La Redacción
El Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, resolvió que la investigación conocida como la Casa Blanca, que involucró al expresidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y a la empresa Higa, concluyó “con ridículas sanciones”, publicó el periódico La Jornada.
La nota firmada por Gustavo Castillo señaló que se sancionó a exfuncionarios que fueron identificados como responsables de la desaparición del expediente en el que constarían las pruebas de los actos ilícitos.
El castigo consistió en que los indiciados solo realizarán acciones de servicio social y ofrecerán una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original y dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes testados (tachados o borrados), apuntó.
“Los representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la fiscalía general de la República (FGR) se opusieron a esa conclusión. Argumentaron que se debía sancionar con pena de prisión a los indiciados, porque el agravio causado lo resintió directamente la SFP, y la sociedad en general por el tipo de asunto materia de investigación, pues el expediente extraviado es de trascendencia nacional”, indicó.
Pero la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola determinó conceder a los imputados lo que se denomina un mecanismo alterno de solución y una suspensión condicional del proceso penal, añadió.
Indicó que la resolución del tribunal fue emitida en septiembre de 2021. El pasado jueves 26 de mayo un juez de control, con sede en el Reclusorio Norte, cumplió la sentencia dictada por la magistrada Porras Ordriozola.
Destacó que la magistrada concedió los beneficios de la suspensión condicional dentro de la resolución emitida en la Toca Penal 206/2021-NS —de la cual La Jornada asegura que tiene copia—, a José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; a Jesús Antonio Suárez, exdirector general de Denuncias e Investigaciones y a Daniel Pérez Rueda, exdirector General Adjunto de Investigaciones B, todos de la SFP, que tuvieron bajo su responsabilidad el resguardo del expediente original de la investigación realizada por esa dependencia en 2015.
En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que la entonces titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, acreditara la corrupción del sexenio de Peña Nieto y solicitara el expediente del escándalo conocido como La Casa Blanca, ya que la dependencia exoneró administrativamente al exmandatario y a su esposa, pero la SFP no había presentado la correspondiente denuncia penal.
“Información desahogada durante las audiencias iniciales de la causa penal 56 / 2021 , construida con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), que dirige María de la Luz Mijangos Borja , se detectó que el expediente original había desaparecido y en su lugar había una versión pública de la resolución, sin anexos, ni los contratos que presuntamente firmó Angélica Rivera con Televisa, ni las pruebas que acreditaran los ingresos para adquirir la llamada Casa Blanca, ni el dictamen contable que supuestamente se elaboró durante la gestión de Peña Nieto”.
En mayo de 2019 la SPF presentó una denuncia ante la FEMCC en contra de quien resultara responsable de la desaparición de dicho expediente. Por esa razón la FEMCC no pudo investigar el fondo del caso, es decir los actos de corrupción relacionados con la Casa Blanca.
Los tres exfuncionarios de la SFP fueron llevados a juicio, debido a la laxitud de la ley para sancionar el delito de ejercicio indebido del servicio público y que la condena de cárcel no superaba los cinco años como media aritmética.
El juez de control, quien inicialmente se había negado a otorgar los beneficios de la suspensión condicional del proceso, decidió con base en la resolución del tribunal unitario, que los acusados solo realizarán actividades de servicio social y ofrecerán una disculpa pública por haber desaparecido el expediente original del caso y dejar en la bóveda de seguridad de la ASF una copia testada de la versión pública de la investigación realizada.
En noviembre de 2014, López Obrador señaló durante una gira proselitista por Tabasco: “Todavía busco al tonto que crea” que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú vendió al entonces mandatario Peña Nieto la residencia de Lomas de Chapultepec, conocida como la Casa Blanca, valuada en 85 millones de pesos.
Durante sus mandatos como gobernador del estado de México y como presidente de la República, hubo señalamientos de que Peña Nieto incurrió en diversas irregularidades para la asignación de obras al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, como la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las obras para el Tren México-Querétaro, el Acueducto Monterrey IV, Autopista Toluca-Naucalpan y la remodelación del Hangar Presidencial, apuntó. Apro
