* INVOLUCRADOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL INM, COMAR Y OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, EN MUNICIPIOS COMO TAPACHULA, TUXTLA CHICO, METAPA Y CIUDAD HIDALGO.
* Activista Señala que Desde Hace al Menos Seis Años se ha Denunciado una Práctica Sistemática de Corrupción.
* Un Migrante Extranjero Puede Conseguir un Acta de Nacimiento o Matrimonio por Entre mil 500 y 2 mil 500 Dólares
Tapachula, Chiapas; 31 de Enero del 2026.- La reciente revelación de un documento atribuido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que se advierte sobre el uso de Actas de Nacimiento apócrifas, presuntamente emitidas en Chiapas, y utilizadas por personas migrantes de origen cubano, volvió a poner en el centro del debate la profunda crisis de corrupción que persiste en el sistema migratorio mexicano, particularmente en la frontera sur.
Luis García Villagrán, defensor de bienes primarios de personas en contexto de movilidad y privadas de la libertad, sostuvo que este problema no puede analizarse de manera aislada ni responsabilizar únicamente a la población migrante.
De acuerdo con el activista, desde hace al menos seis años se ha denunciado una práctica sistemática en la que “huachicoleros de la migración”, tramitadores y pseudoabogados operan con total impunidad, aprovechándose de la desesperación de personas migrantes que permanecen varadas por largos periodos en la frontera sur, expuestas a extorsiones, robos y abusos de distintas corporaciones de seguridad.
Estas redes, explicó, han facilitado la expedición de actas de nacimiento irregulares, incluso de supuestos menores inexistentes, con las cuales se obtuvieron residencias permanentes por vínculo familiar.
García Villagrán subrayó que este esquema no podría sostenerse sin la omisión o complicidad de autoridades responsables de verificar la autenticidad de dichos documentos, incluidos los sistemas electrónicos de trámites migratorios.
Finalmente, exigió una investigación exhaustiva y profesional por parte de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Gobernación, que incluya la revisión del CETRAN y de los procesos de verificación de residencias permanentes.
Advirtió que, de no actuar con seriedad, el caso corre el riesgo de ser minimizado y quedar impune, perpetuando una corrupción que vulnera derechos y daña la credibilidad institucional en la frontera sur de México. EL ORBE/ Mesa de Redacción





