los representantes de los poderes formales en México, ahora confrontados.
Ahí estaban los máximos críticos e impugnadores del Poder Judicial: el presidente de la República y el presidente del Senado. También el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien públicamente se ha mantenido al margen de la confrontación entre los Poderes formales por la exigencia del Ejecutivo y del Legislativo para que los jueces se reduzcan el sueldo y se ajusten al límite impuesto por López Obrador.
Aguilar Morales no sólo enfatizó en el respeto que de distintas maneras ha demandado de forma insistente el Poder Judicial en los últimos días. Echó mano de uno de los referentes favoritos del propio presidente de la República, Benito Juárez: “Nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho”. Y recalcó que además de presidente de la República, Juárez fue ministro y presidente de la Suprema Corte.
Ahí estaban también los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano de vigilancia de los jueces que encabeza el propio presidente de la Corte, y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), los otros principales afectados en la cúpula judicial por la decisión de López Obrador de fijar en 108 mil pesos su sueldo.
De acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Remuneraciones, aprobada por el partido oficial, Morena, en un impugnado proceso legislativo, ningún servidor público debe de estar por encima de ese tope.
“Nada ni nadie por encima de la Constitución”, dijo Aguilar al retomar la frase de “los próceres constitucionalistas” en clara alusión a los juicios que han llegado a la SCJN por parte de jueces y otros servidores públicos que se oponen a la Ley de Remuneraciones.
Aguilar Morales también respondió a otras iniciativas de ley que se han presentado en el Congreso, principalmente en el Senado por parte del morenista, exgobernador de Zacatecas y extitular de la entonces delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien ha advertido que el Poder Judicial necesita “una sacudida”.
El presidente de la Corte aseguró que el Poder Judicial no es ajeno a la demanda ciudadana de un mejor y más eficiente servicio público, pero sobre todo honesto y transparente.
Aseguró que la designación de jueces o magistrados federales no es “por intereses, compadrazgos o consideraciones superficiales”, sino por exámenes de oposición. Y en los casos de corrupción y trampa, “se tomaron medidas estrictas y contundentes, así como el inicio de procedimientos de investigación y de responsabilidad para sancionar a los malos servidores, a más de separarlos de sus cargos cuanto antes”.
Subrayó que en su gestión se abrieron 150 procedimientos disciplinarios de oficio y más de 90 investigaciones, que derivaron en la sanción de 260 servidores públicos de órganos jurisdiccionales, de los cuales 39 fueron magistrados de Circuito y 49 jueces de Distrito.
Al final del discurso, López Obrador salió de la sede de la Suprema Corte, en el centro de la capital, sin quedarse a la comida a la que cada año había asistido el presidente de la República. (apro)
