martes, enero 31, 2023
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Autoridades de México y EEUU Investigan a Abogados Ligados a Redes de Tráfico de Migrantes

* En Huixtla, San Cristóbal, Tuxtla y Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 25 de noviembre del 2022.- Dentro de las investigaciones en Chiapas que realiza el gobierno de México con la colaboración de los Estados Unidos, en torno a posibles actos de corrupción y tráfico de personas, se detectó en las últimas horas a nueve abogados -incluidas cinco mujeres- que presuntamente están involucrados en esos delitos en los municipios de Huixtla, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla y Tapachula.
En esta primera etapa enfocada a los profesionales del derecho, se informó que estos tienen comunicación directa con redes de traficantes de seres humanos que operan en Centroamérica y México para contactar a los posibles incautos, a quienes ofrecen sus «servicios» en cantidades de dinero muy grandes.
A los migrantes, según esa línea de investigación, los profesionistas les dicen que primero les entregarán una cita electrónica de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM), aún cuando los trámites para ambos casos son gratuitos y se están haciendo en la más de cien ventanillas instaladas en Chiapas, en donde son atendidos en promedio unos mil extranjeros al día.
Sin embargo, lo que en realidad hacen es entrar a la página del gobierno federal y solicitar la cita. Al recibir el comprobante, les dicen a los migrantes que ellos hicieron «el papeleo» y cobran por ello.
Además, le anexan al «expediente» de las víctimas otros documentos variados, como actas de matrimonio apócrifas, además de constancias de la COMAR y el INM falsos, que en realidad son papeles escaneados de otras personas, en donde se altera el nombre del beneficiado para que parezca original.
La ley establece que, en las dos situaciones, el solicitante se tiene que presentar personalmente a esas oficinas para hacer sus trámites, sin intermediarios y sin pagar absolutamente nada.
Por todo ese fraude y la falsificación de documentos oficiales, se estima que los abogados señalados como presuntos responsables, están exigiendo hasta 70 mil pesos por migrante.
Este mismo viernes se presentaron los primeros defraudados a testificar ante el Fiscal Especial que fue nombrado recientemente por el gobierno federal, quien viajó desde la Ciudad de México hacia Tapachula para integrar los expedientes, y después a otras ciudades de la entidad para fines similares.
Se confirmó -además- que están en el proceso de recabar todas las pruebas necesarias para integrar los expedientes y ejercer acción penal en contra de los que resulten responsables y de los que pudieran estar relacionados, en los que no se descartan funcionarios, empresarios, ex diputados, políticos y hasta sus familiares.
Mientras que, en el caso de los poco más de 50 universitarios en la localidad que también están siendo investigados por su probable relación con el crimen organizado, se indicó que las autoridades han solicitado a la banca privada todas las operaciones que han realizado en el año, como parte de las carpetas de investigación que se abrieron.
Loa operativos anticorrupción y contra el tráfico de personas emprendidos en Chiapas, se están realizando a petición del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y de la delegada estatal de la dependencia, Paola López Rodas. EL ORBE / Investigaciones Especiales/ Ildefonso Ochoa Argüello

