*Revela el Periódico The New York Times.
Washington.- El Gobierno de Enrique Pena Nieto espía a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados que delinean los mecanismos anticorrupción, con un sistema cibernético que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado, revela el periódico The New York Times.
“Los blancos del espionaje incluyen a los abogados que investigan la desaparición masiva de 43 estudiantes (Ayotzinapa), un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, a dos periodistas influyentes y a un abogado estadunidense que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de policías”, destaca el amplio artículo publicado en la primera plana del New York Times.
El sistema o equipo cibernético para el espionaje conocido como Pegasus, fue adquirido en el 2011 por el Gobierno de México a la empresa de Israel NSO Group, que asegura haberlo vendido bajo la condición de que no se usara contra la población civil.
“El acuerdo explicito indica que se utilizaría únicamente para combatir a terroristas a cárteles de las drogas y a grupos criminales que por mucho tiempo han secuestrado y asesinado a mexicanos”, subraya el reportaje firmado por los reporteros Azam Ahmed y Nicole Pelroth.
El espionaje del Gobierno de Peña Nieto se sustenta en la activación del software de Pegasus en los teléfonos inteligentes.
“La compañía simplemente le cobra al Gobierno en base al número de blancos espiados. Para espiar a 10 usuarios de teléfonos iPhone, por ejemplo, la compañía hace un cargo de 650 mil dólares encima de otro cargo de 500 mil dólares por la instalación del sistema, de acuerdo a las propuestas de mercadeo de NSO; revisadas por el The New York Times”, enfatiza el reportaje que en las páginas interiores ocupa dos planas completas.
Los Espiados.
Los personajes espiados por el Gobierno de Pena Nieto que fueron identificados en el artículo del New York Times son: Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien ayudo a escribir la legislación anticorrupción; la periodista Carmen Aristegui y su hijo adolescente, Emilio; Mario E. Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante de los padres de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala Guerrero en Septiembre de 2014.
También Santiago Aguirre, abogado representante de los familiares de los normalistas; la abogada estadunidense Stephanie E. Brewer, quien representa a personas que participaron en las protestas de San Salvador Atenco, Estado de México y que fueron víctimas de ataque sexual cuando estuvieron encarceladas, y el conductor del programa de noticias de la mañana de Televisa, Carlos Loret.
“El uso de un sofisticado arsenal cibernético contra ciudadanos, es una pizca de la lucha del mismo México, lo que genera preguntas profundas éticas y legales al gobierno mexicano que ya enfrenta una crítica severa por su historial en derechos humanos”, apunta el reportaje del influyente diario estadunidense.
Bajo las leyes mexicanas, únicamente un Juez federal puede autorizar el espionaje de comunicaciones privadas y solamente cuando las autoridades demuestren evidencias que sustenten el pedido al Magistrado. (Apro)
