Jovany Hurtado García
(Maestro en Letras Mexicanas. Especialista en la obra de Carlos Fuentes)
En Estados Unidos ha surgido un debate, de cara a las elecciones que sostendrá aquella nación en el mes de noviembre, referente a la edad de Joe Biden, 81 años, de ser reelecto sería el presidente más longevo en la historia de aquel país. Pero, ¿cuál es el estado de salud de Biden? ¿Sufre de demencia senil?
La situación nos pone frente a una interrogante entre lo público y lo privado. Esferas que son cuestionadas cuando se trata del interés nacional. ¿Hasta qué punto la sociedad tiene derecho a saber de la condición de salud de sus gobernantes o aspirantes a cargos públicos? ¿Qué derecho tienen los funcionarios o aspirantes a reservar dicha información?
Norberto Bobbio en su libro «Estado, gobierno y sociedad» escribe sobre la dicotomía público/privado: «la división de las dos esferas, el criterio fundamental sigue siendo el de los diversos sujetos a los que se puede referir la noción general de utilitas [utilidad]: al lado de la singulorum utilitas [utilidad de los individuos] de la definición citada, no debe olvidarse la célebre definición ciceroniana de res publica, de acuerdo con la cual es una ‘cosa del pueblo’ cuando por ‘pueblo’ no se entiende cualquier agregación de hombres sino una sociedad que se mantiene integrada no sólo por vínculos jurídicos, sino por la ‘utilitatis comunione’, [utilidad común]».
La condición de la salud de quien desea dirigir el destino de una nación es de suma utilidad para la sociedad. Vivimos tiempos donde se lucha por la transparencia, nuestras sociedades tienen necesidad de conocer todo aquello que interviene en el desarrollo de sus gobiernos.
Pensemos: ¿Qué sucede si un presidente muere en funciones? O peor aún: ¿Qué sucede si un presidente muere en funciones en medio de una guerra contra el narcotráfico, con estancamiento económico, pobreza, polarización? Una crisis política que afectaría el interés público.
¿Entonces los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado de salud de sus gobernantes? Sí, siempre y cuando interfiera en el futuro de una nación.
Es tiempo de que quienes aspiran a cargos públicos demuestren el compromiso que tienen con la transparencia. ¿Por qué no informar sobre su estado de salud? ¿No es válido para la sociedad tener la mayor cantidad de elementos para poder decidir quiénes encabezarán los cargos públicos?
Quienes hoy aspiran, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, tendrán la disposición de informar. Acceder es dar un paso en la cultura democrática, no se puede mantener en la opacidad algo que interfiere en el futuro de México.
Recordemos que durante el sexenio de López Obrador se ha especulado sobre los infartos que ha sufrido y su estado de salud; lo mismo con la operación que se le realizó a Peña Nieto cuando estaba en funciones; o el rumor del alcoholismo de Felipe Calderón.
La opacidad mina a la democracia y pone en riesgo la estabilidad institucional.
Valdría la pena recordar un hecho histórico: durante el sexenio de Adolfo López Mateos, el presidente sufría fuertes migrañas a causa de un problema neurológico que lo obligaba a dejar el poder en manos de Gustavo Díaz Ordaz, su secretario de Gobernación. Y podríamos cuestionarnos: ¿Fue López Mateos o Díaz Ordaz quién tomó la decisión de reprimir a los médicos y ferrocarrileros? ¿Qué sucedía cuándo López Mateos se ausentaba?
Cuando lo privado afecta la esfera de lo público, es indispensable se le informe a la sociedad por el bien de la República. Sun
Hasta aquí Monstruos y Máscaras…
