* Empresarios Piden Aplicar Estado de Derecho.
Tapachula, Chiapas; 21 de marzo del 2021.- El sector empresarial en la Costa de Chiapas, exigió este día al gobierno estatal y federal, se aplique el estado de derecho para aquellas personas que hagan bloqueos carreteros, lesionando la economía y perjudicando a quienes tienen que viajar, incluso por temas de salud.
Esto derivado de una nueva convocatoria del ex dirigente del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), Víctor Manuel Pinot Juárez, de bloquear en las primeras horas de este lunes la carretera costera, en un tramo carretero entre los municipios de Pijijiapan y Tonalá.
La amenaza es que se mantendrán bloqueando la carretera en un plantón indefinido hasta que les atiendan su pliego petitorio que, entre otras cosas, está el que las autoridades de esa institución y las federales de Conciliación y Arbitraje, sigan permitiendo que Pinot siga en ese cargo, aún cuando ha permanecido indebidamente ahí durante más de 20 años.
De paso, que le entreguen los millones de pesos de las cuotas sindicales y de otros “derechos” que señalan son recursos que debe administrar Pinot.
Valentín Cinco, consultor independiente y empresario de la región, lamentó que los cierres carreteros afectan a todas aquellas personas que, por la necesidad de viajar, tengan que quedarse encerrados entre los camiones en medio de la carretera con una serie de complicaciones físicas y de salud.
“En el caso del viernes que estuvo cerrada la carretera durante muchas horas, provocó severas pérdidas financieras y económicas gracias a las personas que bloquearon esa vía de comunicación, por lo que se continua sin aplicarse el estado de derecho”, opinó.
Asimismo, que en Chiapas se debe aplicar la Ley General de Transporte para todas la población y visitantes, “porque lo marca el articulo 533, reformado el año pasado por la Cámara de Diputados, donde se establecen sanciones con varios años de cárcel a quienes perjudiquen con ese tipo de bloqueos”.
Añadió que es importante que la Secretaría General de Gobierno y de Transporte actúen con las facultades para garantizar el libre tránsito, además de no ceder ante los chantajes. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa
