*El Ex Funcionario Acudió a una Audiencia en la Corte de Virginia.
Virginia. El exdirector del FBI, James Comey, compareció por primera vez ante el tribunal el miércoles en el marco de una causa penal en su contra que, según los expertos jurídicos, plantea importantes obstáculos para la acusación y que probablemente supondrá un reto para el Departamento de Justicia a la hora de obtener una sentencia favorable.
Comey fue acusado el martes en Carolina del Norte de proferir amenazas contra el presidente Donald Trump en relación con una fotografía que publicó el año pasado en las redes sociales en la que se veían conchas marinas dispuestas formando los números «86 47».
El Departamento de Justicia sostiene que esos números constituían una amenaza contra Trump, el 47.º presidente (en la jerga estadounidense, el 86 puede significar eliminar o deshacerse de algo o alguien). Comey ha afirmado que supuso que los números reflejaban un mensaje político, no una incitación a la violencia contra el presidente republicano, y que eliminó la publicación tan pronto como vio que algunas personas la interpretaban de esa manera.
La acusación es la segunda contra Comey, un adversario de Trump desde hace mucho tiempo que se remonta a su época como director del FBI, en el último año. La primera, por cargos no relacionados de declaración falsa y obstrucción, fue desestimada por un juez el año pasado.
Ahora, los fiscales que llevan el caso de las amenazas se enfrentan al reto de demostrar que Comey tenía la intención de comunicar una amenaza real o, al menos, que descartó de forma imprudente la posibilidad de que la declaración pudiera entenderse como una amenaza.
La acusación formal imputa a Comey haber actuado «a sabiendas y de forma deliberada», pero su escaso contenido no respalda esa afirmación. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, se negó a dar más detalles en una rueda de prensa sobre qué pruebas de intencionalidad tiene el gobierno. Sin embargo, es probable que las amplias garantías de la Primera Enmienda en materia de libertad de expresión, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las declaraciones públicas de Comey —en las que indica que no tenía intención de transmitir una amenaza— supongan una gran dificultad para el gobierno.
«En este caso, “86” es ambiguo: no implica necesariamente una amenaza de violencia, y el hecho de que fuera el director del FBI quien lo publicara de forma abierta y notoria en una red social sugiere que no tenía la intención de transmitir una amenaza de violencia», escribió en un mensaje de texto John Keller, un antiguo alto cargo del Departamento de Justicia que dirigió un grupo de trabajo para perseguir las amenazas violentas contra el personal electoral.
El caso se tramitó en el Distrito Este de Carolina del Norte, donde se encuentra la playa en la que Comey afirmó haber encontrado las conchas marinas. El miércoles compareció brevemente ante el tribunal federal de Alexandria (Virginia), el estado en el que reside.
Comey no habló ni se pronunció sobre los cargos durante la comparecencia, que duró aproximadamente cinco minutos. Sin embargo, su equipo legal adelantó al menos un argumento que se prevé que se esgrima: el abogado defensor Patrick Fitzgerald afirmó que la defensa tenía la intención de alegar que la acusación actúa de forma vengativa y selectiva, y que solicitaría a los fiscales que conservaran las comunicaciones que pudieran ser relevantes para dicha moción.
El juez federal de primera instancia William Fitzpatrick también rechazó la solicitud del gobierno de imponer condiciones a la libertad de Comey, calificándola de una medida innecesaria.
Como director del FBI, Comey supervisó los primeros meses de una investigación sobre si la campaña de Trump de 2016 se había coordinado con Rusia para influir en el resultado de las elecciones de ese año. Comey fue despedido por Trump a los pocos meses de comenzar el primer mandato del presidente, y desde entonces el presidente y sus partidarios han buscado venganza por la investigación sobre Rusia.
El Tribunal Supremo ha dictaminado que las declaraciones no están protegidas por la Primera Enmienda si cumplen los requisitos legales de una «amenaza real».
Esto exige que la fiscalía demuestre, como mínimo, que el acusado ignoró de forma imprudente el riesgo de que una declaración pudiera interpretarse como una amenaza de violencia. En un caso del Tribunal Supremo de 2023, la mayoría sostuvo que la fiscalía debe demostrar que «el acusado tenía cierta percepción subjetiva del carácter amenazante de sus declaraciones».
