Blanca Lilia Ibarra Cadena
(Comisionada del Inai)
La apertura del Estado es una aspiración ciudadana que legitima la labor de los poderes públicos al generar condiciones que permiten entender sus funciones sustanciales, mejorar la percepción sobre su actuar y evaluar su desempeño. En ese proceso, el Poder Judicial no queda exento pues todas las personas tienen derecho a conocer sobre los procedimientos de impartición de justicia y los argumentos que sustentaron las correspondientes determinaciones.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, el 40.3% de la sociedad encuestada considera a las personas impartidoras de justicia -Jueces y Magistrados- como actores que inspiran confianza, lo que los coloca sólo por encima de sindicatos, ministerios públicos, policías, legisladores y partidos políticos.
Para revertir lo anterior se requiere acercar y democratizar los poderes judiciales y sus funciones, así como promover una cultura jurídica sustentada en la inclusión y alejada de toda discriminación o intereses públicos o privados. Alcanzar ese fin demanda transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas. Por ello, es fundamental continuar estrechando vínculos interinstitucionales que permitan consolidar esos derechos como pilares de los procesos jurisdiccionales.
En ese contexto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) firmamos un convenio de colaboración que nos permite refrendar, por tercera ocasión (2016, 2021 y 2024), el valor que tienen esas prerrogativas para afirmar y comprobar que en un Estado democrático de derecho se garanticen las libertades básicas mediante procesos legales claros y transparentes.
No puede haber debido proceso legal sin transparencia, tampoco tutela judicial efectiva sin publicidad; menos aún, rendición de cuentas si no pueden leerse las sentencias. Es en la búsqueda de ese objetivo que, en su carácter de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la ministra Norma Lucia Piña Hernández nos recibió a quienes integramos el Pleno del Inai para llevar a cabo la firma de este convenio.
El papel protagónico de los poderes judiciales para la consolidación del Estado constitucional, y como garantes de derechos humanos, exige cercanía y una visión apegada a la realidad social, pues sólo así lograremos hacer tangibles los avances y generar nuevos mecanismos que promuevan proximidad ciudadana fomentando su comprensión e impulsando su participación en los procesos judiciales, de por sí complejos.
Sin duda, este convenio constituye un paso importante hacia una sociedad más transparente, justa y democrática; un punto de partida para continuar consolidando un vínculo estrecho e indisoluble entre el derecho a saber y el acceso a la justicia, y una ruta para aumentar los márgenes de justicia y probidad pública, tan urgentes en la actualidad.
Desde el Inai asumimos ese compromiso con convicción, pues somos conscientes de que es necesario consolidar la justicia abierta para construir un Estado abierto y transparente. Sun
