IEPC: ¿Cargada Contra Aliados?
Diego Victorio
La inexplicable ambigüedad en los criterios despierta la curiosidad de un averiguado segmento de la clase política.
Ese obtuso razonamiento jurídico es ya motivo de polémica que empieza a poner en tela de duda la credibilidad del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
El ala radical de la clase gobernante, incluso, ha sido más punzante y, leen la tendenciosa postura del IEPC, como una cargada abierta contra funcionarios aliados del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
Como si las recientes sanciones consignadas por el árbitro electoral fuesen por encargo y, más allá de eso, fuese contra personajes afines confesos al Jefe del Ejecutivo, así piensa ese grupo de morenos “duros”.
Difiero que sea por encargo, pero sí coincido con el grupo de dogmáticos de Morena, que observa una parcialidad de Oswaldo Chacón Rojas a la hora de discernir los juicios.
Traigo al análisis un ejemplo que fortalece esa perspectiva:
Centrémonos en el caso de la propaganda impresa en los recibos por consumo de agua diseñados, impresos y distribuidos por el Comité de Agua y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap).
En 2019, el extinto edil de la Perla del Soconusco Óscar Gurría Penagos, invadió, sin recato, de propaganda el recibo de Coapatap que se distribuye mensualmente en hogares de la zona urbana de la ciudad costeña.
Incluso fue reincidente y desafiante: lo hizo en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, consecutivamente.
De hecho, en Diciembre estampó indiscretamente en los talones de cobro una salutación navideña y de fin de año.
Al pusilánime Instituto de Elecciones solo le faltó aplaudir. Nunca vino un apercibimiento contra el extinto Alcalde.
Cuatro meses después y no siendo un año electoral, ese dócil IEPC mutó a iracundo punitivo, anunciando medidas cautelares contra la alcaldesa sustituta Rosa Irene Urbina Castañeda.
Sí, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, esta vez sí aplicó el reglamento en un tema del que había sido condescendiente, generoso y hasta comparsa del fallecido Gurría y, por razones desconocidas había callado como momia, la impresión de propaganda en el recibo por consumo de agua potable.
Dos veredictos distintos para calificar una misma agravante. Sospechoso.
El caso sigue su curso legal y, Rosa Irene Urbina, seguramente saldrá ilesa de la emboscada que le quiso tender el exdirector del organismo distribuidor del vital líquido César Antonio García Jiménez.
Que como dije en mi columna del 27 de Abril, fue quien por motu propio causó el menoscabo al código electoral, al parecer con un objetivo: horadar la imagen de la Alcaldesa.
García Jiménez, es pues, el autor intelectual del hecho, presuntamente coludido con un grupo subversivo, adversario del gobierno de Urbina Castañeda, las pruebas existen y la defensa jurídica de la Presidenta Municipal trabaja en ello.
Sin embargo, por el desaseo interpretativo del IEPC los reflectores ya no se centran en cómo terminará la litis en la que se enfrascarán ambas partes (órgano electoral y Presidenta Municipal).
Sino lo que ahora genera morbo y hasta desconfianza es la “imparcialidad” del IEPC. Quien está en el foco de la clase política y gobernante es Oswaldo Chacón Rojas, pues, lo que dicen los morenistas, tiene un dejo de lógica.
Óscar Gurría era enemigo acérrimo del titular del Poder Ejecutivo de Chiapas, mientras que Rosa Irene Urbina es una aliada confesa.
Recuerde que en política las coincidencias no existen. Al Tiempo.
Comentarios Atrincherados.
*Si el IEPC intenta irse por la vía fácil y usar el so pretexto de que en el caso de Urbina sí hubo denuncia y en el otro no, quedaría como un ente mentecato.
Se supone que su comisión de quejas y denuncias debía, ante estos casos, actuar por oficio.
¿O cómo justifica los sendos presupuestos destinados a las áreas de monitoreo?
*En mi columna de 20 de Abril publiqué información que me compartía una fuente seria, transcribo el texto:
“Por las manos del exsecretario de Hacienda de Chiapas Humberto Pedrero Moreno, pasarán expedientes donde hay en juego cantidades con muchos ceros”.
“Pedrero Moreno, es el administrador de los dineros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su designación pasó por el tamizaje de Palacio Nacional”.
“Pedrero, es una especie de vigía, que reporta pormenores a un influyente y poderoso búnker, pero la tentación de los billetes podría convertirlo en cómplice”.
El fin de semana, un juicio sumario colectivo tunde al director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, a quien acusan de haber adjudicado al hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, -de manera directa- la compra millonaria de ventiladores para la emergencia sanitaria por COVID-19, con un costo desproporcionado de su precio real.
Los imaginarios colectivos consignan presunta corrupción de Zoé y su equipo financiero.
La incógnita aquí es si Humberto Pedrero Moreno, se mantuvo al margen de los supuestos negocios o es parte de ellos. Justo lo que adelanté el veinte de abril. Hasta pronto.
