Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero.- Se espera que en las próximas horas sean liberadas las primeras órdenes de aprehensión en contra de Exalcaldes de Chiapas que no pudieron comprobar las observaciones realizadas en las auditorías 2012, 2013, 2014 y 2015, sostuvo el vicepresidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Jesús Castillo Milla.
El legislador precisó que ya se vencieron todos los plazos legales para que los Expresidentes cumplieran con esos mandatos de ley, y se calcula que alrededor de cien municipios tienen esos problemas, algunos de ellos muy graves.
Ésta semana se ordenó la ejecución de multas hacia los Exediles, pero también a quienes fueron Síndicos, Regidores y otros cargos públicos.
Algunas de esas multas superan el millón de pesos y son independientes al proceso penal que deberán enfrentar.
En el caso de los municipios fronterizos que conforman el Distrito Local que él representa, o sea el 24 con sede en Cacahoatán, indicó que hay cuatro Exalcaldes que no pudieron superar la comprobación de las cuentas públicas.
Dos de ellos, según detalló, los daños al erario no fueron tan altos porque sus presupuestos así lo eran también, ya que son municipios pequeños.
Tal es el caso del expresidente de Tuxtla Chico, Mario Humberto Solís Hernández; así como el de Metapa de Domínguez, Everardo Escobar Vázquez.
Mientras tanto, según el legislador, las situaciones más delicadas de esa región fronteriza se encuentran en los Gobiernos de las anteriores administraciones municipales de Suchiate y Cacahoatán.
En el primero de los casos, el exalcalde Javier Cruz Aguilar y el resto de quienes integraron su Cabildo, ni siquiera concluyeron con la entrega de las cuentas y, por lo tanto, hasta ahora no hay una clara definición a cuánto asciende el daño patrimonial.
Mientras que en torno a Cacahoatán, indicó que la situación del exalcalde, Uriel Isaí Pérez Mérida, y sus excolaboradores, es muy delicada.
Basado en los resultados de las auditorías, Castillo Milla dio a conocer que la multa en contra del exalcalde es de 1.6 millones de pesos.
Así también, que no pudo comprobar el uso y destino de 32 millones de pesos de la Cuenta Pública del 2014; otros 30 millones de la 2015; así como 27 millones de recursos federales, es decir, más de 90 millones.
Al ser cuestionado sobre ello, el Diputado puso como ejemplo que el anterior Ayuntamiento pagó alrededor de 800 mil pesos por la construcción de un campo de futbol en el ejido Alpujarras, pero nunca se hizo.
O en el caso de obras muy grandes, como la Unidad Deportiva, se pagó por completo, pero la construcción quedó a medias.
“Esos incumplimientos de los alrededor de cien exalcaldes, tanto en los presupuestos estatales como en los federales, mancharon la imagen de Chiapas en los informes recientes de la Auditoría Superior de la Federación, que coloca al Estado entre los primeros lugares de irregularidades en el país”, recalcó.
Según Milla, con esos datos que la dependencia federal dio a conocer ésta misma semana a nivel nacional, pareciera que es la administración estatal la que tiene los problemas de comprobación, cuando fueron los municipios.
Reconoció al final que una de las demandas más sentidas de la sociedad es que se aplique la ley en contra de los ex servidores públicos que desviaron los recursos del erario o cometieron actos de corrupción, y mientras eso no suceda, hay desconfianza en las autoridades.
Aunque aclaró que el proceso administrativo del Congreso del Estado, incluyendo las auditorías, han concluido y ahora inicia el periodo judicial.
Los Ayuntamientos Actuales…en las Mismas.
El Diputado dio a conocer que 102 Ayuntamientos actuales tuvieron que pagar multas de 500 salarios mínimos que se les interpuso por no entregar puntualmente la cuenta pública municipal en el primer año de ejercicio del Gobierno Municipal.
Las multas fueron tanto para los Presidentes Municipales como los Síndicos y Tesoreros, quienes tuvieron que cubrirlas con recursos propios y no del erario.
