* Aclara el SAT.
Ciudad de México, 22 de octubre.- La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, rechazó que el exigir que se cumpla con las obligaciones fiscales, sea «terrorismo fiscal» o una persecución política contra los contribuyentes al tiempo que defendió la reforma que obligará a los jóvenes para que a partir de los 18 años se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) al señalar que se busca protegerlos contra el robo de identidad.
Al iniciar el análisis de la Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal 2022 ante las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado, la funcionaria lamentó que exista por parte de algunos legisladores y algunos medios de comunicación un abuso del lenguaje al afirmar que ciertas medidas contenidas en la Miscelánea Fiscal 2022 son «terrorismo fiscal».
«Si a un niño le hacen un examen, nadie dice que es terrorismo educativo y si reprueba y lo hacen repetir el año no es una persecución política. Tampoco, si a un asesino, a un narcotraficante se mete a la cárcel o se le obliga a expiar sus faltas, tampoco es terrorismo penal. Entonces, tampoco puede ser considerado terrorismo fiscal el que la gente se le exija cumplir con sus obligaciones, no se les pide más, no se les pide menos. Simplemente cumplir con la ley», argumentó.
Ante los cuestionamientos de senadores de oposición, dijo que la obligación partir de 2022 de que todos los mayores de 18 años se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), busca evitar el robo de identidad, la defraudación fiscal y uso de empresas fantasma.
«¿Por qué obligatorio?, la idea de obligatorio es porque nosotros queremos hacer conscientes a la ciudadanía y un joven es ciudadano a partir de los 18 años en nuestro país de que es su obligación contribuir con su país, que es un deber y una obligación ética que todo mundo que reciba y perciba un ingreso tiene que abonar y tiene que aportar a su país, para eso está el Estado, tiene siglos y siglos y es en todos los países», indicó Buenrostro.
Aseguró que el SAT está preocupado por proteger a los jóvenes de las empresas fantasma y de ahí la implementación de esta medida.
«El 70 por ciento de las empresas fantasma no se da de alta en el SAT, se dan de alta con los fedatarios» por lo «cuando buscamos quiénes son los representantes legales son jóvenes de 18 años o gente mayor de 85 años y luego estas empresas trabajan tres meses y mueven miles de millones de pesos y luego ya no vuelven operar».
«Encontramos personas de 18 años que tenían 700 empresas con cientos de miles de millones de pesos y que no los encontrábamos en ningún lado», explicó la titular del SAT.
Dijo que cuando el SAT empezó «a jalar los datos de manera automática resulta que tiene un ingreso mensual de 80 millones de pesos y cuando vamos a buscar a la persona, a veces la persona no existe, a veces ya se murió y a veces son jóvenes o adultos mayores que están en la sierra, que están en comunidades muy populares, muy pobres y que no tienen idea de lo qué está pasando».
Respecto al tema de las donatarias, precisó que la medida de limitar la deducción de impuestos por donativos a organizaciones civiles tiene dedicatoria.
«El tema no son las donatarias, una donataria puede recibir todo el dinero que quiera. No hay problema».
Aseguró que con estos límites que nosotros estamos poniendo se verían afectados con datos de 2019 y 2020, sólo son siete personas que pertenecen a la misma familia con deducciones de entre 370 y 340 millones de pesos. Sun
