* El Crimen Ocurrió a Sólo Unos Metros de la Presidencia Municipal.
Cacahoatán, Chiapas; 4 de Mayo del 2026.- El feminicidio de Ana “N”, ocurrido a unos metros de la Presidencia Municipal, hace unas semanas, ha detonado no solo indignación social, sino fuertes cuestionamientos sobre la posible participación o encubrimiento de funcionarios públicos municipales. Aunque ya hay detenidos, activistas advierten que la investigación no puede detenerse mientras existan líneas que apuntan hacia personas vinculadas al Ayuntamiento.
Elsa Simón Ortega, fundadora de la Organización Civil por la Superación de la Mujer en la región Soconusco, fue enfática al señalar que la ley debe aplicarse “caiga quien caiga”, y que las autoridades están obligadas a llegar hasta las últimas consecuencias. Subrayó que si existen carpetas de investigación abiertas y conocimiento de posibles implicados, no hay justificación para frenar el proceso.
La activista también lanzó un señalamiento directo: si el presidente municipal Víctor Pérez Saldaña tiene información y no colabora con las autoridades, “se vuelve cómplice”. Esta declaración refleja la preocupación de la sociedad civil ante la falta de pronunciamiento claro y acciones contundentes por parte del gobierno local frente a un crimen que ocurrió prácticamente en el centro del poder municipal.
Simón Ortega lamentó además la falta de coordinación en municipios como Cacahoatán para atender la violencia de género, contrastando con el trabajo que desde hace años se realiza en Tapachula, donde existe una mesa interinstitucional que permite dar seguimiento a denuncias y garantizar medidas de protección a las víctimas. “Cuando atendemos las violencias, estamos evitando feminicidios”, afirmó, dejando en evidencia que la omisión institucional también tiene consecuencias.
Asimismo, destacó la importancia de los refugios para mujeres en riesgo, asegurando que estos espacios “salvan vidas”, pero criticó que muchos Gobiernos Municipales no muestran interés en invertir o sumarse a estas estrategias de prevención.
En este contexto, el caso de Ana “N” se convierte en un llamado urgente a romper con la impunidad.
La exigencia no solo es castigar a los autores materiales, sino investigar a todos los involucrados, incluidos servidores públicos si los hubiera. Porque en palabras de la propia activista, la justicia no puede ser selectiva: debe cumplirse plenamente o se convierte en simulación. EL ORBE/ Mesa de Redacción
