Alfonso Pérez Daza
En medio de las dos visiones que han planteado las candidatas a la Presidencia de la República respecto a reformar o no la Constitución para elegir mediante el voto popular a las ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subyace una idea central: debe existir en México un tribunal capaz de juzgar los actos u omisiones de los Poderes del Estado, locales y federales, cuando se les acusa de haber violado las leyes constitucionales. En este sentido, es necesario garantizar el absoluto respeto de nuestra Constitución.
El profesor Kurt G. Bayer destaca las aportaciones de Hans Kelsen en la redacción de la Constitución Federal Austriaca, en especial de la Corte de Justicia Constitucional. Al respecto, considera que la función de esta Corte puede representar un apoyo a la unidad del Estado, al subsanar las violaciones a los principios establecidos en la Constitución y eliminar las controversias legales entre las autoridades de los Estados Federados. Lo anterior representa una cierta garantía para que no se desvanezca un país como un todo.
De ese tamaño es la importancia de la Suprema Corte, que continúa trabajando de manera eficaz al margen de las campañas electorales. Ejemplo de lo anterior es que, recientemente, la Corte invalidó el artículo 203, párrafo segundo, de la Constitución del Estado de Nuevo León. Este artículo facultaba al Congreso local, en su calidad de órgano acusador, para separar de su encargo a un servidor público acusado en un juicio político.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, demandó al Poder Legislativo local al considerar que el juicio político que se tramita actualmente en su contra no ha concluido, por lo que no debe proceder su separación del cargo mientras no se resuelva en definitiva. De esta forma, la Suprema Corte le dio la razón al Poder Ejecutivo de Nuevo León, toda vez que consideró que «el ejercicio de dicha facultad implicaba realmente imponer una sanción, cuya aplicación es competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, como jurado de sentencia, al resolver en definitiva el juicio político».
Al dictar sentencia en la controversia constitucional 31/2023, nuestro Máximo Tribunal no solo dio muestra de que sus resoluciones se respetan, sino que es una institución eficaz para resolver conflictos entre los titulares de los Poderes de una entidad federativa y que es la única autoridad competente para interpretar y hacer valer en definitiva la vigencia de nuestra Constitución. A través de estas decisiones la Suprema Corte contribuye a la estabilidad de la vida pública nacional. Sun