sábado, octubre 1, 2022
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INDICADOR POLÍTICO

Militares en Seguridad, Desde
2006; y Todos Quieren Balazos

Por Carlos Ramírez

La participación de militares en labores de apoyo a la seguridad pública y en función de una crisis de seguridad interior ha tenido dos etapas: el uso de las Fuerzas Armadas a partir de diciembre de 2006 y la transformación de la Policía Federal en Guardia Nacional con personal y formación militar.
La diferencia entre la administración civil y militar de agrupaciones de seguridad pública está determinada por los rangos de disciplina al interior de las corporaciones: la militar es muy estricta y la civil está dominada por mecanismos administrativos. Las dos policías federales de 1998 al 2018 tuvieron mayores rangos de perversión interna que las de la policía militar que se movía en el cumplimiento de las reglas castrenses.
Las Fuerzas Armadas participaron en labores de seguridad ante la incapacidad administrativa, operativa y de organización de las dos policías federales. En diciembre de 2006, el presidente de origen panista Felipe Calderón Hinojosa decidió declarar la guerra al crimen organizado en Michoacán y en otras plazas a partir de una realidad inocultable: las bandas criminales habían tenido la complicidad de autoridades civiles, políticas y de seguridad para incrementar su capacidad operativa y rebasar en algunos casos los rangos de respuesta de las policías federales y estatales.
En agosto de 2008, el presidente Calderón aceptó, en los hechos, la incapacidad civil para atender la desorganización total de las estructuras de seguridad del Estado y aprobó un acuerdo de 74 reformas concretas del sistema de seguridad civil que debieron de cumplirse para decidir el regreso de los militares a sus cuarteles; en menos de un año, las autoridades civiles tiraron a la basura ese acuerdo, se negaron a realizar las reformas indispensables de seguridad y justicia y aceptaron la presencia de las fuerzas militares. De haber cumplido esa profunda reforma, los militares hubieran entregado la seguridad a los civiles.
El fracaso civil del Estado desde 1970 fue escalando la crisis de seguridad pública –protección de la propiedad de los particulares–, llegó a un colapso de la seguridad interior –incapacidad del Estado para proteger el territorio interno para la producción, la distribución y el sistema democrático– y terminó colapsando la seguridad nacional –transnacionalización del crimen organizado–.
La decisión de trasladar a las Fuerzas Armadas la crisis articulada en las tres seguridades fue producto de la incapacidad de las autoridades civiles para combatir las diferentes expresiones de la delincuencia y el crimen organizado/desorganizado. La decisión pública desde el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988 de replantear la doctrina de seguridad nacional del Estado mexicano dejó muy en claro la diferenciación de conceptos: una militarización implica la captura del poder civil por representantes castrenses y un enfoque militar de las tres seguridades implica el compromiso del Estado de garantizar el bienestar civil y el funcionamiento político de las instituciones.
El fracaso de la seguridad pública civil carece de justificaciones. Pero el asunto es mayor cuando se asume con responsabilidad la doctrina de las tres seguridades. La participación de los militares en seguridad pública con leyes y reglamentos muy claros mandaría el mensaje a la delincuencia de que se estarían enfrentando no a policías corrompibles con armas de bajo calibre, sino que estarían confrontándose con la estructura del Estado que tiene como definición el monopolio de la fuerza para defender los derechos de los ciudadanos.
La supuesta militarización tiene, desde los militares que comenzaron en labores de seguridad pública en 1988 a la fundación de la Guardia Nacional en 2018, pruebas contundentes de que los militares nunca han pensado en tomar el poder civil y político y se han sometido a la disciplina institucional de las autoridades civiles. Y es paradójico que la estructura militar de la Guardia Nacional no haya incrementado violaciones a los derechos humanos, pero sí ha tenido que enfrentar exigencias ciudadanas de una mayor profundidad en su combate al crimen organizado.
