ALFIL NEGRO

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Ratas de Primer Nivel

Oscar D. Ballinas Lezama

                El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, ha hecho un claro llamado a la sociedad para denunciar a los servidores públicos que cometen actos ilícitos, con la finalidad de evitar se siga retrasando el progreso y desarrollo de la entidad y su gente.

                “Los servidores públicos estamos éticamente obligados a dar el ejemplo sin defraudar la confianza de la sociedad, que hizo posible un cambio para que se logre la verdadera transformación del Estado”, ha señalado insistentemente el Ejecutivo Estatal, destacando el ejemplo que ha puesto el este rubro el presidente Andrés Manuel López Obrador.

                Añadió que habrá cero tolerancia para aquellos funcionarios que cometan irregularidades, ya que su actuación está sujeta al escrutinio de la ciudadanía y de los órganos fiscalizadores, por lo que se han puesto en marcha estrategias para atacar y prevenir las conductas irregulares de los que laboran en instituciones de Gobierno, principalmente, atendiendo que el buen juez por su casa empieza.         

                El sonado caso de la señora Rosario Esther Sarmiento Gris, una ancianita de 87 años de edad quien ha sido despojada de su patrimonio por una presunta banda de defraudadores, según la denuncia hecha por el apoderado legal de la víctima, por lo que se abrió la carpeta de investigación número 5163/089501/2018, ante la Fiscalía del Estado de la Zona Costa.

                Al parecer, el proceso penal y civil que desde hace un año se tramita, camina a ‘paso de tortuga’ a pesar de la infinidad de pruebas aportadas en la carpeta de investigación, la que sigue sin consignarse al Juez de Control para que se giren las ordenes de aprensión correspondientes en contra de todos los responsables, según dio a conocer el apoderado legal de la señora Sarmiento Gris.    

                Ha quedado claramente comprobado que este delito denunciado en Tapachula se cometió por supuestos delincuentes organizados que podrían venir operando desde hace varios años y despojando a mucha gente de sus propiedades, sin embargo, parece ser que gozan de protección en las altas esferas de la política, obteniendo con una impunidad que trastoca y se opone a los principios de la cuarta transformación, impulsada por el presidente López Obrador y el gobernador Escandón Cadenas.

                Los afectados piden una investigación exhaustiva del Gobierno del Estado y Federal, ya que presuntamente están inmiscuidos Notarios Públicos, que al parecer no es el primer caso que se les descubre, al menos uno de ellos ya estuvo preso en la cárcel dos años y por su padrino político no se le ha quitado la patente; de la misma manera la doctora de la Secretaría de Salud  que, presuntamente, ha estado inmiscuida en este tipo de fraudes al extender certificados de defunción sabiendo que la persona sigue vida, no son tocados ni con el pétalo de una rosa por las autoridades correspondientes.

                El doctor Ángel Gabriel Ocampo González, quien se supone ha tenido conocimiento de este caso tan delicado, hace como si le hablaran a la virgen y hasta ahora no se sabe que haya procedido en contra de la doctora empleada de esa institución, que certifica que los vivos están muertos y extiende a diestra y siniestra certificados apócrifos de defunción, con papel membretado de la SSA.

                La sociedad tapachulteca pide al Gobierno del Estado que haga efectiva las advertencias del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y del mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quienes juran y perjuran que están combatiendo la corrupción; lo menos que pueden hacer en estos casos, cuyas pruebas en contra de los demandados están en poder de la Fiscalía General del Estado, Zona Costa, es ver que se agilice el proceso judicial, se consigne al Juez correspondiente y se liberen las ordenes de aprehensión en contra de los acusados que han ejercido la delincuencia organizada.

                Fabiola Ricci Diestel, Directora del Archivo General y Notarías del Estado de Chiapas, debe de investigar estas denuncias y de comprobarse las irregularidades ilícitas de los Notarios acusados, debe quitárseles la patente, mientras que a la doctora responsable de expedir certificados de defunción de personas que no están muertas, debe quitársele su cédula profesional, amén de que todos los inmiscuidos, deben ir a parar a la cárcel, si en verdad en Chiapas se va a cumplir con la ley y la decisión del Gobernador, que impulsa el programa de cero corrupción, caiga quien caiga.

                Yo firmé, porque me pagaron 50 Pesos por hacerlo, pero nunca vi el cadáver de nadie…”, dijo el testigo Otto Enrique León Martínez…en exclusiva para EL ORBE. Mañana le contaremos.

                En otras cosas, siguen llegando los cruceros de turistas a Puerto Chiapas, sin que nadie de la Jurisdicción Sanitaria Número VII en Tapachula, se preocupe por realizar una revisión médica de sus tripulantes, como tampoco se realiza en el aeropuerto ni en la frontera con Guatemala; estamos en las manos de Dios.

                Entre los cambios del nuevo gabinete del Gobierno en Tapachula, se nombraron a: Luis Fernando Rivas, va a la Secretaría de Seguridad Pública; Fernando Sierra Reyes, tesorero; Sergio Aquino López, Oficial Mayor; Pánfila Gladiola Soto, Secretaria Privada; Elmo Antonio Enríquez  Cabrera, Secretario Particular de la Oficina de la Presidencia; Alma Rosa Cuento, Contralora Interna; Jorge Luis Flores Ozuna, Secretario de Obras Públicas; Julissa Yanet Castillejos Rodríguez, Secretaria de Bienestar  Municipal; Samer Yamil García Kobeh, Secretario de Desarrollo y Planeación Municipal; Porfirio Cárdenas Molina, Secretario de Desarrollo Rural; Eduardo Molina Olivera, Secretario de Salud Pública; Charito Lázaro Sánchez, Consejera Jurídica, y Noel Vázquez López, Coordinador Técnico del Comité  de  Planeación y Desarrollo.