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Inmobiliarias Pretender Desalojar Varias Colonias de Tapachula

Grupo Promotor Mexicano Realfe SA de CV, les notificó a varias familias que tienen que desalojar, ya que la administración de hace dos sexenios les quedó a deber 42 Mdp.

Tapachula, Chiapas; 7 de Junio.- Aún cuando aseguran que cuentan con documentos, supuestamente expedidos hace poco más de siete años por el Gobierno que encabezó el exgobernador, Juan Sabines Guerrero, más de cien familias de la colonia “La Sierra”, de este municipio, fueron emplazadas en las últimas horas para desalojar todos esos terrenos.
Bertha Gómez Romero, en voz de sus compañeros, dijo que los documentos que avalan su posesión fueron recibidos en ese entonces por parte de Promotora de la Vivienda de Chiapas (PROVICH).
Las familias, al tener ese documento y con la promesa de entregarles una escritura, empezaron a construir sus viviendas. Algunas de ellas se encuentran en obra negra y otras ya están habitadas.
Según dijo, una persona que se identificó como Marco Antonio Curtois Bravo, representante legal de la inmobiliaria Grupo Promotor Mexicano Realfe SA de CV, les notificó que tienen que retirarse de ese lugar, pues supuestamente, la administración estatal de ese entonces les quedó a deber 42 millones de Pesos.
Desconocen si la inmobiliaria procedió jurídicamente y que el desalojo sea la resolución de los Magistrados, afirmó, porque, hasta ahora, no les han presentado ningún documento judicial que así lo determine.
Por su parte, el abogado, Juan José Tirado Aguilar, dijo en entrevista para EL ORBE, que la mitad de la población en Tapachula está en riesgo de perder su patrimonio, ya que compraron y construyeron en terrenos ejidales y, aunque tengan escrituras, estas pudieran no tener ninguna validez.
Reconoció que en los últimos meses, varias inmobiliarias reactivaron juicios con los que buscan recuperar los terrenos.
En el seguimiento de los casos que están en manos del despacho que representa, indicó que varias empresas constructoras que habían sido citadas por un Juez para comparecer esta semana, no se presentaron, y por ello se ha expedido una nueva comparecencia, esta vez con la advertencia de multa.
Esas empresas atestiguarían sobre la construcción de las casas, tanto en la edificación de viviendas ubicadas en las zonas en discordia, como en la compra de materiales de construcción en las últimas décadas.
Además, en la semana, el Juzgado solicitó al Registro Civil en Chiapas la certificación de que varias personas que se posesionaron de terrenos que ahora pretenden ser desalojados, ya fallecieron, dijo.
Además, que en el caso de la colonia ‘Joaquín del Pino’, ubicada al sur de la ciudad, varias de las personas que se posesionaron originalmente de esos predios, ya se acercaron a su despacho para ampararse ante un posible desalojo.
Recordó que, en base a que los propietarios no actualizaron oportunamente sus registros, las inmobiliarias han iniciado esos juicios civiles con los que planean recuperar los predios, pero después de casi cuatro décadas.
En esa colonia hay unas 40 familias que ya fueron notificadas, entre ellas su cliente, Josefina Hernández Pavón, que fue demandada por la empresa Inmobiliaria Mactumatza S.A. de C.V., mediante el juicio 1067, del 2018.
En el expediente, tramitado en el Juzgado Primero de lo Civil de Tapachula, le están pidiendo que desocupe su casa mediante un juicio reivindicatorio, tal y como está ocurriendo con el resto de las familias de ese mismo lugar, quienes fueron demandadas, pero de manera individual, no colectiva.
Y es que, en Agosto de 1982, hace ya 37 años, esos terrenos estaban abandonados, y por ello, un grupo de personas decidió ocuparlos, como sucedió también en gran parte de la ciudad.
En algunos casos y después de varios años, los posesionarios decidieron vender a otras personas a través de convenios de buena fe y así consecutivamente hasta hoy en día.
Otros fallecieron y los predios quedaron en manos de sus familiares, quienes después vendieron o aún siguen en esos lugares como propietarios.
Los años pasaron desde aquel comienzo de los 80 y cada posesionario -o los sucesores- fueron construyendo sus viviendas que ahora son su patrimonio.
Varios de ellos se preocuparon por la regularización de sus predios y, por ello, acudieron a las autoridades estatales de ese entonces, tal y como aparece en el expediente AST de la región Soconusco, de Marzo del 2004.
De una forma u otra, a través de los años, los posesionarios pudieron acceder a servicios de energía eléctrica, agua potable, drenajes y otros, pero no tuvieron los documentos para pagar el impuesto predial.
Parecía que las décadas habían servido para concluir todo aquello, hasta hoy, en que están apareciendo las inmobiliarias, han reactivado los juicios y buscan recuperar los terrenos.
“Desde aquella fecha hasta ahora, consideramos que existe una prescripción a favor de toda la gente que está ahí, y por eso solicitamos la intervención de las autoridades para que se solucione esto en beneficio de los colonos”, opinó el abogado.
Según dijo, en el municipio hay muchísimos lugares en donde tienen escritura de propiedad, pero que están en situaciones ejidales y que, por lo mismo, no tienen validez alguna y en cualquier momento los que aseguran ser los propietarios, puede ser desalojados. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

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