El viejo Estado de bienestar del régimen priista fue aniquilado por la incapacidad y corrupción de funcionarios priistas que permitieron y hasta prohijaron la existencia de bandas criminales. Hoy se tienen las características de un Estado de seguridad interior que articula seguridad, garantías democráticas y bienestar.
El gran debate en torno a la Guardia Nacional se localiza en el debate sobre el Estado de seguridad interior.
Política para dummies: La política oculta las nuevas prioridades
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
[email protected]
http://elindependiente.com.mx
@carlosramirezh
Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh

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La diferencia entre la administración civil y militar de agrupaciones de seguridad pública está determinada por los rangos de disciplina al interior de las corporaciones: la militar es muy estricta y la civil está dominada por mecanismos administrativos. Las dos policías federales de 1998 al 2018 tuvieron mayores rangos de perversión interna que las de la policía militar que se movía en el cumplimiento de las reglas castrenses.
Las Fuerzas Armadas participaron en labores de seguridad ante la incapacidad administrativa, operativa y de organización de las dos policías federales. En diciembre de 2006, el presidente de origen panista Felipe Calderón Hinojosa decidió declarar la guerra al crimen organizado en Michoacán y en otras plazas a partir de una realidad inocultable: las bandas criminales habían tenido la complicidad de autoridades civiles, políticas y de seguridad para incrementar su capacidad operativa y rebasar en algunos casos los rangos de respuesta de las policías federales y estatales.
En agosto de 2008, el presidente Calderón aceptó, en los hechos, la incapacidad civil para atender la desorganización total de las estructuras de seguridad del Estado y aprobó un acuerdo de 74 reformas concretas del sistema de seguridad civil que debieron de cumplirse para decidir el regreso de los militares a sus cuarteles; en menos de un año, las autoridades civiles tiraron a la basura ese acuerdo, se negaron a realizar las reformas indispensables de seguridad y justicia y aceptaron la presencia de las fuerzas militares. De haber cumplido esa profunda reforma, los militares hubieran entregado la seguridad a los civiles.
El fracaso civil del Estado desde 1970 fue escalando la crisis de seguridad pública –protección de la propiedad de los particulares–, llegó a un colapso de la seguridad interior –incapacidad del Estado para proteger el territorio interno para la producción, la distribución y el sistema democrático– y terminó colapsando la seguridad nacional –transnacionalización del crimen organizado–.
La decisión de trasladar a las Fuerzas Armadas la crisis articulada en las tres seguridades fue producto de la incapacidad de las autoridades civiles para combatir las diferentes expresiones de la delincuencia y el crimen organizado/desorganizado. La decisión pública desde el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988 de replantear la doctrina de seguridad nacional del Estado mexicano dejó muy en claro la diferenciación de conceptos: una militarización implica la captura del poder civil por representantes castrenses y un enfoque militar de las tres seguridades implica el compromiso del Estado de garantizar el bienestar civil y el funcionamiento político de las instituciones.
El fracaso de la seguridad pública civil carece de justificaciones. Pero el asunto es mayor cuando se asume con responsabilidad la doctrina de las tres seguridades. La participación de los militares en seguridad pública con leyes y reglamentos muy claros mandaría el mensaje a la delincuencia de que se estarían enfrentando no a policías corrompibles con armas de bajo calibre, sino que estarían confrontándose con la estructura del Estado que tiene como definición el monopolio de la fuerza para defender los derechos de los ciudadanos.
La supuesta militarización tiene, desde los militares que comenzaron en labores de seguridad pública en 1988 a la fundación de la Guardia Nacional en 2018, pruebas contundentes de que los militares nunca han pensado en tomar el poder civil y político y se han sometido a la disciplina institucional de las autoridades civiles. Y es paradójico que la estructura militar de la Guardia Nacional no haya incrementado violaciones a los derechos humanos, pero sí ha tenido que enfrentar exigencias ciudadanas de una mayor profundidad en su combate al crimen organizado.
El viejo Estado de bienestar del régimen priista fue aniquilado por la incapacidad y corrupción de funcionarios priistas que permitieron y hasta prohijaron la existencia de bandas criminales. Hoy se tienen las características de un Estado de seguridad interior que articula seguridad, garantías democráticas y bienestar.
