¿Ayuda o Burla?
Oscar D. Ballinas Lezama
Increíble pero cierto. El Gobierno Federal ha manifestado que ‘otorgarán créditos preferenciales’ a las familias de damnificados por los sismos de septiembre negro, en Oaxaca y Chiapas.
Como si fuera un favor, les hace ver a los que se quedaron sin nada, algunos hasta sin sus familiares, que otorgándoles la misericordia de esos préstamos con una tasa fija anual del 7 por ciento, pagaderos a diez años, es como si estuvieran recibiendo la bendición de Dios o sacándose la lotería.
Les han prometido también que si se endrogan con ese préstamo, les darán otro recurso proveniente del Fonden; mientras del millonario donativo que dieron varios países del mundo, empresas privadas, deportistas y artistas conocidos, nadie quiere hablar y la Federación se deslindó a través de la Secretaría de Hacienda, echándole la bolita’ a la Cruz Roja y a las mismas empresas privadas que otorgaron esa millonaria ayuda.
Para poder otorgarles esos créditos a quienes se ‘quedaron en la más completa ruina’, debido que perdieron sus viviendas, autos y demás propiedades, éstos deberán tener su folio respectivo y censo realizado por la Sedatu, o en su caso las tarjetas entregadas por Bansefi, que hasta ahora parece ser que carecen de fondo, según varios afectados que las recibieron.
Y en el caso de las personas damnificadas que tengan más de 65 años de edad, les aclara el Gobierno Federal, para que las empresas productoras de vivienda registradas y con experiencia no pierdan dinero, los que reciban esos créditos con el consabido interés, tendrán que obligar a sus hijos a firmar el compromiso de pagar la deuda, que crearán ante la urgente necesidad de rehabilitar sus viviendas destruidas por el terremoto.
Por otro lado, en los municipios del Soconusco crece la inconformidad entre padres de familias de las escuelas federalizadas, ya que toda la documentación que habían entregado en las oficinas del INIFECH, fue quemada hace varias semanas por un grupo de misteriosos enmascarados, quitándole con ello la posibilidad a las instituciones educativas afectadas por el sismo de poder ser reconstruidas en tiempo y forma.
Ahora, Directores y maestros de esos colegios federalizados están exigiendo a los padres de familia a que ‘cooperen’ con 300 Pesos cada uno, supuestamente la finalidad es que ese dinero sirva para reparar los daños de sus escuelas; amén de firmar un documento en el que deslindan de cualquier responsabilidad a los Directores de esos centros escolares.
“Acordamos iniciar las clases, exonerando de toda responsabilidad civil o penal a director o maestros, así como por cualquier daño a la integridad física de nuestros hijos, por eventos de carácter natural o consecuencias del mismo; así como por cualquier eventualidad que origine algún problema planteado por la Secretaría de Educación Pública, o dependencia de gobierno; por el reinicio de clases”, reza el documento que están obligando a firmar a los padres de familias y con ello se lavan las manos, en caso de una desgracia en la que pudieran salir heridos o muertos los niños estudiantes.
Por otro lado, ante el tortuguismo burocrático del Gobierno Federal, decenas de escuelas en la Costa chiapaneca están dando sus clases en la calle, donde han instalado carpas y tapado vialidades bajo el argumento de que no tienen otra salida; algunos padres de familia se extrañan que la Secretaría de Educación no haya solicitado hasta ahora, como en el caso de Tapachula, habilitar el área de Los Cerritos que está techada, para que ahí se den las clases mientras que llega el día en que finalmente, lleguen los recursos para la reconstrucción, si es que llegan.
En otro orden de ideas, la voz exigente del diputado federal Enrique Zamora Morlet, sigue escuchándose en la más alta tribuna del país, desde donde ha solicitado que se detenga la voracidad de la CFE que sigue cobrando tarifas exorbitantes al pueblo chiapaneco, que paradójicamente es una entidad generadora de energía eléctrica para surtir a todo el país, incluso a Guatemala.
En esta ocasión, Zamora Morlet se le fue a la yugular al Consejo de la Judicatura Federal, exigiendo realicen las gestiones necesarias a fin de reubicar los Juzgados Mixtos, Primero y Segundo de Distrito del Vigésimo Circuito ubicados en el centro de Tapachula, y estos sean enviados al Cefereso, ubicado en Villa de Comaltitlán.
“Esto no es solo un reclamo de un legislador chiapaneco preocupado por la inseguridad que reina en los municipios de la costa, sino soy portavoz de otra de las exigencias de las cámaras empresariales, colegiados, asociaciones civiles y población en general, que piden a gritos la reubicación de esos juzgados que nos mantienen al filo de la navaja”, dijo Zamora Morlet.