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* En Huixtla, San Cristóbal, Tuxtla y Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 25 de noviembre del 2022.- Dentro de las investigaciones en Chiapas que realiza el gobierno de México con la colaboración de los Estados Unidos, en torno a posibles actos de corrupción y tráfico de personas, se detectó en las últimas horas a nueve abogados -incluidas cinco mujeres- que presuntamente están involucrados en esos delitos en los municipios de Huixtla, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla y Tapachula.
En esta primera etapa enfocada a los profesionales del derecho, se informó que estos tienen comunicación directa con redes de traficantes de seres humanos que operan en Centroamérica y México para contactar a los posibles incautos, a quienes ofrecen sus «servicios» en cantidades de dinero muy grandes.
A los migrantes, según esa línea de investigación, los profesionistas les dicen que primero les entregarán una cita electrónica de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM), aún cuando los trámites para ambos casos son gratuitos y se están haciendo en la más de cien ventanillas instaladas en Chiapas, en donde son atendidos en promedio unos mil extranjeros al día.
Sin embargo, lo que en realidad hacen es entrar a la página del gobierno federal y solicitar la cita. Al recibir el comprobante, les dicen a los migrantes que ellos hicieron «el papeleo» y cobran por ello.
Además, le anexan al «expediente» de las víctimas otros documentos variados, como actas de matrimonio apócrifas, además de constancias de la COMAR y el INM falsos, que en realidad son papeles escaneados de otras personas, en donde se altera el nombre del beneficiado para que parezca original.
La ley establece que, en las dos situaciones, el solicitante se tiene que presentar personalmente a esas oficinas para hacer sus trámites, sin intermediarios y sin pagar absolutamente nada.
Por todo ese fraude y la falsificación de documentos oficiales, se estima que los abogados señalados como presuntos responsables, están exigiendo hasta 70 mil pesos por migrante.
Este mismo viernes se presentaron los primeros defraudados a testificar ante el Fiscal Especial que fue nombrado recientemente por el gobierno federal, quien viajó desde la Ciudad de México hacia Tapachula para integrar los expedientes, y después a otras ciudades de la entidad para fines similares.
Se confirmó -además- que están en el proceso de recabar todas las pruebas necesarias para integrar los expedientes y ejercer acción penal en contra de los que resulten responsables y de los que pudieran estar relacionados, en los que no se descartan funcionarios, empresarios, ex diputados, políticos y hasta sus familiares.
Mientras que, en el caso de los poco más de 50 universitarios en la localidad que también están siendo investigados por su probable relación con el crimen organizado, se indicó que las autoridades han solicitado a la banca privada todas las operaciones que han realizado en el año, como parte de las carpetas de investigación que se abrieron.
Loa operativos anticorrupción y contra el tráfico de personas emprendidos en Chiapas, se están realizando a petición del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y de la delegada estatal de la dependencia, Paola López Rodas. EL ORBE / Investigaciones Especiales/ Ildefonso Ochoa Argüello

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Tapachula, Chiapas; 25 de noviembre del 2022.- Dentro de las investigaciones en Chiapas que realiza el gobierno de México con la colaboración de los Estados Unidos, en torno a posibles actos de corrupción y tráfico de personas, se detectó en las últimas horas a nueve abogados -incluidas cinco mujeres- que presuntamente están involucrados en esos delitos en los municipios de Huixtla, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla y Tapachula.
En esta primera etapa enfocada a los profesionales del derecho, se informó que estos tienen comunicación directa con redes de traficantes de seres humanos que operan en Centroamérica y México para contactar a los posibles incautos, a quienes ofrecen sus «servicios» en cantidades de dinero muy grandes.
A los migrantes, según esa línea de investigación, los profesionistas les dicen que primero les entregarán una cita electrónica de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM), aún cuando los trámites para ambos casos son gratuitos y se están haciendo en la más de cien ventanillas instaladas en Chiapas, en donde son atendidos en promedio unos mil extranjeros al día.
Sin embargo, lo que en realidad hacen es entrar a la página del gobierno federal y solicitar la cita. Al recibir el comprobante, les dicen a los migrantes que ellos hicieron «el papeleo» y cobran por ello.
Además, le anexan al «expediente» de las víctimas otros documentos variados, como actas de matrimonio apócrifas, además de constancias de la COMAR y el INM falsos, que en realidad son papeles escaneados de otras personas, en donde se altera el nombre del beneficiado para que parezca original.
La ley establece que, en las dos situaciones, el solicitante se tiene que presentar personalmente a esas oficinas para hacer sus trámites, sin intermediarios y sin pagar absolutamente nada.
Por todo ese fraude y la falsificación de documentos oficiales, se estima que los abogados señalados como presuntos responsables, están exigiendo hasta 70 mil pesos por migrante.
Este mismo viernes se presentaron los primeros defraudados a testificar ante el Fiscal Especial que fue nombrado recientemente por el gobierno federal, quien viajó desde la Ciudad de México hacia Tapachula para integrar los expedientes, y después a otras ciudades de la entidad para fines similares.
Se confirmó -además- que están en el proceso de recabar todas las pruebas necesarias para integrar los expedientes y ejercer acción penal en contra de los que resulten responsables y de los que pudieran estar relacionados, en los que no se descartan funcionarios, empresarios, ex diputados, políticos y hasta sus familiares.
Mientras que, en el caso de los poco más de 50 universitarios en la localidad que también están siendo investigados por su probable relación con el crimen organizado, se indicó que las autoridades han solicitado a la banca privada todas las operaciones que han realizado en el año, como parte de las carpetas de investigación que se abrieron.
Loa operativos anticorrupción y contra el tráfico de personas emprendidos en Chiapas, se están realizando a petición del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y de la delegada estatal de la dependencia, Paola López Rodas. EL ORBE / Investigaciones Especiales/ Ildefonso Ochoa Argüello

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