Tapachula, Chiapas; 01 de febrero. – Este viernes se cumplieron tres días consecutivos de bloqueo carretero en las inmediaciones de la comunidad de Puerto Madero, al sur de la ciudad, y con ello, miles de unidades de carga, pasaje y particulares permanecen varadas.
La protesta deriva de la inconformidad de los habitantes de esa región del municipio, porque aseguran que el aún alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, les impuso al delegado y agente municipal, que, aún siendo simpatizantes de otros partidos políticos, habrían trabajado para él durante las pasadas campañas electorales.
Los manifestantes habían querido entablar una mesa de trabajos con las autoridades municipales para atender ese y otros problemas del poblado, como la inseguridad, el desbordamiento del comercio informal, la prostitución, la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, la falta de obras, entre otros.
Sin embargo, aseguran que Gurría Penagos no los quiso recibir y que por ello se vieron obligados a tomar esa medida extrema de bloquear la carretera.
Viendo la magnitud del problema, el Congreso del Estado y el Gobierno de Chiapas, envió en la noche de este viernes a una comisión de diputados locales y funcionarios estatales para entablar un diálogo con los manifestantes.
En plena carretera, la comitiva oficial escuchó de propia voz de los pobladores, la forma en la que aseguran Gurría los había engañado y traicionado, al haber impuesto a sus incondicionales sin tomar en cuenta la voluntad popular.
Ahí mismo, los diputados y funcionarios estatales se trataron de comunicar con el alcalde, pero no les contestó la llamada, aun cuando horas antes se habían reunido con él para buscar una posible solución.
En tanto, cámaras, colegios y organizaciones productivas de la región emitieron un comunicado conjunto dirigido a las tres órdenes de gobierno, en el que exigieron que se respete el estado de derecho y el libre tránsito, en el tema relacionado a ese bloqueo carretero.
“Vemos con gran preocupación la falta de aplicación de la ley y, a su vez, el enorme impacto que genera en pérdidas económicas con miles de millones de pesos para el sector económico y empresarial”, dijeron al recalcar que, con esa manifestación, no pueden accesar proveedores, directivos o trabajadores, y tampoco tiene salida los pedidos de clientes e interrumpe las labores y procesos de las empresas.
Advierten también que, ante esa pasividad gubernamental para atender ahora los problemas en la región, pudiera haber enfrentamientos que culminen en violencia.
Por ello exigieron realizar un desalojo y desbloqueo de las vías de comunicación a la brevedad, que se espera se lleve a cabo en las próximas horas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello