Mathieu Tourliere
En el centro de los reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la minera Calizas Industriales del Carmen (Calica) -que extrae miles de toneladas de piedra caliza y opera la terminal marítima de Punta Venado en Playa del Carmen, Quintana Roo-, hay un arbitraje internacional a través del cual el gigante estadunidense Vulcan Material Company reclama mil 529 millones de Dólares al Estado mexicano, equivalentes a 31 mil millones de Pesos.
La resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), con sede en Washington, está prevista para el segundo semestre de este año. El presidente del tribunal, el holandés Albert Jan van der Berg, determinará entonces si el Estado mexicano violó o no sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN); en caso de decidir que sí, el Ciadi establecerá el monto de la reparación.
El conflicto legal con Vulcan se gestó durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero escaló con el gobierno de López Obrador, hasta que el pasado 5 de mayo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cerró por completo la planta, con todo y un despliegue de 40 efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), alegando “la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas”.
En la demanda de arbitraje, presentada el 3 de diciembre de 2018 -dos días después de la toma de posesión de López Obrador-, Vulcan reclamó que, por razones “políticas” y con argucias legales, el gobierno federal clausuró sus operaciones de extracción de piedra caliza en el predio El Corchalito, y que le prohibió operar en el predio de La Adelita, ambos adquiridos en 1996, lo que le causaba “pérdidas potenciales en cientos de millones de dólares”.
La transnacional también planteó un diferendo respecto al cobro de tarifas de la terminal marítima de Punta Venado -que construyó en los noventa-, y además sostuvo que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal incumplieron con varios compromisos plasmados en un Memorando de Entendimiento de 2014, que dibujaba un camino para terminar con una serie de disputas legales añejas.
El Gobierno mexicano, por su parte, reviró que el cierre de operaciones de El Corchalito estuvo debidamente fundamentado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pues la empresa rebasó la cantidad de minerales autorizados en sus permisos, y recordó que el proyecto generaba un amplio desacuerdo entre grupos ambientalistas.
También planteó que el memorando no es un instrumento jurídico vinculante en México, por lo que no se puede alegar incumplimiento de parte del Estado. Aseveró que la reclamación de daños “está fundamentalmente viciada”, tanto en sus argumentos como en su monto, pues afirmó que la empresa infló sus supuestas pérdidas para reclamar una suma multimillonaria.
La Secretaría de Economía (SE) representa al Estado mexicano en los procesos de arbitraje, los cuales derivan, a su vez, de la adhesión de México al TLCAN, ahora T-MEC. Orlando Pérez Garate, director general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional en la SE, pidió al Ciadi “desestimar por completo la reclamación”; es decir cerrar lisa y llanamente el caso.
En los últimos tres años Vulcan y la SE han presentado cientos de cuartillas de escritos -que consultó Proceso-, así como decenas de copias de concesiones, oficios, informes de peritajes y otros documentos para sostener sus puntos y derrumbar los argumentos de su contraparte. Del 26 al 30 de julio de 2021 sus representantes y abogados realizaron audiencias por videoconferencia -debido a la pandemia de Covid-19- y apenas a finales del año pasado entregaron sus escritos finales para incidir en la decisión del panel de árbitros.
El monto en juego no es menor: la suma reclamada equivale al presupuesto anual de la Comisión Nacional del Agua o a un año de operación del programa Sembrando Vida.
Proyecto Madridista.
Vulcan Material Company es el mayor productor de materiales pétreos para la construcción de Estados Unidos. En 2021 reportó ventas de 5 mil 552 millones de Dólares y ganancias por mil 451 millones de Dólares.
En uno de los documentos entregados al Ciadi, Vulcan detalló el proceso de extracción del mineral en Quintana Roo: en un primer tiempo, la empresa arrasa con la selva y aplana el terreno para dejar el paso a su maquinaria pesada. Las máquinas perforan la roca y con explosivos se sacan montos de piedra, que es triturada en una planta en el predio La Rosita.
El material triturado es trasladado a la terminal portuaria de Punta Venado -instalada en un predio de 202 hectáreas- mediante un riel de tres kilómetros; ahí se carga en buques Panamax que pueden transportar hasta 70 mil toneladas, los cuales cruzan el Golfo y lo descargan en una de las terminales de la empresa en Texas, Luisiana, Alabama o Florida. El material es usado en obras de construcción en Estados Unidos, donde es valorado por su alta calidad: el suelo de Yucatán está formado en 98% de carbonato de calcio.
Calizas Industriales del Carmen, SA de CV, fue creada en marzo de 1986 en Cozumel, cuando el municipio de Solidaridad aún no existía y su cabecera actual, Playa del Carmen, era un poblado de menos de 5 mil habitantes. La misma ciudad tiene ahora 307 mil habitantes y es un punto neurálgico de la Riviera Maya, cuya industria turística descontrolada representa la primera fuente de divisas extranjeras en el país.
En aquel entonces, los Gobiernos Federal y Estatales ofrecían condiciones muy ventajosas a las empresas trasnacionales para inversiones en dólares, especialmente en el sector minero. Así, el 6 de Agosto de 1986 Vulcan firmó acuerdos de inversión con el Gobierno de Miguel de la Madrid y con el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Pedro Joaquín Coldwell, en los cuales se comprometieron a facilitar concesiones y permisos ambientales. En paralelo, Vulcan selló una alianza de coinversión con el gigante mexicano ICA, entonces presidido por Gilberto Borja Navarrete, la cual terminó en 2001. Apro
