KamelAthie Flores
(Comité del Agua del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.)
El objetivo de este artículo es crear conciencia entre autoridades y usuarios del agua sobre su cada vez menor disponibilidad, provocada por el crecimiento poblacional, los efectos del cambio climático, el derroche que se hace en todos los usos, la contaminación y la baja prioridad que los gobiernos le otorgan a este tema.
A pesar de que oficialmente se ha reconocido que el «AGUA es un tema de Seguridad Nacional, y por lo tanto bajo la Rectoría del Estado», la prioridad que el Estado mexicano le ha otorgado en los últimos 40 años, ha venido de picada, lo que ha arrojado como resultados: una legislación obsoleta que ya no responde a las realidades actuales; debilitamiento institucional progresivo de la autoridad del agua, y por lo mismo, rezagos crónicos en la gestión y administración del agua; deterioro permanente de la infraestructura construida, con los consecuentes riesgos para la población, y diferimiento indefinido de proyectos estratégicos.
Este conjunto de deficiencias por la falta de prioridad al tema del agua, ha contribuido a la cada vez menor «disponibilidad por habitante año», ya que en 1950 este indicador era de 18,500 m3 por persona y actualmente es de 3,135 m3, lo cual es muy preocupante, dado que la cantidad mínima estimada por la FAO para que la población de una región o país pueda subsistir sin los efectos del estrés hídrico, es de 5 mil m3 habitante/año, situación que está repercutiendo en insuficiencias en el abasto de agua potable, afectando a las megalópolis, ciudades y al medio rural, pero también a la producción de alimentos.
Más aún, el cambio climático está propiciando que las sequías sean más recurrentes y prolongadas, la de este año ha sido la más crítica de que se tenga registro, ya que en algunas regiones del país tuvo modalidades entre severas, extremas y excepcionales, especialmente en el norte del país.
Por todo lo dicho, el nuevo Gobierno de la República deberá considerar las siguientes medidas y acciones tendientes a garantizar la felicidad de las familias y asegurar que evolucione favorablemente el crecimiento económico:
Corto Plazo.
1. Otorgarle mayor inversión al agua para abatir los rezagos en conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica construida; formular estudios y construir obras nuevas de agua potable y saneamiento, e incorporación de nuevas áreas al riego; así como a la conservación del ciclo hidrológico y cuidado del medio ambiente.
El BID recomendó dedicarle al agua potable y saneamiento el 0.52% del PIB durante 10 años, lo cual equivale a unos 135 mil millones anuales a precios constantes de 2021. Para los proyectos de riego existentes, algunos analistas hemos estimado que se requieren alrededor de 65 mil millones anuales durante 10 años, a precios constantes de 2021. En total 200 mil millones de Pesos anuales durante 10 años a precios de 2021.
2. Es inaplazable actualizar o reformular la Ley de Aguas Nacionales para que responda a las nuevas realidades globales y del país. Igualmente, es recomendable formular y aprobar una ley específica para cumplir con el mandato del 8 de febrero de 2012, de emitir una nueva Ley General de Aguas y darle consistencia y esencia al artículo 4º constitucional, párrafos 5º y 6º.
Mediano Plazo.
1. Construir un nuevo andamiaje constitucional e institucional, donde se considere la extinción de la CONAGUA, y la creación de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, para lo cual será necesario reformar las 10 leyes vinculadas a esta iniciativa.
2. Delimitar y armonizar los ámbitos de competencia, entre Gobiernos Federal, Estatales y Municipales.
3. Establecer con claridad la participación de la iniciativa privada en la formulación de estudios, el financiamiento de la infraestructura hidráulica y en la construcción y operación de los sistemas de agua potable y saneamiento. Sun