En algunos casos, como el de Oxchuc y Chenalhó, hasta diciembre no habían presentado sus cuentas públicas debido a los conflictos electorales que presentan desde hace varios meses.
Castillo Milla precisó también que en las últimas horas se informó que derivado de las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las 32 entidades, se encontró que municipios del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla Baja California, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas, tuvieron el mayor subejercicio con montos que van desde los 5 mil hasta los mil millones de pesos.
En los casos de desvío de fondos, están municipios de Veracruz (7 mil mdp), Michoacán, (4 mil 400 mdp), Chiapas (2 mil 900 mdp) Nuevo León (2 mil 800) Estado de México (2 mil 300 mdp), entre los más relevantes.
¿En Dónde Quedaron los Recursos de los Ayuntamientos?
Los Exalcaldes y demás servidores públicos que entregaron la estafeta hace año y medio y que ahora están a punto de ir a la cárcel, dejaron en global un adeudo de unos 5 mil millones de pesos.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la plataforma virtual “Transparencia Presupuestaria: Observatorio del Gasto”, los anteriores Ayuntamientos de Chiapas dejaron una deuda de más de mil 100 millones de pesos ante el Gobierno de la República.
Cada Ayuntamiento debía a la Federación un monto distinto, derivado de préstamos otorgados por la Banca de Desarrollo, la cual se convirtió en el acreedor número uno en los municipios del Estado.
Y es que la Banca de Desarrollo es la entidad financiera del propio Gobierno Federal, que se encarga de otorgar recursos previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Hasta el año pasado, los Ayuntamientos más endeudados eran Tuxtla Gutiérrez con 396.2 millones de pesos, Tapachula con 178.2; San Cristóbal de Las Casas con 57.3; y Ocosingo con 51.1 millones.
De ahí le seguían Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Huixtla, Palenque, Tonalá, Cacahoatán, Chiapa de Corzo, Chamula, Oxchuc, Motozintla, Tuzantán, Tenejapa y Bochil, con montos que van desde los 25.3 a los 10.1 millones de pesos.
Posteriormente se encuentran otros 67 municipios cuyas obligaciones financieras ante el Gobierno de la República son menores a los 10 millones de pesos.
Por si eso no fuera poco, las administraciones municipales anteriores dejaron un adeudo de más de 575 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyos recursos hasta ahora no se sabe a dónde fueron a parar.
Mientras que, con base en un análisis en conjunto con el Tribunal del Trabajo Burocrático, los Exalcaldes dejaron un total de 2 mil millones de pesos (Mmdp) en laudos por pagar, lo que hizo que muchos municipios entraran en una crisis por la falta de recursos.
De acuerdo a la lista, Pijijiapan debe pagar 33 mdp; Reforma, 24; San Cristóbal de Las Casas, 14.9; Ocozocoautla, 11.8; Motozintla, 8.4.
En el caso de Tapachula, se calcula que el adeudo en laudos ascendía a unos seis millones de pesos. Por ello fueron embargadas 80 cuentas bancarias que ya no pudieron ser utilizadas.
Lo peor de todo es que, basados en los expedientes promovidos, la deuda en laudos de Tapachula se calcula que aumentará en éste año y medio que le queda de periodo, a 97.5 millones de pesos; seguido de Cacahoatán, con 54.4 millones; Ocosingo, con 43; Tonalá, 38; Villaflores, 34; Tuxtla Gutiérrez, 32; Cintalapa 38.8, y Chilón 26.
Por si eso no fuera poco, en el Congreso del Estado sigue el proceso de investigación sobre los adeudos a proveedores por parte de los anteriores Ayuntamientos, cuya cifra calcularon en unos mil millones de pesos.
Hoy ya se sabe que hubo desviación de recursos, obras fantasmas o a medias, peculado, entre otros delitos por los ex servidores públicos.
La pregunta es: ¿se va a castigar a los responsables o habrá acuerdos políticos que permitan la impunidad por encima de la ley, en miras de las elecciones del próximo año? EL ORBE /Ildefonso Ochoa Argüello
Más de Cien Exalcaldes a Punto de ir a la Cárcel por no Entregar la Cuenta Pública
