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Falta de Capacitación en Ministerios Públicos Provoca Errores en la Aplicación de Justicia

* Afirma el Doctor en Derecho, Carlos Matías Ramírez.

Tapachula, Chiapas; 24 de Marzo.- “La autoridad, en algunas regiones de México, se hace flexible a la hora de aplicar la justicia cuando se trata de fines políticos”, sostuvo, Carlos Matías Ramírez, secretario proyectista de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.
En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, lamentó que, en muchas ocasiones, la justicia se aplica para determinado sector de la población y, para los otros, son errores judiciales.
El Doctor en Derecho, quien participa en esta ciudad como ponente en el diplomado “Audiencias y medios de impugnación en el proceso penal acusatorio” organizado por el Instituto de Formación Profesional del Sur (IFPS), opinó que la corrupción es una puerta giratoria que genera impunidad.
Acompañado del Director General del IFPS, Julio Bustillos, reconoció que hay un incremento en los índices delictivos en el país, en donde descartó que haya una relación por la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, pero sí en los operadores de la impartición de justicia.
“Porque en muchas ocasiones no tienen la capacitación suficiente o necesaria para enfrentar esa parte que afecta, indudablemente, a la sociedad”.
Hay sectores de la población que consideran que ese Nuevo Sistema no funciona, reconoció, “pero en realidad es muy garantista para la persona que cometió un hecho delictuoso y para la víctima”.
De acuerdo a su punto de vista, en el país hace falta capacitación en todos los sectores que conllevan la administración y la impartición de la justicia
Puso de ejemplo a los juicios orales, desde los Ministerios Públicos hasta el Poder Judicial, pasando incluso con los Asesores Jurídicos, que a partir de ahora son una especie de defensores de los intereses de la parte ofendida
“La falta de esa capacitación en los que imparten la justicia estaría permitiendo que muchos culpables de un delito salgan libres. El Nuevo Sistema funciona, pero a veces el Ministerio Público no tiene la capacidad técnica necesaria y suficiente para poder generar toda esa información dentro de una etapa de investigación, para efecto de llegar ante la presencia del Juez de control y lograr, siquiera, que le califiquen de legal la detención”, comentó.
Lamentó que, desgraciadamente, la institución ministerial -por décadas y por tradición- siempre ha llevado a cabo tácticas no muy legales; es decir, en la etapa de investigación, crea en ocasiones pruebas o altera hechos.
“Entonces, esas circunstancias generan que cuando los acusados se llevan ante la presencia judicial, no es que no existan elementos suficientes para vincularlo a proceso, sino que a veces, esas invenciones ministeriales son las que, a final del camino, permiten que una calificación de detención no se lleve a cabo por parte del juez de control”.
Por ello consideró que, en muchos casos, “los hechos no fueron como señala el Ministerio Público o fueron alterados, y se están apartando de la veracidad”.
Reconoció que la corrupción aún tiene detenido el progreso de la impartición de justicia en México, pero no solo la monetaria, sino también la que tiene que ver con la falta de capacitación.
“Desgraciadamente venimos de una cultura donde prácticamente ya no se llevaba a cabo la preparación. El Nuevo Sistema de impartición de justicia exige mucho y eso implica que hay que estarse preparando constantemente y muchos de los operadores, incluso servidores públicos, se habían olvidado de ese punto”, comentó.
Al hacer un balance sobre la justicia en el país, calculó que alrededor de un 15 por ciento de las personas que son detenidas como presuntos responsables de algún hecho delictuoso, salen libres rápidamente por “fallas técnicas”, incluso, puede ser a propósito o por desconocimiento.
Se siguen presentando actos de corrupción en determinados Ministerios Públicos, sostuvo, “porque en la solicitud de un procedimiento abreviado, en muchas de las ocasiones solicitan una cantidad a cambio para poder actuar a favor de una persona vinculada a proceso”.
Asimismo, hay que distinguir la aplicación de la justicia desde dos puntos importantes. El primero desde un criterio meramente criminal y otro desde lo político.
“Porque hay cuestiones de interés social que son perseguibles, no tanto por la comisión de un hecho delictuoso, sino porque hay un interés político de trasfondo”, puntualizó.
En el Diplomado participan Jueces, Ministerios Públicos, especialistas en derecho, abogados y estudiantes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

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