* Advierte el Colegio de Ingenieros.
Tapachula, Chiapas; 11 de noviembre. – “Las caravanas de migrantes que han llegado en las últimas tres semanas a Chiapas y las que se vislumbran vienen en camino, deben ser tratadas como un tema de seguridad nacional y aplicar medidas urgentes para no poner en riesgo la soberanía y la paz social”, sostuvo el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales en el Soconusco, Bertín Gerónimo Pérez.
En entrevista para el rotativo El Orbe, reconoció que hay temor entre los sectores productivos que en el flujo de centroamericanos viajen también delincuentes que huyen de la acción penal en sus países o miembros de pandillas que quieran ampliar sus operaciones en territorio nacional.
Ese miedo, según dijo, se ha expandido rápidamente entre la sociedad y por ello tratan de evitar acudir a lugares donde deambulan esos extranjeros, como en el primer cuadro de la ciudad.
Señaló que toda esa psicosis se deriva de varios factores, como la forma abrupta en la que esas caravanas entraron al país, ocultando sus identidades y antecedentes penales, además de que agredieron con piedras, palos y otros objetos a la Policía Federal y a los agentes de migración.
Por ello dejó en claro que se cree que la aplicación de la justicia no es imparcial para todos, porque se detiene a las personas que caminan solas y tratan de pasar en busca de trabajo en el país, pero dejan entrar ilegalmente a miles, les conceden todo tipo de apoyos, les permiten la solicitud de refugio y hasta les ofrecen empleos.
Criticó que organismos de derechos humanos y de otros organismos internacionales fustiguen a México y los obliguen a atender a los migrantes, cuando debería ser a los gobiernos de sus países de origen.
Recalcó además que, aún cuando las corporaciones policíacas y las propias autoridades tratan de disimularlo, cada día es más grande la participación de centroamericanos en los delitos que se cometen en la región Soconusco.
Por ello hizo referencia en que, durante los días en que estuvo la gendarmería y la Policía Federal vigilando a los migrantes de la caravana para que no les pasara nada, los delitos se redujeron considerablemente, pero que una vez que se ha retirado esa vigilancia, “las cosas en materia de inseguridad son alarmantes”.
Recordó que antes, cuando había un asesinato sangriento o un asalto a mano armada, era una noticia comentada por todo el mes y las autoridades buscaban la manera de resolver el caso y presentar a los responsables, “pero ahora ocurre todos los días y los servidores públicos están como si nada estuviera pasando”.
De acuerdo al colegiado “en Tapachula, la capital económica de Chiapas, el comercio y los empresarios en general siguen siendo blanco de la delincuencia común y organizada. Siguen los asaltos igual que antes de los cambios administrativos o quizá hasta peor, así como los robos de vehículos, en viviendas, homicidios y otros delitos, pero no hay detenidos”.
Advirtió que los miles de centroamericanos que deambulan en la ciudad en espera de la resolución de su solicitud de refugio, cumplirán hoy lunes una semana desde que salieron de las instalaciones de la Feria Mesoamericana y que existe la probabilidad de que algunos de ellos estén al borde de la desesperación y pudieran delinquir.
“Las autoridades no tienen control de la situación. No saben si alguno de ellos tiene alguna enfermedad, cuáles son sus intenciones, si cometieron algún delito, en dónde van a vivir, quién les dará empleo, educación y viviendas; es más, no saben que hacen durante todo el día”, apuntó.
El industrial refirió también que, según cifras de los sectores establecidos, ya hay millones de pesos en pérdidas por esa psicosis generada por los migrantes y que el programa “Buen Fin”, de esta semana, podría fracasar.
Y es que, de acuerdo a reuniones en las que han estado, hay también preocupación entre los inversionistas que desean instalarse en Tapachula y en la región, así como de empresas constructoras y de servicios.
Dijo que es tal la despreocupación de las autoridades, que ni siquiera han instalado baños portátiles en el centro de la ciudad, en donde los migrantes tienen que hacer sus necesidades fisiológicas, se bañan en la vía pública y han tomado esos y otros espacios públicos para dormir o concentrarse, en los que -por cierto- ya no asisten las familias tapachultecas ni sus visitantes.
Resumió que, al igual que otros grupos colegiados y representantes de la sociedad han pedido insistentemente que se haga cumplir lo que dice la ley, pero sin distingos, sobre todo en los temas de seguridad.
Además, que se impulsen acciones para atender cordialmente a los extranjeros que cumplen con lo que establece la ley, no ocultan sus identidades y tampoco delinquen, como los 4.2 millones de personas que arribaron a Tapachula en los últimos dos años. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
