Ciudad de México, 20 de noviembre.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó la inhabilitación por 10 años y multa por 34 millones de pesos a Dante Pinal Ibarra, exdirector general de Comunicación Social del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) por autorizar pagos por más de 33 millones por un contrato que no se cumplió, lo que generó un daño al erario.
Por medio de un comunicado, la SFP detalló que la sanción deriva de una investigación y un procedimiento de responsabilidad administrativa mediante el cual el Órgano Interno de Control (OIC) en el que el Infonacot encontró que Dante Pinal Ibarra autorizó el pago a una empresa por más de 33 millones de pesos sin que se identificara evidencia de la realización de los trabajos estipulados en el contrato asignado por adjudicación directa, que incluían un manual para desarrollar un canal de difusión, un estudio sobre las redes sociales más convenientes para el instituto y acciones de capacitación.
«La autorización irregular de los pagos ocasionó un daño al erario, motivo por el cual se impuso la multa resarcitoria».
La SFP aseguró que el Órgano Interno de Control del Infonacot inició la investigación «respetando siempre el derecho de audiencia y defensa del exfuncionario, a raíz de una denuncia de la entonces directora de Comunicación Institucional del Fonacot sobre probables irregularidades, tanto en el manejo como en el cumplimiento del contrato».
Tras estas sanciones, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP exhortó a los servidores públicos del gobierno federal a «trabajar guiados siempre por la ética y en forma eficiente en el nivel que nos toque ocupar, comprometidos permanentemente con el interés y el bienestar de nuestros ciudadanos».
«Nada justifica la negligencia ni el abuso en el manejo de los recursos públicos, pues como servidoras y servidores públicos debemos garantizar que el erario sea dirigido para el bienestar general y no para satisfacer a unos cuantos.
«No permitimos la impunidad en contratos realizados a modo, que dilapidaron el dinero público. En la actualidad, mantenemos una estrecha vigilancia de las contrataciones públicas, para asegurar su apego a la norma», aseguró la secretaria. SUN
