La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusó que, en el proceso de elaborar la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) mostró «resistencias» en el proceso de fiscalización al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos.
Sin embargo, esto no fue todo. En la tercera entrega de la cuenta pública 2019, la Auditoría reveló que servidores de la Función Pública se negaron a comparecer ante la Auditoría, y se negaron a entregar un expediente sobre la investigación de presuntas anomalías en el estado patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaba con dicha información.
«Durante la auditoría, la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF; siendo destacable la negativa a entregar la información del expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaba con dicha información».
«Asimismo, impidió que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias, argumentando la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria de la pandemia por Covid-19, no obstante que las actividades de revisión que la SFP llevó a cabo durante el periodo de tiempo señalado mantuvieron continuidad, en correspondencia y aplicación de los Acuerdos publicados en el DOF durante el ejercicio fiscal 2020», indica el documento.
Debido a estos hechos, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización de la cuenta pública 2019 fue «incongruente» con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que, indicó, la propia dependencia federal dice impulsar. Sun
