* Por Represión a Indígenas de Pavencul.
Tapachula, Chiapas; 31 de Enero.- Los 42 indígenas y una periodista que fueron agredidos salvajemente y detenidos por policías municipales este lunes, fueron totalmente liberados porque el Fiscal del Ministerio Público no encontró ningún elemento en su contra y tampoco la parte acusatoria, o sea el Ayuntamiento, presentó alguna prueba de lo que los señalaba.
Así lo dio a conocer el presidente del Colegio de Abogados del Soconusco, Manuel de Jesús Márquez González, quien encabezó al grupo de profesionistas en Derecho que ofrecieron sus servicios de manera gratuita a los inculpados, por considerarla una gran injusticia social.
En entrevista para rotativo EL ORBE, señaló que el Gobierno Municipal que aún encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos, no pudo acreditar que los inculpados provocaron algún daño al edificio, flagrancia o incitaron a la violencia, es más, ni un solo vidrio se quebró.
Además, aclaró que los elementos de la Guardia Nacional se presentaron al centro de la ciudad a petición del Alcalde, porque aseguraba que los campesinos llegarían a realizar destrozos a las instalaciones de la Presidencia Municipal, pero fue todo lo contrario, llegaron en paz.
Por eso, abundó, los federales se mantuvieron a la expectativa y no intervinieron en las lamentables agresiones sobre los indígenas y a varios periodistas.
Dejó en claro que, todas las pruebas que han recopilado en el expediente penal contra el Ayuntamiento por el “Lunes negro”, se puede comprobar que no hubo disturbio social y que con anticipación habían desalojado a los empleados municipales.
Asimismo, que los indígenas aceptaron ordenadamente nombrar a una comisión y participar en una mesa de diálogo y trabajo, que se desarrollaba justo cuando se ordenó la agresión policiaca.
En los argumentos contra las autoridades locales, según dijo, está el hecho del escenario que encontraron los abogados en la tarde de ese día, cuando al menos la mitad de los detenidos estaban esposados, tirados en el suelo dentro de una celda, y visiblemente golpeados.
Al comprobar de que fue un brutal error y que eran inocentes, fueron liberados; en el caso de la periodista, la retuvieron un día más porque el Ayuntamiento insistía que fuera procesada.
Ella, al igual que otros cuatro reporteros, fueron agredidos por los municipales cuando cubrían el evento de ese día.
A la par del expediente penal, indicó que se presentará algo similar en a la Secretaría de la Función Pública, porque los policías municipales y varios funcionarios que intervinieron son servidores públicos que cometieron delitos sancionados por la ley.
Lamentó que, en las pruebas recabadas hasta ahora, se puede apreciar a policías arrastrando de los cabellos a los campesinos, sometiéndolos a patadas, incluso a uno de ellos que imploraba de rodillas a ocho uniformados que lo sometían.
Se prevé que se le van a fincar responsabilidades al Alcalde, porque, de acuerdo a Márquez, la Constitución establece que la fuerza policiaca local está al mando del Presidente Municipal.
Además, que hay un decreto nacional de seguridad profesional a favor de los periodistas y que corresponde a las fuerzas públicas hacerlo valer, es decir, que están obligados a proteger la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación.
Al agredirlos, se violó ese mandato judicial y diversos derechos constitucionales, como la libertad de prensa.
Confirmó que, a decir de los indígenas, uno de sus compañeros fue detenido ese día, lo bajaron junto con ellos al sótano de la Presidencia y, después, lo subieron a una camioneta y hasta ahora no aparece por ningún lado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
