Elisur Arteaga Nava
El PRI, lo que quedó del viejo PRI -la basura que no quiso reciclar Morena-, anunció que presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política. En los medios se informó que lo hizo ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que quien la suscribe es Rubén Moreira. Ese partido nada pierde con intentarlo; y su promotor con hacer ruido, ahora que necesita que lo vean.
En la iniciativa hay algunas novedades: crear la figura de la Vicepresidencia, mayor libertad de expresión en las campañas, elección de los Consejeros Electorales por el sistema de insaculación, centralizar la justicia electoral y desaparecer los Tribunales Electorales Locales. Se proponen otros cambios. No son novedad la propuesta de una segunda vuelta en la elección presidencial y la de reducir el número de legisladores.
Hace 40 años nadie hubiera esperado una iniciativa de esa naturaleza. Los tiempos y el PRI han cambiado. Hasta pretenden ser demócratas. Es una iniciativa más respecto del mismo tema: la reforma política. Dado que las acciones del tricolor están a la baja, existen muchas posibilidades de que tenga el mismo destino que otras: el archivo.
Me limitaré a comentar lo relativo a la reinstauración de la Vicepresidencia. No aludo a las funciones que se propone conferir a quien lo sea. Eso, la segunda vuelta en la elección presidencial y la insaculación, como sistema de “elección” de los Consejeros Electorales pudieran ser objeto de comentarios posteriores.
En otra colaboración he aludido al tema de reducción del número de legisladores. Ciertamente son demasiados; es preciso reducirlos, pero al hacerlo se debe tomar la precaución de evitar caer en el gran riesgo de entregar el Congreso de la Unión a Morena.
En el sistema político mexicano, durante el siglo XIX y principios del XX, existió en las Constituciones la figura del Vicepresidente. El sistema más nefasto fue el instaurado en 1824. En la Constitución federalista expedida ese año (art. 85) se previó que sería Presidente de la República quien hubiera alcanzado el mayor número de votos en una elección indirecta; y que fuera Vicepresidente uno de los contendientes en el proceso electoral, el que hubiera obtenido el segundo lugar en votos. Obvio, en una cultura de golpes de Estado era de esperarse que quienes los iniciaran fueran los Vicepresidentes. Los Presidentes en activo tuvieron problemas con su suplente.
En la Constitución de 1857 se experimentó un nuevo sistema: sería Vicepresidente de la República quien fuera Presidente de la Suprema Corte de Justicia (art. 79). El primer Presidente electo durante su vigencia, Ignacio Comonfort, por su precipitación, ingenuidad y por la falta de un consejo oportuno, a pesar de ocupar la máxima posición política, desconoció la Constitución de 1857 y, en forma irresponsable, se colocó en la ilegalidad. Juárez, como presidente de la Suprema Corte, asumió la Presidencia de la República. Nadie, con excepción de la muerte, fue capaz de arrebatársela.
El sistema se prestó a ambiciones indebidas: Jesús González Ortega, que era un militar, pretendió ser presidente de la Corte, a pesar de que no era abogado -los requerimientos de la vida lo habían orillado a abandonar sus estudios profesionales de abogado-. Porfirio Díaz, que apenas sabía leer y escribir, también aspiró a ser Presidente de la Corte.
La Vicepresidencia, durante el tiempo en que existió, fue causa de intranquilidad y motivo para conjurar. Sobre este tema gira mi estudio “Las conjuras”, que aparece en mi Tratado de derecho constitucional (Editorial Oxford, tomo I, México, 1999, p. 137).
El primer jefe Carranza, en el proyecto de Constitución que presentó al Constituyente de 1917, por lo que toca al sistema de sustitución del Presidente de la República, manifestó lo siguiente:
“La Vicepresidencia, que en otros países ha logrado entrar en las costumbres y prestado muy buenos servicios, entre nosotros por una serie de circunstancias desgraciadas, llegó a tener una historia tan funesta, que en vez de asegurar la sucesión presidencial de una manera pacífica en caso inesperado, no hizo otra cosa que debilitar al Gobierno de la República.”
No alcanzo a comprender, por más que lo intento, las razones que invoca el PRI y que lo llevan a proponer un cambio en sistema de suplencia del Presidente de la República, el adoptado por el Constituyente de 1917 y que se halla en vigor. Ha sido probado cuando menos en tres ocasiones y su aplicación no mostró fallas ni dio motivo a excesos. La primera, con el ascenso a la Presidencia de Adolfo de la Huerta, que siguió al asesinato del presidente Venustiano Carranza. La segunda vez que se aplicó, y sin mayores problemas, fue en 1928, a la muerte de Álvaro Obregón, que permitió llegar a la presidencia a don Emilio Portes Gil. La tercera y última, la que permitió a Abelardo L. Rodríguez, en 1932, acceder a la Presidencia de la República ante la renuncia presentada por el presidente Pascual Ortiz Rubio.
Las leyes, y entre ellas está la Constitución, se cambian porque se observan vicios, excesos o deficiencias en su aplicación. No se cambian por razones de moda. Mucho menos si se toma en consideración que, por virtud de reformas introducidas al artículo 84 de ella, se ha cubierto, a satisfacción, cualquier vacío de poder que eventualmente pudiera presentarse.
Pretender volver a un sistema que, por nocivo, se eliminó, aparte de ser absurdo, es estúpido. La Vicepresidencia, como institución pública, desapareció no por sus bondades. Fue eliminada por los muchos inconvenientes que tenía y las desafortunadas experiencias que se tuvieron con ella. Apro
