Focos Rojos
Oscar D. Ballinas Lezama
No cabe duda que a los habitantes del Soconusco les está lloviendo sobre mojado; por un lado, la inseguridad ha puesto en ‘alerta roja’ a los municipios del corredor migratorio en la Costa; mientras que por otro, los extranjeros indocumentados ingresan violentamente agrediendo a las autoridades y la ciudadanía, al amparo de una ayuda humanitaria que han malinterpretado.
La gente que vive en esta zona de la frontera sur ha sido puesta contra la pared, ya que con el argumento de proteger los derechos humanos de los migrantes las autoridades de los tres niveles de Gobierno no pueden actuar en contra de los extranjeros que violentan la ley, dejando en estado de indefensión a sus connacionales.
Para nadie es secreto que al no tener un control migratorio y de salud sobre los extranjeros que ingresan en la frontera con Guatemala, se filtran personas con malos antecedentes en su país, y se teme que algunos de ellos puedan ser portadores de enfermedades como la malaria, pues ya han detectado a miembros de estas caravanas en otras fronteras sudamericanas.
Ojalá que nuestras autoridades de las tres instancias de Gobierno se ‘pongan las pilas’ para que se coordinen en la organización de esta ‘migración humanitaria’, que hasta ahora no vislumbra nada positivo para los mexicanos, sobre todo los habitantes de los municipios de la Costa que con la autorización de una frontera de puertas abiertas, les tocó ‘bailar con la más fea’.
En otras cosas, son ya varias personas que se quejan de haber sido engañados por parte de empleados y funcionarios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en Tapachula.
Los presuntos afectados aseguran que hace varios meses iniciaron sus estudios de Secundaria en las oficinas del INEA, ubicadas sobre la Primera Oriente, casi frente al parquecito ‘Amparo Montes, donde fueron recibidos y atendidos por Suleyma Aguilar, quien funge como secretaria, y Marco Antonio Malo, quien se decía encargado de esa dependencia federal en esta ciudad.
El caso es que muchas de estas personas mayores de edad, son trabajadores que con sacrificios hicieron un esfuerzo extra para sacar sus estudios de Secundaria, mismos que les son exigidos en sus empleos; luego de presentar los exámenes correspondientes, los afectados afirman que al parecer Marco Antonio Malo les pidió algunas cantidades de dinero que, según él como representante del INEA en Tapachula, serviría para tramitar la firma de sus certificados en Tuxtla Gutiérrez.
Los quejosos mencionaron que pasaron los meses y cuando acudían a ver al funcionario para que les dieran dicho documento siempre les salía con evasivas sobre que faltaba la firma electrónica del Director General de la institución federal, o que debido al cambio de gobierno ya es otro funcionario; así, cansados de tanta espera se entrevistaron hace pocos días con el Delegado del INEA en esta región, Rosalino Rodríguez, quien campechanamente les dijo que no debieron hacer compromiso con sus patrones en cuanto a asegurarles que estudiando obtendrían el certificado de Secundaria en esa institución; y en cuanto al dinero que les pidieron, buscaría al responsable Marco Antonio Malo para exigirle que se los devolviera.
Ante esta negativa y fraude cometido presuntamente por funcionarios y empleados del INEA en Tapachula, los afectados exigen a las autoridades del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ordene una investigación a fondo y se castigue a los supuestos responsables, amén de cumplirles con la entrega de sus respectivos certificados de secundaria.
Otros que al parecer tienen problemas en el sector educativo, son las organizaciones sindicales del Colegio de Bachilleres a nivel nacional, que expresaron su inconformidad contra la Federación por la reducción de más de 3 mil 500 millones de Pesos al presupuesto del subsistema para el ejercicio fiscal del 2019.
Explicaron que dicho reducción representa un 25 por ciento con relación al ejercicio del año anterior, afectando directamente el rubro de servicios personales y gastos de operación de los planteles, la calidad de la educación que reciben los estudiantes cobachenses y las percepciones salariales de los trabajadores, derechos que, afirman, los adquirieron y les fueron reconocidos legalmente en sus contratos colectivos de trabajo.
Afirmaron que esa reducción presupuestal deja en condición de riesgo los servicios de la educación pública en el nivel Medio Superior, que atiende a la mayoría de los jóvenes mexicanos que cursan bachillerato en las aulas cobachenses, agregando consideran tener en contra una ley fiscal injusta que favorece mucho a la Federación y perjudica considerablemente a los Estados.
Finalmente, advierten que de no ser atendidas sus demandas de la defensa de su presupuesto de sus instituciones educativas, iniciarán un paro laboral nacional a partir del próximo 28 de Febrero de este año.
