Giovanni Hernández
La cultura de los debates, como ejercicios de exposición y confrontación de ideas no son algo novedoso, mucho menos innovador. Son actividades que nos ayudan a conocer más las debilidades de las personas candidatas que los virtudes o propuesta. En eso se han convertido.
Sin embargo, la realidad ha superado a la norma. La ciudadanía exige respuestas, ideas, confrontaciones a temas relevantes y no letreros burdos, acusaciones sin denuncias u omisiones ante los tópicos que más les interesa a los y las mexicanas.
En ello el INE juega un papel fundamental. Bajo el diseño legislativo de 2014, es el Instituto el encargado de realizar los debates presidenciales. Con dos procesos electorales y seis debates desarrollados (3 por proceso), podríamos hacer un balance de cómo mejorar su desempeño, en particular, de lo ocurrido este año.
La experiencia 2024 nos ha dejado varios aprendizajes: 1) la obligatoriedad, 2) selección de temas, 3) mejores formatos; y 4) experiencia del funcionariado y empresas contratadas.
Respecto del primero basta decir que existe un vacío legal que el INE tuvo que suplir con un Acuerdo. La ley tiene una antinomia legislativa. Establece que serán obligatorios entre las candidaturas, pero, más adelante precisa que no pasa nada si no asisten a los mismos.
El artículo 218, numeral 1 de la LGIPE establece que el INE organizará dos debates obligatorios entre las candidaturas; luego el numeral 7 del mismo ordenamiento señala que la inasistencia de algunas de las candidaturas no será causa para cancelarlo. Es decir, pueden no participar. De ser una obligación -la asistencia – tendría una sanción, lo cual hoy no está prevista.
Tuvo que entrar el Instituto, mediante un acuerdo, a decir que los tres son obligatorios para las candidaturas. Incluso, poniendo el estándar más alto y señalar que serían tres y no dos los obligatorios. Acuerdo, que no fue impugnado y quedó firme.
Otra ventana de oportunidad son la selección de temas. Fueron los propios integrantes de la Comisión Temporal de Debates los que dijeron que fueron muchos los temas para cada formato.
Hubiera sido mejor tener menos y que se permitiera profundizar en ellos.
Llama la atención que, en los acuerdos aprobados para establecer las reglas básicas y los formatos, no existe un estudio propio del INE en el que se hubieran basado para seleccionar los temas. Incluso, no existe algún fundamento, estudio o encuesta que los señale.
En ese sentido, conviene recomendar que previo al inicio del proceso electoral la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE prevea en sus actividades un estudio/encuesta en el que se determinen los 9 temas que más interesen a las y los mexicanos. Con la finalidad de utilizar cuando mucho tres por debate.
Respecto al tema de los formatos habría que pensar en avanzar más allá de las bolsas de tiempo que comienzan a ser ya un cliché necesario para estos ejercicios. Retomar las mini entrevistas de 2018, por ejemplo. La gran apuesta de los formatos era el «cara a cara», que se pensó era diferente. No fue una confrontación entre candidaturas, pareció una bolsa de tiempo con preguntas provenientes de las candidaturas para las candidaturas.
Es momento de pensar en dar, desde la legislación, reglas para garantizar: 1) la exposición de ideas; y 2) la confrontación directa. Se necesita, además, establecer las reglas para la participación de la ciudadanía y establecer con ello la no intervención de los partidos y candidaturas.
Por último, está presente los problemas técnicos que pasan más por la falta de experiencia del área de comunicación social. No es casualidad los problemas que se dieron en el primero y en el segundo debate, los tiempos de la contratación de la casa productora y de los directores de cámara, dónde se demostró una clara oportunidad de mejora desde el ámbito administrativo.
Se anunciaron ya las sanciones administrativas correspondientes.
Son sólo algunos temas por mejorar. La agenda legislativa, tendrá grandes oportunidades en materia electoral. A la espera de la nueva legislatura. Sun
