* Al no Garantizarles la Seguridad e Integridad Durante la Emergencia Sanitaria.
Ciudad de México, 17 de abril.- Un juez federal ordenó al gobierno federal liberar a todos los migrantes que se encuentren dentro de los grupos vulnerables al nuevo coronavirus, luego que el Instituto para las Mujeres en la Migración Asociación Civil (IMUMI) y otras organizaciones interpusieran un juicio de amparo en el que les concedió la suspensión contra la omisión de las autoridades para atender este sector.
Además, el titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, Jonathan Bass Herrera, instruyó a las autoridades federales otorgar derechos temporales de residencia a los migrantes que incluyan acceso a beneficios de salud y sociales, en el contexto de la lucha contra la pandemia, que en México ha dejado al momento más de 400 muertos.
En el juicio de amparo, el Instituto para las Mujeres en la Migración Asociación Civil (IMUMI) y otras organizaciones reclamaron la omisión de diseñar e implementar protocolos y medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas en contexto de movilidad humana durante la emergencia sanitaria.
Ante ello, el juez Bass Herrera giró un exhorto a todos los jueces federales de guardia, para que notifiquen y requieran el cumplimiento de la suspensión a las delegaciones del Instituto Nacional de Migración, entre otras autoridades.
En su resolución, el juzgador precisó que la medida cautelar aplica también para que las autoridades implementen medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales para la prevención de contagios del virus SARS-CoV2 dentro de las estaciones migratorias de todo el país, así como las acciones necesarias para detectar a las personas con posibles síntomas de infección.
Del mismo modo, puntualiza, deberán poner a salvo a los niños y adolescentes no acompañados, en estancias adecuadas que garanticen su vida y su integridad, además de que tendrán que establecer una estrategia, en apego a los programas sociales existentes, para que las personas en situación de migración o solicitantes de protección internacional puedan acceder a beneficios económicos que coadyuven en su sustento. Sun