El gran debate en torno a la Guardia Nacional se localiza en el debate sobre el Estado de seguridad interior.
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La diferencia entre la administración civil y militar de agrupaciones de seguridad pública está determinada por los rangos de disciplina al interior de las corporaciones: la militar es muy estricta y la civil está dominada por mecanismos administrativos. Las dos policías federales de 1998 al 2018 tuvieron mayores rangos de perversión interna que las de la policía militar que se movía en el cumplimiento de las reglas castrenses.
Las Fuerzas Armadas participaron en labores de seguridad ante la incapacidad administrativa, operativa y de organización de las dos policías federales. En diciembre de 2006, el presidente de origen panista Felipe Calderón Hinojosa decidió declarar la guerra al crimen organizado en Michoacán y en otras plazas a partir de una realidad inocultable: las bandas criminales habían tenido la complicidad de autoridades civiles, políticas y de seguridad para incrementar su capacidad operativa y rebasar en algunos casos los rangos de respuesta de las policías federales y estatales.
En agosto de 2008, el presidente Calderón aceptó, en los hechos, la incapacidad civil para atender la desorganización total de las estructuras de seguridad del Estado y aprobó un acuerdo de 74 reformas concretas del sistema de seguridad civil que debieron de cumplirse para decidir el regreso de los militares a sus cuarteles; en menos de un año, las autoridades civiles tiraron a la basura ese acuerdo, se negaron a realizar las reformas indispensables de seguridad y justicia y aceptaron la presencia de las fuerzas militares. De haber cumplido esa profunda reforma, los militares hubieran entregado la seguridad a los civiles.
El fracaso civil del Estado desde 1970 fue escalando la crisis de seguridad pública –protección de la propiedad de los particulares–, llegó a un colapso de la seguridad interior –incapacidad del Estado para proteger el territorio interno para la producción, la distribución y el sistema democrático– y terminó colapsando la seguridad nacional –transnacionalización del crimen organizado–.
La decisión de trasladar a las Fuerzas Armadas la crisis articulada en las tres seguridades fue producto de la incapacidad de las autoridades civiles para combatir las diferentes expresiones de la delincuencia y el crimen organizado/desorganizado. La decisión pública desde el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988 de replantear la doctrina de seguridad nacional del Estado mexicano dejó muy en claro la diferenciación de conceptos: una militarización implica la captura del poder civil por representantes castrenses y un enfoque militar de las tres seguridades implica el compromiso del Estado de garantizar el bienestar civil y el funcionamiento político de las instituciones.
El fracaso de la seguridad pública civil carece de justificaciones. Pero el asunto es mayor cuando se asume con responsabilidad la doctrina de las tres seguridades. La participación de los militares en seguridad pública con leyes y reglamentos muy claros mandaría el mensaje a la delincuencia de que se estarían enfrentando no a policías corrompibles con armas de bajo calibre, sino que estarían confrontándose con la estructura del Estado que tiene como definición el monopolio de la fuerza para defender los derechos de los ciudadanos.
La supuesta militarización tiene, desde los militares que comenzaron en labores de seguridad pública en 1988 a la fundación de la Guardia Nacional en 2018, pruebas contundentes de que los militares nunca han pensado en tomar el poder civil y político y se han sometido a la disciplina institucional de las autoridades civiles. Y es paradójico que la estructura militar de la Guardia Nacional no haya incrementado violaciones a los derechos humanos, pero sí ha tenido que enfrentar exigencias ciudadanas de una mayor profundidad en su combate al crimen organizado.
El viejo Estado de bienestar del régimen priista fue aniquilado por la incapacidad y corrupción de funcionarios priistas que permitieron y hasta prohijaron la existencia de bandas criminales. Hoy se tienen las características de un Estado de seguridad interior que articula seguridad, garantías democráticas y bienestar.
El gran debate en torno a la Guardia Nacional se localiza en el debate sobre el Estado de seguridad interior.
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