viernes, abril 19, 2024
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ALFIL NEGRO

Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista (Eclesiastés 10:1)

No dan Pie con Bola
Oscar D. Ballinas Lezama

La inseguridad en que viven los habitantes de la costa del Soconusco, está rebasando los límites de la paciencia de muchos ciudadanos que, a través de los medios de comunicación, han empezado a exigir a las tres instancias de gobierno, trabajen en forma coordinada para abatir los altos índices de la delincuencia en esta región del sureste mexicano.
De poco servirán los grandes proyectos anunciados para esta frontera del sur, si nadie puede vivir con la tranquilidad de no ser asaltado, secuestrado, violado y asesinado, como ha venido sucediendo en los últimos años, sobre todo en los meses más recientes.
Es importante que los gobiernos en turno analicen a profundidad la actuación que los jefes policiacos han tenido, incluyendo al mismo Fiscal General del Estado, quienes hasta ahora no han dado ‘pie con bola’ y la inseguridad se les está yendo de las manos, provocando que el tejido social siga resquebrajándose en medio de la zozobra que viven sus integrantes, al saber que no tienen quien los defienda y garantice su seguridad.
Desde Suchiate hasta la airosa Arriaga, la delincuencia se ha apoderado de todos y cada uno de los municipios ubicados en esta zona geográfica de la costa chiapaneca, en donde los ciudadanos al no encontrar la ayuda de la policía para resguardar su seguridad, se han desesperado y están conformando grupos de autodefensa que actúan fuera de la ley.
Gran parte de la población soconusquense, manifiesta que la delincuencia en los municipios que conforman el ‘túnel migratorio’ del sureste mexicano, se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional, ya que las bandas delincuenciales locales están mutando con la integración de peligrosos hampones centroamericanos, principalmente de los implacables ‘maras salvatruchas’ que no se tientan el corazón para asesinar a sus víctimas.
Afirman los ciudadanos soconusquenses, que las diversas corporaciones policiacas que emergen de los gobiernos federal, estatal y municipal, no han demostrado capacidad en la prevención e investigación de la mayoría de los delitos, no obstante que las autoridades de esos tres órdenes de gobierno, juran y perjuran que han canalizado cientos de millones de pesos, para armarlos y profesionalizarlos; con el afán de que cumplan su objetivo de brindar protección a la ciudadanía.
Suchiate y Tapachula son los municipios en donde más prolifera la delincuencia, principalmente porque se han convertido en lugares de residencia de miles de extranjeros, muchos de los cuales carecen de trabajo y buscan llegar al norte del país y al no tener dinero suficiente para sobrevivir en su travesía, se ven en la necesidad de cometer delitos.
Nadie duda que en estos grupos de clicas o pandillas que se han conformado en la costa de Chiapas, luego de poner en marcha un programa humanitario que permite mantener abierta la frontera del sur, muchos indocumentados conforman las filas de los que delinquen, no solo por carecer de un trabajo, sino porque es a lo que se dedicaban en sus países de origen, de donde salieron huyendo debido a la persecución que hacían de ellos las autoridades de aquellas naciones centroamericanas.
Algunos analistas inmersos en la seguridad, plantean la urgencia de buscar soluciones que abatan los índices de la delincuencia en esta región fronteriza, argumentando que las autoridades deben escuchar la voz del pueblo, así como exigir a los diputados federales y locales, incluyendo a los senadores chiapanecos, que volteen el rostro hacia esta región y hagan su ‘chamba’ en la búsqueda de soluciones al problema.
Ya no se trata de que las diversas corporaciones policiacas se estén echando la bolita, responsabilizándose unos a otros por la incapacidad que todos han mostrado hasta esta fecha; es hora de dar resultados y realizar los cambios pertinentes en los mandos; ’barrer las escaleras de arriba hacia abajo’, como dice el presidente de la república, limpiar la casa de corrupción, incapacidad y falta de voluntad para hacer su trabajo como Dios manda, tomando en consideración que de ello dependen muchas vidas y las propiedades de la gente que paga sus impuestos para tener ese servicio de seguridad.

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